Carlos Casanova Leal
En la oportunidad de la discusión que se dio en el país antes de la aprobación de la actual Constitución en referendo ciudadano, advertimos que el éxito o fracaso de su puesta en práctica se hacía depender del precio del petróleo, en razón de que fue elaborada para el paternalismo y populismo; estos razonamientos frente a la fuerza de opinión que recibía Chávez de la sociedad venezolana, impidieron que se mirara con detenimiento el rumbo de la Nación.
Así tenemos que en materia de seguridad social se definió una política de “servicio público” de carácter no lucrativo, asumiendo el Estado la obligación de garantizar la efectividad de este derecho ciudadano. Para ello creó el sistema universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo de contribuciones directas e indirectas: Se excluyó toda iniciativa privada de seguridad social, y para ello estableció que las cotizaciones solo podrían ser administradas con fines sociales a través del Estado. Ahora bien, el Estado disminuyó sus ingresos y aumentaron sus gastos, y el sector perjudicado fue el del sistema de previsión social; no existe sistema de salud público eficiente y los pagos pensionales son una porción de dinero que no cubre en la práctica nada.
Advertíamos que condicionar la libertad económica a la justicia social con el sesgo ideológico que tenía la revolución, sería cosa de tiempo para que se diera la creciente intervención del Estado en la economía y la liquidación de la actividad privada, circunstancia esta que se verificó en la práctica: la actividad económica privada desapareció. Igual se sabía que con el tiempo el Estado quedaría insolvente como lo está hoy, el equilibrio del que se hablaba entre lo privado y público para la generación de riqueza se fue reduciendo por la creciente intervención, pero no para generar riqueza, las empresas que fueron estatizadas ninguna continuó en la producción, las estatizaron para pararlas.
Esto en razón de que el propósito no era el modelo de economía mixta, comenzó siéndolo y posteriormente fue desapareciendo, los empresarios dejaron de serlo, el industrial cerró, ahora con la ley de las siete T se pasa a una económica comunitaria de bienestar colectivo.
Cuando se habla de economía comunitaria, se habla de su actividad particular que desarrolla en la comunidad, y toda actividad debe estar ahora guiada al bienestar colectivo bajo la observación del gobierno comunal, aquí ya no se puede hablar de ganancias si está condicionado el trabajo al bienestar colectivo bajo la premisa de “gobernar obedeciendo”.
La advertencia que en este año 2025 debemos hacer, es que el nuevo modelo comunal ya está instalado sin discusión con nadie, sin consenso y por estar condicionado al Estado está condenado a la misma insolvencia en la que actualmente se encuentra, por lo que el modelo surge sin posibilidades de éxito en lo que a prosperidad ciudadana se refiere; como modelo político sí se instauró, que es finalmente el objetivo revolucionario.
Estos puntos no los estamos debatiendo; en la disputa política da la impresión que no estamos en el mismo tablero, cada quien juega en su propio tablero sin importar lo que esté sucediendo, de esta manera el modelo político y económico socialista sustituyó al modelo democrático.
La reforma constitucional de lo que ya montaron no la llevarán a referendo, ya se instaló el modelo, ahora serán las instancias comunitarias las que lo ratificarán.
Si el actual Estado insolvente no puede sacar a delante al país, ahora menos con todo la estructura social sin poder por estar impedida de crear y generar riqueza.
Sin debatir, sin consenso, sin escuchar a la mayoría, así marcha la política venezolana.
Mi fe es inquebrantable, solo quiero que mire estos temas que pongo en la mesa de su análisis.
Dios bendiga a los venezolanos.