Opinión
Operación Pote Hospitalario

Luis Fernando Ibarra

Hubo un tiempo en que el hospital público venezolano atraía pacientes desde otros países. Estructuras de salud dotadas con los mejores médicos del país, los equipos más modernos, y la formación médica más exigente. En esos centros dispensadores de vida, los especialistas más prestigiosos dedicaban medio turno a la consulta pública. Para esos médicos el hospital era su escuela y su vitrina promocional, el sitio donde se enseñaba, aprendía y se hacía un nombre. Y era también el lugar donde un galeno podía exigir  que el presupuesto del hospital para el año siguiente incluyera la tecnología que acababa de salir al mercado en Estados Unidos o Europa, logrando acceso a los equipos más sofisticados y costosos que difícilmente las clínicas privadas podían adquirir.

De ese incluyente sistema se beneficiaba el habitante más humilde de cualquier barriada. Un obrero de Madre Juana o de San Josecito era operado por el mismo cirujano que atendía en la clínica más costosa de San Cristóbal. Hoy la escena cambió en negativo. Es habitual observar con tristeza a una familia hasta de clase media, con un pote y la foto de un enfermo en pleno semáforo rogando a desconocidos dinero para una intervención quirúrgica. Hasta 1990 los venezolanos tuvieron el ingreso por habitante más alto entre los países de la región. El sistema de salud pública además de gratuito era uno de los más accesibles del continente, a tal grado que la oferta de salud privada no tenía como competir con la asistencia  en salud ofrecida por el estado. Además de servir a los tachirenses, el Hospital Central de San Cristóbal fue durante medio siglo centro de referencia para pacientes de Barinas, Apure, parte de Zulia y un atractor de convalecientes fronterizos, ciudadanos residentes de países vecinos que venían a buscar atención médica de calidad gratuita y venezolana.

Los centros públicos de salud con las características del Hospital Universitario de Caracas, el HULA de Mérida o el Central de San Cristóbal son hospitales Tipo IV. Instalaciones con más de 300 camas, de atención médica con alcance regional, poseen diversas subespecialidades médicas/quirúrgicas y cumplen funciones esenciales de docencia de pregrado y  postgrado e investigación, edificados entre las décadas de 1940 a 1970.

Bajo el programa Barrio Adentro se planificó la construcción de hospitales de alto nivel. Sin embargo, las obras  quedaron paralizadas en fase de estructura. El único hospital de envergadura construido en los últimos 27 años es el Cardiológico Infantil Latinoamericano “Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa”, en Caracas, inaugurado en 2006. En lugar de construir nuevos Tipo IV, las políticas de salud pública del periodo se centraron en la edificación de unidades de atención primaria/secundaria, como los CDI; o en anunciar planes de ampliación de las emergencias de los hospitales históricos existentes.

El sistema anterior no era perfecto, pero con el chavismo nació la humillante “operación pote“. Sin equívoco, antes de 1999, una familia pidiendo en la calle para pagar una cirugía o un tratamiento no formaba parte del paisaje urbano. Resulta asombroso, pero el colapso del sistema público de salud ocurrió durante el periodo de la mayor bonanza petrolera de la historia nacional; un caudal de recursos tan inmenso, que cada capital de municipio pudo haber adquirido hasta su permanente helicóptero ambulancia.

Ante la ausencia de estadísticas oficiales, la organización Médicos por la Salud monitorea desde 2018 unos 40 hospitales públicos de los más grandes del país. Sus resultados describen un sistema que sigue llamándose gratuito, pero que cobra casi todo al paciente. En la mayoría de los hospitales se exige al enfermo pagar los insumos para ser operado en una cirugía programada o de emergencia. En octubre de 2023 según eldiario.com, el 84 % de los servicios públicos de tomografía y resonancia estaban cerrados, de modo que el paciente debe pagar el estudio en una clínica, a un precio que puede estar entre 100 a 500 dólares. Solo cerca del 40 % de los quirófanos públicos funcionaban en 2023. La misma encuesta estimó que en 2023, de haber contado con equipos, medicamentos y personal, 815 pacientes con infarto y 490 víctimas de accidentes pudieron haber sido salvadas. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud citados por la Academia Nacional de Medicina, en un hospital público el paciente termina pagando el 73 % de los gastos e insumos de su atención. La capacidad financiera de respuesta de la empobrecida familia venezolana está más allá de ser lastimosa. El gasto recae sobre familias cuyos ingresos se han pulverizado, puesto que desde 2022 el salario mínimo está congelado en 130 bolívares, apenas unos centavos de dólar al mes.

