Venezuela revisará relaciones con gobiernos del G7
27 de noviembre de 2024
Carlos Ramírez López *
En evento celebrado a casa llena en Miami denominado “Venezuela, una visión desde el exilio”, organizado por un grupo de muy calificados militares, tuve el honor de estar como invitado para exponer la óptica de un abogado y allí esbocé una propuesta sobre la necesidad de recomponer todo el entramado judicial del país, desde el texto constitucional que tendríamos hasta el sistema penal que deberemos usar respecto a los deudores de crímenes en el desempeño del poder. Estas son las líneas básicas de mi planteamiento:
Venezuela es un país sin ley, el texto constitucional que pusieron a regir en 1999, la mal llamada “Constitución bolivariana”, denostada por su propio autor como “la bicha”, fue producto de la violación de la Constitución de 1961 que entonces estaba vigente, la cual no contempla la posibilidad de ser sustituida, sino solamente modificada o enmendada, a pesar de lo cual impusieron aquella malhadada Asamblea Constituyente donde con 70% de los votos para su conformación se autoatribuyeron 95% de representantes y con lo cual asumieron su control total.
El 3 de agosto de 1999 instalaron aquella Constituyente, y allí Luis Miquilena, asignado por Chávez como presidente de ese organismo fraudulentamente conformado, decretó la muerte de las instituciones: “Todos los poderes quedan sometidos a las decisiones de esta Constituyente, y la Constitución de 1961 seguirá rigiendo solo en cuanto no colida con nuestras determinaciones”, dijo. Siguió un decreto de cese de sesiones del Congreso Nacional –que estaba en pleno ejercicio de sus funciones– continuaron con la intervención del Poder Judicial y así hasta llegar a la formación de los nuevos poderes espurios, el TSJ entre ellos con inmediata y arbitraria designación de sus “magistrados” en sustitución de la Corte Suprema. A la Sala Constitucional que entonces estrenaron la llenaron con los amigotes, apoderados y socios de negocios de los jefes del chavismo y de una vez comenzó a emitir sentencias para dar legitimidad a todos los abusos. El colofón de aquellos oscuros episodios fue la emisión de tres versiones diferentes del texto de “la bicha”, una la que aprobaron en las sesiones constituyentes, otra la que publicaron en Gaceta Oficial y otra que Chávez mandó a reimprimir para corregir “errores gramaticales y de sintaxis”, y fue tanto el descaro que el propio Isaías Rodríguez fungiendo como fiscal general puso una demanda ante la novísima Sala Constitucional para que se aclarara cuál de las versiones era la correcta y en aquel escrito precisó que había detectado 179 artículos con modificaciones. Nunca se publicó sentencia al respecto.
De allí en adelante se desató una hemorragia de sentencias, de leyes y de decretos leyes que en el mayor desorden inciden en el contenido de esa “Constitución bolivariana” amén de que su mismísimo creador comenzó a violarla y así lo hizo hasta el último día de su vida, desde el primer artículo que proclama a Venezuela como país soberano hasta el último de ellos, el famoso 350 que autoriza la rebelión, violación continuada por su sucesor y por toda esa cohorte malandra que gobierna.
Han sido 18 años de horrendas violaciones de los derechos humanos con desgarradores episodios de asesinatos, encarcelamientos, torturas; privaciones de elementos básicos para la vida; de saqueo de los dineros públicos; de entrega de nuestra soberanía; de destrucción y de toda clase de perversiones –narcotráfico incluido– que mantienen a la nación sumida en la más espantosa tragedia de todos los tiempos; entonces ¿qué hacer cuando recuperemos la libertad?, ¿seguiremos rigiéndonos por esa falsa legalidad?, ¿cómo juzgaremos a los actores de este crimen atroz?
Resumen en líneas gruesas de mi propuesta “Guía para la Transición” que requerirá un previo acuerdo de los partidos y la sociedad civil para reinstaurar el Estado de Derecho que entre otras cosas comprenda: 1. Reponer la Constitución de 1961 y todos los poderes derivados de ella procediéndose de inmediato a un proceso de enmienda. 2. Crear un Alto Tribunal de Justicia Transicional bajo un Estatuto Especial que entre otras cosas contemple la persecución dentro y fuera de Venezuela de los autores materiales e intelectuales y cómplices de violaciones de los derechos humanos, y de los ladrones de los dineros públicos que han llevado al sufrimiento y la muerte de millones de personas. 3. Aplicación de castigos que contemplen prisión entre 30 años de cárcel hasta cadena perpetua, y para los crímenes mayores ver la posibilidad de que se incluya la pena de muerte.
La consigna debe ser juicio con respeto al debido proceso, castigo proporcional al delito, reparación de las víctimas, aseguramiento de no repetición.// @CarlosRamirezL3
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