Opinión
Los cimientos milenarios y los trece años de lucha que parieron a San Antonio del Táchira

Alexis Balza*

Al cerrar el mes de octubre, proclamado por el Centro de Estudios Históricos de San Antonio del Táchira como el Mes de la Historia Sanantoniense, es imperativo mirar nuestra génesis como lo que verdaderamente fue, una gesta heroica y jurídicamente implacable. Las investigaciones plasmadas en mi obra El Gentilicio Primado demuestran que la creación de nuestra parroquia no nació de la gracia pacífica, sino de un tortuoso, lento y apasionante proceso contencioso.

Nuestra historia inicia en la época colonial y del antiguo Reino de Granada, bajo jurisdicción de Pamplona. Ya desde el 10 de abril de 1557, bajo el mandato del encomendero Pedro López de Garfias, el espacio geográfico conocido ancestralmente como el Valle de Legueremari y Valle del Táchira albergaba un poblamiento originario, con una dinámica de encomiendas.

Éramos un emporio agrario que desafiaba la topografía montañosa y la bravura de un río Táchira que, en las épocas de crecida invernal, se transformaba en una muralla infranqueable. Ese aislamiento geográfico chocó frontalmente contra los intereses de la Iglesia y el cabildo de la Villa de San Cristóbal. El camino hacia la erección parroquial fue un proceso plagado de obstáculos. Destacó en este escenario el litigio interpuesto por el presbítero Diego González Maizín, cura de Capacho, quien intentó por todos los medios anular la fundación de San Antonio del Táchira para evitar la pérdida de feligreses y los derechos de su curato.

La determinación inquebrantable de los vecinos por obtener su autonomía se plasmó en el acta de intención fundacional firmada aquel 2 de octubre de 1724 por sus fundadores, apegándose estrictamente a las Leyes de Indias. Sin embargo, la oposición de Maizín desató una tormenta institucional de trece años.

Tras cumplir con rigurosos requisitos legales, el 22 de septiembre de 1728, el arzobispo de Santa Fe de Bogotá, Antonio Claudio Álvarez de Quiñones, dictó el auto de erección de la Parroquia de San Antonio de Padua del Táchira, contando con el respaldo fundamental del vicepatrono real y gobernador de la provincia de Mérida y Maracaibo, el coronel Ignacio Ferreira Montenegro. Se designó como primer cura al Pbro. Licenciado Juan Antonio de Omaña y Rivadeneyra.

Presionado por las gestiones de Maizín, el arzobispo dio marcha atrás y el 3 de septiembre de 1729 revocó la erección bajo el pretexto de que “no era conveniente por el momento”. En la visita pastoral de mayo de 1730, se impuso al Presbítero Manuel Guarín como teniente cura ecónomo, sumiendo a la comunidad en la incertidumbre.

Tras el fallecimiento del arzobispo, asumió el mando en sede vacante el doctor Nicolás Javier de Barasorda Larrazábal, provisor y vicario general, quien determinó que la revocación anterior había sido improcedente. El 17 de junio de 1737 se restableció la decisión original, y tras derrotar las últimas apelaciones de Maizín, el 24 de diciembre de 1737 el doctor Barasorda ratificó el título de cura al padre Juan Antonio de Omaña y Rivadeneyra.

El clímax institucional se consumó el 28 de enero de 1738, cuando el Padre Omaña tomó posesión formal ante el juez eclesiástico de San Cristóbal, doctor Ignacio Severo Gómez de Figueroa, y los alcaldes ordinarios Agustín Sánchez Osorio y Salvador de Cárdenas. El nuevo curato abarcó los Valles de Cania, La Mulera y el río Táchira abajo hasta los límites con San Faustino, extendiéndose los pleitos de linderos hasta el 4 de junio de 1771.

Podemos conocer este proceso en la Sección Colonia del Archivo General de la Nación de Colombia. Los expedientes clave descansan en el fondo Curas y Obispos (SC.20), específicamente en los Legajos 37 y 42, que abarcan desde el folio 120 al 285 bajo la rúbrica colonial de “Autos seguidos por los vecinos del Valle del Táchira y el Presbítero Juan Antonio de Omaña Rivadeneyra sobre la erección de la Viceparroquia de San Antonio de Padua y la contradicción puesta por el Cura Doctrinero de Capacho…”, así como en las inspecciones del subfondo Visitas – Venezuela (SC.62) y el pleito agrario de 1760 catalogado bajo la signatura exacta VISITAS-VEN:SC.62,15,D.4.

Al clausurar este mes jubilar, comprendemos que la frontera que verdaderamente dignifica a nuestra tierra no es la de asfalto y aduana, sino la conciencia cívica de un pueblo que labró su soberanía a pulso, derecho y constancia.

*(Autor de El Gentilicio Primado: La lucha oculta que fundó a San Antonio y dió nombre al estado Táchira, ISBN 978-980-18-7863-6)