Los resultados electorales anunciados por el CNE la noche del pasado 15 tuvieron, como era de suponerse, una fuerte repercusión en la opinión pública, sobre todo causaron una profunda sorpresa en todos los sectores y niveles de la sociedad, incluyendo a los dos bandos en pugna.
La sorpresa y hasta el asombro producidos se explican porque las cifras publicadas en nada se corresponden con las encuestas y estudios de opinión hechos al respecto por las empresas más sólidas y prestigiosas del país y del extranjero, las cuales daban una sólida y contundente mayoría a los candidatos opositores. Adicionalmente, en verdad cuesta creer que un gobierno como el que tenemos, obviamente responsable de los insoportables niveles de inflación, escasez, inseguridad y deterioro generalizado que padecemos en todos los ámbitos, pueda conservar todavía tanto apoyo popular para lograr imponerse en tal número de entidades. Cuando decimos esto no desestimamos en nada los repetidos errores e incoherencias de la dirigencia opositora, la disparatada campaña abstencionista orquestada por algunos sectores, ni el hecho de que el oficialismo cuenta con un extraordinario arsenal de recursos muy diversos para mantener fidelidades y, aparte de eso, una inmensa capacidad para la propaganda, la presión, el chantaje, la movilización, la vigilancia y el cuidado del voto de sus adeptos. Se trata de una bien entrenada y aceitada maquinaria electoral que en cualquier caso, aun en el presente, puede actuar con mucha eficacia. A todo esto, en nada desestimable, debe sumarse la condenable conducta del “árbitro”, cuando para tratar de confundir a los electores se negó a hacer las respectivas y necesarias sustituciones de candidatos, y remató su hazaña cuando apenas faltando 48 horas para las comicios reubicó centenares de centros electorales – operación planeada y hecha de acuerdo con sus estrictos intereses-, con el fin de, como en efecto ocurrió, obstaculizar el voto de cientos de miles de electores. Así, como en oportunidades anteriores, las votaciones del pasado domingo 15 fueron el escenario de una lucha desigual entre una ciudadanía deseosa de hacer valer sus derechos, armada solamente con su voluntad y convicciones, y un Estado omnipotente que no vacila ni tiene escrúpulo alguno para violar las leyes y poner todos sus inmensos recursos y fortalezas en favor de sus candidatos.
A pesar de todo y en medio de esas duras circunstancias, en estados tan importantes como Zulia, Mérida, Anzoátegui, Nueva Esparta, y por supuesto en nuestro Táchira (cuando escribo estas notas aún no se conocen los resultados definitivos de Bolívar), se logró vencer con muy buen margen de votos a la maquinaria oficialista, lo cual debe servirnos de estímulo y ejemplo. Seguramente, cuando este artículo salga a la luz, ya estaremos presenciando cómo con el falaz y anticonstitucional argumento de que los gobernadores electos deben juramentarse ante la Constituyente y así reconocerla de hecho, se tratará de impedir la toma de posesión de sus cargos y el ejercicio de sus funciones. En nuestra Venezuela “revolucionaria” ninguna ilegalidad o atropello, por desmesurado que parezca, puede ya extrañarnos. (Tomas Contreras V.)