Más allá de paredes y equipos, un hospital requiere personas que lo hagan funcionar. Y esas personas se “diásporizaron”.  En 2024, la Federación Médica Venezolana estimó que más de 42 mil médicos habían emigrado, frente a unos 80 mil que aún ejercían en el país. Es decir, por cada dos médicos que se quedaron, uno se fue. Peor ocurrió con la enfermería. Según el Colegio de Profesionales de Enfermería de Caracas, ya sea por emigrar o para dedicarse a otros oficios, más del 70 % del personal ha abandonado sus puestos. En enero de 2026, el salario base de una enfermera era de 246 bolívares, unos 71 centavos de dólar al mes. Hoy es común encontrar a una sola enfermera atendiendo hasta 50 pacientes. Una información de El Diario confirmó que el Hospital Central de San Cristóbal tiene un déficit de más de 800 enfermeras. El médico tachirense Omar Vergel, de Médicos Unidos de Venezuela, lo ilustró con su propia historia: de su promoción de 48 médicos, 22 se fueron del país; de una promoción más reciente de 174 graduados, solo ocho siguen en el país. Es la decisión racional de quien no puede vivir de su salario ni trabajar sin gasas, sin reactivos y en ocasiones sin agua. Cada médico y cada enfermera que se va se lleva años de formación pagada por la sociedad venezolana, y no por falta de vocación deja un vacío que tardará generaciones en recuperarse.

La crisis de atención en salud golpea por todos lados. En la Universidad Nacional Experimental del Táchira, profesores, empleados y obreros durante años disfrutaron de un seguro de hospitalización, cirugía y maternidad en nada envidiable al de los trabajadores petroleros de la misma época. Tanto en Venezuela como en el exterior, el seguro UNET cubría al trabajador, a su familia e incluso a sus padres ancianos. En años recientes, en las redes internas de la universidad con cierta frecuencia aparece una familia pidiendo ayuda para pagar una operación o un tratamiento. Quien formó a generaciones de ingenieros tachirenses terminó dependiendo de la solidaridad del vecindario. En mayo de 2026, trabajadores de 23 universidades públicas pararon 24 horas para exigir salarios dignos, y la asociación de profesores de la UCV denunció que el gremio carece de HCM y de beneficios contractuales. Los gremios llevan años pidiendo un seguro eficiente, que sea administrado por las universidades.

Cómo olvidar la red paralela que vació los hospitales, a consecuencia de la decisión política de levantar una red de salud inspirada en el tan propagandístico modelo cubano. Mientras se dejaba morir el sistema de salud existente, se implantó Barrio Adentro, una opción con cientos de módulos atendidos por médicos cubanos en barrios y pueblos de todo el país. El presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León, sostuvo que: “esa idea de atención primaria no es mala en sí. El problema radica en que los grandes hospitales fueron abandonados”. Ya en 2004 se informaba que los pocos puestos de salud públicos que quedaban estaban siendo desmantelados o absorbidos por la misión. El resultado fue un doble fracaso. Los hospitales perdieron presupuesto y personal, y la red paralela tampoco sobrevivió. En 2023, en Carabobo, la mayoría de los quirófanos de Barrio Adentro llevaba más de cuatro años sin funcionar; en Anzoátegui, al menos la mitad de los módulos estaba inactiva. La Federación Médica llegó a estimar que apenas el 7 % de los módulos seguía operativo, y que muchos se habían convertido en guaridas de malvivientes.

En 1999 Venezuela tenía unos 24 millones de habitantes. Hacia 2016, antes de la gran emigración, la población bordeaba 31 millones, un crecimiento de casi 30 %. Un Estado responsable habría ampliado la red hospitalaria inaugurando nuevos hospitales en esa misma proporción, con centros de la talla del Central de San Cristóbal o del Universitario de Mérida. En contrario la red no creció, paradójicamente, en perjuicio a los más humildes, se encogió. Según cifras oficiales citadas por Médicos Unidos de Venezuela, antes de los años ochenta el país tenía más de 37 mil camas hospitalarias en funcionamiento; para 2016 quedaban unas 17 mil. Ya entre 2009 y 2011 la tasa había caído a 0,9 camas por cada mil habitantes, cuando la Organización Panamericana de la Salud recomienda tres. Y de los hospitales prometidos, una verificación de El Diario confirmó que al menos 14 nunca se terminaron, pese a que se les asignaron recursos. En lugar de hospitales llegaron los CDI y los módulos, atendidos por personal cubano cuya presencia también se evaporó. Según Transparencia Venezuela, de unos 10 mil médicos cubanos, quedaron apenas 1800.

Muchos jubilados del sector público recuerdan nostálgicos que antes su seguro cubría cualquier emergencia y cualquier clínica les abría la puerta; hoy los trabajadores enfermos son enviados al hospital público o a un CDI, porque su institución ya no garantiza el HCM. En San Juan de Colón, los trabajadores eléctricos llegaron a protestar con carteles que exigían su seguro y la salida de los militares de CADAFE.

