Opinión
¿Para quién es el acuerdo?

Carlos Casanova Leal

El proceso que arranca hoy 1° de agosto 2026, no está diseñado para resolver la crisis del ciudadano, sino para oficializar una coalición mínima para consolidar negociaciones graduales, enfocados ahora en la macroeconomía, presencia de empresas en la actividad minera y energética del país.

Un problema por no resolver instancias verdaderas de transición es el anuncio de que el FMI, con delegación de Nigel Chalk en Miraflores, plantea el uso de reservas internacionales para financiar el plan “Venezuela Renace” que ellos mismos destruyeron; esto sería insólito.

Con la representación de los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia, la mesa le queda servida al Gobierno, negociar con una oposición fragmentada y sin el bloque mayoritario unificado cumple el objetivo táctico de dividir al adversario y vaciar de contenido político sustancial la mesa, reduciéndola a un pacto de élites sobre, Dios no quiera, cupos institucionales (como el CNE o el TSJ).

Hablando desde la conciencia, la mesa tiene un diseño equivocado, ya que los que se sientan no representan lo que les dicen representan, no tienen peso político en la calle, cuando un acuerdo carece de bases representativas y de condicionalidad democrática verificable, el riesgo latente es que la presión social desplazada de las instancias de negociación termine desbordándose nuevamente hacia el conflicto de calle.

La agenda de la mesa deja por fuera las urgencias del ciudadano, alguien dirá que primero es lo primero, a lo que se debe responder que todo se puede hacer con líneas de trabajo en paralelo. Así como EEUU habla de petróleo, de reservas, tierras raras, dicta líneas de tutoría que deben cumplir los antimperialistas del Gobierno, la mesa puede abordar los temas del CNE, TSJ y otros conjuntamente con las políticas que aborden la eliminación del encaje legal restrictivo, la restitución del salario, la reactivación masiva del aparato productivo privado. La riqueza que ingresa vía impuestos petroleros administrados externamente o alivios multilaterales está destinada a sostener la caja operativa del Estado y a calmar a los mercados, no a recomponer el poder adquisitivo del trabajador o del jubilado

Estamos en presencia de una agenda institucional de procedimientos, no de soluciones, las propuestas se limitan al CNE y el TSJ, que son importantes, claro está, y a marcos judiciales exprés como la jurisdicción especial de propiedad, omitiendo por completo los derechos económicos y sociales de los venezolanos, esta es una de las propuestas más peligrosas del tablero. Al diseñar marcos legales exprés para la adjudicación patrimonial y de bienes en medio de una crisis sin contrapesos reales, se abre la puerta a una captura institucional de la reconstrucción. Es decir, se establecen mecanismos legales a la medida para decidir quién administra tierras, bienes e inversiones bajo el paraguas de los fondos internacionales, marginando los derechos de propiedad de los ciudadanos comunes.

Los presos políticos siguen siendo presos. El tablero financiero avanza sin mesa, los temas institucionales en la mesa, y el ciudadano sometido a la pobreza como mecanismo de control político y dependencia sin mesa quien abogue por ellos, que en definitiva somos todos nosotros.

Dios con nosotros.