Alejandro Bautista G.
La noticia más comentada en la semana recién finalizada la constituye el Pacto de salvación nacional, propuesto por el líder opositor y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. En tal sentido, presentó la hoja de ruta de la oposición democrática mayoritaria, que incluye negociar con Nicolás Maduro un cronograma de elecciones libres y justas, con observación y respaldo internacional. En otras palabras, es el resultado de un proceso de presión y negociación entre las fuerzas democráticas legítimas de Venezuela, el régimen imperante y las potencias internacionales.
Participarían en ese pacto las fuerzas democráticas, integradas por la Asamblea Nacional legítima y la Plataforma Unitaria, integrada por 40 partidos políticos, gremios y sociedad civil, además de los actores que conforman y sostienen al régimen, sumados ambos a la comunidad internacional, especialmente las potencias internacionales, concretamente Estados Unidos, Europa, Rusia y China.
Plantea el Pacto una serie de compromisos entre los actores nacionales e internacionales que determinan el futuro del país, para lograr ayuda humanitaria, recuperación económica, garantías democráticas y elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales, libres, con voto directo y secreto, cuya organización habrá de ser dirigida por un nuevo y calificado ente electoral, a tal efecto designado por acuerdo entre las partes involucradas, salvo que el recién nombrado CNE demuestre suficiente capacidad y objetividad a toda prueba y reciba el beneplácito de la oposición democrática. Vicente Díaz, anterior representante –no gubernamental- ante dicho organismo, lo avala.
La propuesta presentada por Guaidó abunda en detalles de especial interés que, de ser triangulados en un ACUERDO con el régimen, pondrán al alcance de la ciudadanía la deseada posibilidad de poner fin a esta era de hielo y absurda terquedad que ha paralizado al país nacional y sumido a la generalidad de la población en la más tremenda crisis económica, política y social que registra la historia de Venezuela.
Expuesto así el alcance y objetivo del pacto propuesto, conviene hacer las siguientes reflexiones: A) Siempre que se actúe con la mayor buena fe y firme deseo de enmienda, la mejor manera de lograr entendimientos y conciliaciones es a través del diálogo: “hablando nos entendemos”, reza la máxima popular. B) Dadas las recientes experiencias, el diálogo fue aprovechado por el gobierno como táctica dilatoria para ganar tiempo y nunca llegó a concretar soluciones, razones por las que se ha perdido confiabilidad: el desarrollo de las conversaciones marcará la pauta y dará indicativos de la firmeza y credibilidad o no, en la palabra y propósito del régimen. C) Falta conocer las propuestas del régimen, la razonabilidad y pertinencia de las mismas: el diálogo debe evaluar y considerar con equidad la alternativa más asequible. Es entendible que muchos puntos álgidos, como la corrupción, podrían ser subsanados si el daño es resarcido satisfactoriamente. Igualmente, las expropiaciones e incautaciones injustificadas; no así los delitos de lesa humanidad.
Puntos de significativa importancia para la confiabilidad y éxito del pacto propuesto resultarían que, previo a su inicio, las partes -como acto de buena voluntad- consideren, recíprocamente: a) liberar los presos políticos, b) permitir el retorno de los políticos y diputados exiliados, dejando sin efecto cualquier sanción dictada contra ellos, c) permitir la entrada de ayuda humanitaria y vacunas en suficiente cantidad contra el covid-19, d) suspender todo anuncio y promoción del Poder Comunal, por inconstitucional, e) solicitar de organismos internacionales el levantamiento progresivo de sanciones, condicionado al cumplimiento de los objetivos señalados, f) reapertura de las fronteras y vuelos internacionales, por ejemplo.
Existen puntos e incógnitas para el análisis que bien merecen ser considerados, a saber: 1. El recién anuncio del CNE de las megaelecciones para finales del próximo noviembre no considera la elección presidencial, siendo esta la más importante y de ejecución retrasada, por consiguiente PRIMORDIAL e impostergable, 2. Deben reintegrarse las tarjetas electorales a los legítimos partidos políticos existentes para poner fin a la división de los mismos, estimulada por el régimen a través de intervenciones judiciales.
La ejecución y consolidación del pacto propuesto es una suerte de la capacidad de diálogo y de la firme convicción de las partes involucradas en su máximo deseo conciliatorio por encontrar una fórmula que ponga fin a esta infausta crisis económica, política y social que agobia al país, llevándolo a la más absoluta pobreza., pero no estamos seguros de que en verdad sea avalado por los organismos internacionales, puesto que el 14 de mayo los Estados Unidos anunciaron, en boca del Secretario de Estado, que desconocen el Pacto de Guaidó con el Gobierno. Y una negociación sin la salida de Maduro contradice el mandato de la consulta popular del 7 al 12 de diciembre.
Por muy buena que sea la intención, nada garantiza su viabilidad y el éxito de sus resultados. No obstante, el país entero aboga por la seriedad, sindéresis y espíritu conciliatorio entre las partes. Obviamente, el pueblo entero espera ver salir “humo blanco”. Invocamos al Espíritu Santo para que ilumine a los deliberantes. No habrá vencedores ni vencidos: todos saldremos ganadores.
Que todo sea por el bien de Venezuela y la solución inteligente de la crisis que la envuelve. Un fracaso nos llevaría a pensar que el proceso seguido resultó una nueva estratagema por parte del régimen: otro fiasco: una estrategia equivocada de Guaidó, en la que todos perderíamos, y no es lo que se busca.