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8 de octubre de 2024
Por Gerardo Méndez
El pasado domingo 6 de diciembre, Venezuela dio una gran lección a Nicolás Maduro y su camarilla, al repudiar de manera contundente el fraude electoral orquestado en territorio nacional. La participación de solo un 30% del registro electoral, fue el acta de defunción de esta estafa que nació agonizante. En todos y cada uno de sus aspectos, la farsa electorera carecía de fundamentos jurídicos y políticos, puesto que arrastró consigo reiteradas violaciones a nuestra Constitución Nacional, e infames intervenciones a las organizaciones políticas de la alternativa democrática; impulsadas desde Miraflores.
El día 12 de junio del presente año, el Tribunal Supremo de Justicia que funciona como brazo judicial de Nicolás Maduro y su grupo, nombró de manera exprés un nuevo Consejo Nacional Electoral, mancillando así, el artículo 296 de la Constitución de la República que establece de manera clara y expresa, que los integrantes del Consejo Nacional Electoral deben ser designados por la Asamblea Nacional. Es un CNE írrito, que no representa oportunidades esclarecidas para poder decidir nuestro propio destino como Nación.
3 días después, inicia la creación de una oposición complaciente y a la medida del régimen, interviniendo a Acción Democrática, Voluntad Popular, y Primero Justicia. El brazo judicial de la dictadura, mal llamado Tribunal Supremo, asaltó dichas organizaciones políticas y puso sus tarjetas, símbolos y sedes al servicio de Juntas Directivas conformadas por inmorales que se vendieron al mejor postor, sobreponiendo intereses personales por encima de los intereses del país y de la alternativa democrática. Aunado a todo ello, el ilegal e ilegítimo CNE, el 30 de junio resolvió un reglamento especial para las “elecciones” parlamentarias período 2021-2026, donde se aumenta totalmente al margen de la Constitución el número de diputados a elegir, pasando de 167 a 277 escaños, pisoteando así, el principio de representación proporcional según la base poblacional del país, y el artículo 298 de la Constitución que prohíbe la creación o modificación de alguna normativa electoral dentro de los 6 meses anteriores al día de la votación.
Por ello, al pueblo le sobraron innumerables razones para desconocer con gran firmeza el evento del 6 de diciembre. Abstenerse en este proceso viciado con alrededor del 70% eleva un gran mensaje de valentía y ciudadanía; además del formidable repudio a las políticas del régimen para consolidar su proyecto ideológico en nuestro país, a costa de la enorme crisis humanitaria que provocaron y de la comisión de crímenes de lesa humanidad contra nuestros connacionales. Los venezolanos no somos abstencionistas, por el contrario, somos fieles creyentes del voto popular como mecanismo democrático y de participación; pero los venezolanos tampoco somos ingenuos, antipatrióticos, ni ejercitamos comportamientos de los antivalores. Ese proceso no se trató nunca de una libre consulta al electorado, sino de una farsa maquinada para darle a la dictadura una falaz apariencia de legalidad. Si con las consignas de votar se hubiere contribuido a salvar la institución del sufragio y a posibilitar un camino que conduzca a la recuperación de la soberanía nacional, todos y cada uno de los inscritos en el Registro Electoral hubiesen concurrido, porque los venezolanos queremos y amamos nuestro país, haremos todo cuanto fuere necesario para su estabilidad política, económica y social, y de ciudadanía y civilización seguiremos dando gran lección.
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