Opinión
La RAE y la democratización de la ignorancia
lunes 16 noviembre, 2026
Antonio Sánchez Alarcón
La Real Academia Española parece haber confundido su misión de custodiar el idioma con la de levantar actas notariales de cuanto se dice en la calle. La reciente incorporación de 81 venezolanismos al diccionario reabre una discusión que trasciende el pintoresquismo de ciertas expresiones populares: ¿Debe la popularidad de una palabra ser suficiente para conferirle legitimidad académica?
Lo fácil y, seguramente, popular, sería celebrar estas incorporaciones como un reconocimiento a nuestra identidad nacional. Hay un comprensible entusiasmo parroquial en descubrir que expresiones familiares han conquistado un lugar en el diccionario. Ese sentimiento de orgullo venezolano puede ser genuino y hasta conmovedor, pero la solidaridad lingüística no debería convertirse en licencia para degradar el idioma. El patriotismo no transforma automáticamente una expresión vulgar en una contribución valiosa a la lengua española.
La lengua es un organismo vivo, ciertamente. Pero precisamente porque está viva necesita reglas que preserven su estructura, coherencia y riqueza expresiva. La RAE no fue concebida para rendirse ante cada ocurrencia popular, sino para conservar la unidad del español mientras reconoce su evolución.
El problema es que los criterios de admisión resultan demasiado flexibles. Se exige documentación del uso, extensión y permanencia, pero no existe un plazo universal, preciso y obligatorio que permita distinguir entre una innovación duradera y una moda pasajera. El consenso entre academias termina adquiriendo una autoridad que debería descansar también sobre exigencias lingüísticas objetivas.
Conviene recordar que el consenso no convierte necesariamente una afirmación en verdadera ni una decisión mayoritaria en acertada. Sería absurdo someter a votación la ley de la gravedad y pretender que el resultado modificara la caída de los cuerpos. Del mismo modo, la aceptación colectiva de una expresión no demuestra necesariamente su calidad lingüística. La popularidad puede explicar el uso, pero jamás debería sustituir el juicio académico.
Naturalmente, registrar una palabra no equivale a recomendar su empleo. Pero tampoco puede ignorarse que el diccionario posee una autoridad cultural que termina legitimando socialmente cuanto incorpora.
No se trata de congelar el español en el siglo de Cervantes ni de rechazar vocablos indispensables para describir descubrimientos científicos y avances tecnológicos. Se trata de exigir que antes de admitir nuevos términos se agoten las posibilidades expresivas de un idioma extraordinariamente rico.
¿Por qué no establecer un mínimo de treinta años de uso documentado, acompañado de criterios de estabilidad, necesidad y pertinencia lingüística? Las innovaciones científicas podrían justificar excepciones razonadas.
Quizás dentro de cien años nuestros descendientes continúen hablando español. Lo inquietante es preguntarse si nosotros seríamos capaces de entenderlos.
Y si la Academia termina aceptándolo todo, ¿para qué necesitamos una Academia…?
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