Como era de esperarse, el vacío que dejó el Estado lo llenó el mercado. En cada capital y en cada pueblo, las clínicas privadas aparecieron como nunca. Médicos recién graduados, y otros impedido de lograr un consultorio en las clínicas privadas tradicionales, vieron una oportunidad de negocio: acondicionar casas y locales a toda prisa para convertirlos en centros de cuanta especialidad existe. La demanda estaba asegurada. Sin hospitales públicos que funcionen y con millones de empleados públicos como los de la UNET que perdieron su seguro contractual, la consulta privada pasó a ser la única opción de lograr atención médica aceptable. Y con la demanda cautiva, los precios se dispararon y se fijaron en divisas. Ya en 2024, una consulta especializada en Caracas costaba entre 60 y 150 dólares. Hoy como en San Cristóbal, en mayoría un monto de cien dólares.

Esas cifras se cobran en un país donde, según la Encovi 2025 de la UCAB, el 76,5 % de las personas vive en pobreza de ingresos y en uno de cada tres hogares el dinero no alcanza ni para comer. El estrato más pobre gana unos 18 dólares mensuales por persona, es decir, menos de un dólar al día. Aquí cabe un reclamo a una parte del gremio médico. La gran mayoría de esos médicos se formó en universidades públicas gratuitas como la ULA, la UCV, LUZ, la de Carabobo. No hay duda de que, con sus impuestos y petróleo, fue el pueblo venezolano quien pagó esa formación. Sin embargo, hay quienes suben el precio de su consulta cada pocos meses, como si sus familias les hubiesen costeado estudios en la Javeriana de Bogotá, y como si no entendieran que el pueblo asalariado atraviesa la peor tragedia económica de su historia. Al igual que ocurre con otros servicios, nadie parece asimilar que más del 80% de la población venezolana carece de ingresos dignos. Los insensibles beneficiarios de esas tarifas por servicios no se enteraron de que la mayoría de los casi nueve millones de sus compatriotas  abandonaron el país desesperanzados y acosados por hambre. Se sabe que no son todos. Muchos médicos sobreviven con salarios públicos miserables, y siendo solidarios sostienen a pulso los hospitales. También es cierto que equipos e insumos se pagan en dólares. Pero quien cobra sin medida en un país que vio a miles de sus jóvenes cruzar a pie selvas y fronteras huyendo de la miseria, como cualquier comerciante se está aprovechando de las ruinas del sistema. El juramento hipocrático no puede tener tasa de cambio.

El gobierno atribuye las fallas de los hospitales a las sanciones internacionales y ha anunciado varios planes de recuperación de la red de salud pública. Pero las protestas de médicos y pacientes por falta de insumos ya eran frecuentes años antes de las sanciones financieras de 2017. Pese a una inversión de 7700 millones de dólares a finales de 2013, el presidente Nicolás Maduro calificó los hospitales de “una vergüenza“. El problema de la asistencia sanitaria venezolana resultó de una gestión que desmontó instituciones que habían tardado medio siglo en construirse. Se fueron médicos y enfermeras, se apagaron los equipos y se rompió el vínculo entre el especialista de prestigio y el hospital público que lo formó.

En la Constitución sigue leyéndose que la salud es un derecho garantizado por el Estado. En ocasiones, en la calle ese derecho tiene la indignante forma de un pote en un semáforo. Al menos el caritativo servicio de salud colombiano continúa resolviendo la necesidad de atención a miles de ciudadanos venezolanos que logran accederle. Recuperar el sistema hospitalario público es la condición mínima para que el más humilde vuelva a tener lo que alguna vez tuvo, y lo que ningún gobierno incluyente debería negarle: asistencia hospitalaria que no angustie y le humille al enfermarse. Ya los más desposeídos tienen bastante con las universidades “públicas”, instituciones que en la práctica soterradamente se vienen privatizando, haciéndose inalcanzables mientras niegan el acceso a jóvenes residentes en pueblos alejados de la capital, que no disponen de ingresos para pagar los inconstitucionales cobros que ya les vienen aplicando a quienes insisten en su meta de titulación. La universidad que potenció el ascenso social hoy con sus oscuras tarifas internas  resulta inaccesible a los menos pudientes, pero ¿a quién le importa?

Referencias:

•              El Diario. Más del 80 % de servicios de tomografías inactivos, 2023

•              La Patilla. El interior del Hospital Central de San Cristóbal, junio 2026

•              La Patilla. 50 % de módulos de Barrio Adentro inactivos en Anzoátegui, 2022

•              Valora Analitik. Casi 70 % de hogares vive en pobreza, 2026

•              El Diario. ¿El oficialismo prometió construir 14 hospitales y no cumplió?, 2021

•              El Diario. Alrededor del 60 % de las enfermeras desertaron de los hospitales, enero 2026

•              El Diario. ¿El Hospital Central de San Cristóbal tiene un déficit de más de 800 enfermeras?, 2021