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Inicio/Opinión/Las tarifas de servicios públicos en Venezuela: electricidad

Opinión
Las tarifas de servicios públicos en Venezuela: electricidad

lunes 16 noviembre, 2026

Las tarifas de servicios públicos en Venezuela: electricidad

Mauricio R. Pernía-Reyes *

Venezuela enfrenta una discusión pendiente sobre cómo se fijan, financian, gestionan y recaudan las tarifas de los servicios públicos. En el sector eléctrico, por ejemplo, la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, sancionada por la Asamblea Nacional el 10 de noviembre de 2026, anuncia tarifas indexadas y un régimen de subsidios. Sin embargo, al momento de escribir estas líneas, el texto definitivo aún no ha sido publicado en la Gaceta Oficial y, por tanto, no ha entrado en vigencia.

En este contexto conviene considerar si el nuevo régimen tarifario responderá a una estructura de costos transparente, si serán previsibles para los consumidores, si está prevista la participación ciudadana y si los subsidios llegarán efectivamente a quienes no pueden pagar el servicio sin sacrificar otras necesidades básicas.

En Venezuela no hay una experiencia consolidada de diseño tarifario que refleje de manera transparente los costos de los servicios públicos en general. En particular, en materia de energía eléctrica los costos para la generación, transmisión, distribución, comercialización y mantenimiento no son públicos ni discutidos con los ciudadanos. Durante décadas, las tarifas eléctricas han estado desajustadas de esos costos no publicados teniendo como consecuencia la desinversión, agravada por los casos de gran corrupción documentados en este sector.

Por otra parte, los subsidios generalizados no distinguen entre hogares en pobreza, hogares de ingresos medios y grandes consumidores, beneficiando a quienes tienen mayor capacidad de pago. Así fue por décadas con el combustible en Venezuela. De este modo, el subsidio, en lugar de funcionar como protección social específica, se convierte en una transferencia amplia, ineficiente, difícil de sostener, creando más desigualdades.

En este sentido, el Estado debe identificar a los hogares vulnerables, definir montos y mecanismos de protección, financiarlos de forma transparente y ajustarlos cuando corresponda.

La reforma en el sector eléctrico sancionada prevé, según notas de prensa, la creación de la Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional, un ente con competencias de regulación, supervisión y administración del nuevo régimen tarifario. También contempla tarifas indexadas a la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, como el euro, y subsidios para usuarios que, por su nivel de ingreso, no puedan pagar la tarifa plena.

Según se destaca en la página web de la Asamblea Nacional, el subsidio se financiaría con aportes de los sectores industrial y comercial y de quienes desarrollan actividades económicas. 

Estos anuncios son tan relevantes como insuficientes. En efecto, no se conocen la metodología tarifaria, los criterios técnicos de cálculo, la definición de usuario vulnerable, los mecanismos de inscripción y verificación, ni los límites del gasto subsidiado.

Un ente regulador debe adoptar decisiones técnicas, públicas y revisables, por lo que la superintendencia deberá explicar cómo se calcula la tarifa, así como cuáles costos reconoce, qué nivel de pérdidas admite, qué inversión se recupera, cómo se mide el consumo y qué margen se asigna a cada actividad.

También deberá establecer reglas claras para los subsidios especificando quién califica, cómo se comprueba la condición de vulnerabilidad, qué porcentaje de la tarifa plena cubrirá el subsidio, cada cuánto se revisaría y cómo se evita que hogares de mayores recursos accedan indebidamente al beneficio. Incluso cuándo operan reclasificaciones, porque el subsidio debe ser temporal.

La reforma atribuye a la superintendencia la aprobación de estructuras tarifarias para prestadores privados y funciones de supervisión del servicio.  Para que ello sea eficaz, debe contar con autonomía, producir información pública, procedimientos de participación y mecanismos de control. Si el regulador actúa como un instituto autónomo clásico, sus decisiones podrán percibirse como una decisión altamente discrecional o política y no como el resultado de un proceso técnico.

Sobre la participación ciudadana, los usuarios tienen derecho a conocer las propuestas tarifarias, presentar observaciones, acceder a los estudios que sustentan los aumentos y recibir respuestas fundamentadas. En un país con alta informalidad, inestabilidad de ingresos, dificultades para acceder a documentos y burocracia con duplicación de procedimientos, el diseño del subsidio debe contemplar mecanismos sencillos de identificación y reclamación, todo ello en lenguaje claro y accesible.

El país necesita un sistema tarifario que cumpla al menos cuatro condiciones: costos verificables, tarifas previsibles, subsidios focalizados y participación ciudadana efectiva.

*Profesor-Investigador UCAT.

Directivo de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. Especialista en Derecho Administrativo y en Gerencia Pública. Consultor Hoet & Partners.

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