Opinión
Políticas públicas para los minerales críticos en Venezuela: Propuestas

Mauricio R. Pernía-Reyes *

Como señalé la semana pasada, el factor China en la producción, transformación y suministro de minerales críticos a nivel global, así como los cambios que se producen en este mercado por las innovaciones industriales que pueden alterar los precios de manera súbita, exige de los países productores la puesta en marcha de mecanismos de tomas de decisiones tanto del sector público como el privado, para evitar las perturbaciones económicas y sociales de un sector cuya característica principal es la volatilidad. En esta entrega, trataré sobre las posibles opciones para enfrentar estos factores geopolíticos globales.  

En este sentido, carecer de una gobernanza consolidada puede ser ocasión para una nueva versión de la paradoja de la abundancia, en la que puede prevalecer la monoproducción y una nociva dependencia de los precios de estas materias primas minerales, sin diversificación o industria intermedia que favorezca su valor agregado o el desarrollo de nuevas industrias. Además, si la asimetría entre las partes negociadoras en las inversiones extranjeras no provee de acuerdos, contratos e instrumentos cuya estructura permita la inclusión de disposiciones que sirvan de contención a la volatilidad, este auge minero puede ser perjudicial para los productores y de incertidumbres para las compañías.  

Esto implica adoptar un régimen de estándares para las empresas mineras de minerales críticos que respete los derechos humanos, gestione responsablemente las zonas de conflicto y preserve los estándares ambientales y laborales. Ese sería un buen punto de partida. Por ejemplo, la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), creada en 2003 en Noruega, fija requisitos para los países que adoptan este estándar junto con el sector empresarial y la sociedad civil. Su aplicación ayuda a reducir la corrupción, fomenta el acceso a la información pública y promueve que los ingresos estatales de la actividad extractiva se gestionen con transparencia y fines productivos.

Por otra parte, los acuerdos, contratos e instrumentos legales del sector pueden comprender alianzas que intercambien el acceso prioritario a los minerales por garantías de demanda a largo plazo e inversión en refinación local, evitando así la exportación de materia prima bruta, fijando el país receptor de la inversión los incentivos para ello. Una posible base legal en Venezuela para el desarrollo de políticas públicas en este sentido se puede hallar en el artículo 98 de la recientemente promulgada Ley Orgánica de Minas, la cual establece que quienes se dediquen a las actividades primarias o conexas destinadas a la explotación, aprovechamiento, transformación o refinación de minerales críticos y de tierras raras, podrán ser beneficiarios de un régimen especial tributario, el cual podrá ser establecido por el Ejecutivo Nacional mediante Decreto. Este aspecto será tratado en siguientes entregas.

Así mismo, para mitigar el riesgo de obsolescencia tecnológica, resulta igualmente válido que los productores eviten los contratos a corto plazo y procurar compromisos extendidos por parte de los compradores. Esto puede verse favorecido por la coordinación de los compradores y consumidores es relevante. Por ejemplo, las potencias occidentales pueden unificar sus políticas (como el Reglamento de Materias Primas Fundamentales de la UE y normas similares en EE. UU.) bajo compromisos de cofinanciamiento y estándares compartidos, considerando la creación del equivalente a una Agencia Internacional de Energía para minerales.

Finalmente, la verdadera defensa contra la volatilidad de esta nueva era extractiva será la diversificación económica de los países productores, como puede llegar a ser Venezuela. Las rentas de los minerales críticos deben verse como un puente temporal y limitado para invertir en educación e infraestructura. De manera que solo con instituciones sólidas se decidirá si estos recursos construirán un futuro equitativo o si serán el promotor la causa de una nueva era extractiva perdida.

La dirigencia política venezolana desaprovechó la bonanza petrolera de la primera década de este siglo al no sentar las bases de una nueva estructura estatal capaz de convertir esos recursos en beneficios sostenibles y concretos para la ciudadanía. Aunque he sostenido que la minería no reproducirá necesariamente el papel que tuvo el petróleo en los países productores, este auge minero debe analizarse a la luz de esas lecciones para diseñar políticas públicas que transformen la extracción de estos recursos en ingresos públicos que justifiquen la explotación minera. En esa tarea estamos comprometidos todos los venezolanos.

*Profesor-Investigador de la UCAT

Miembro directivo de CEDE y de la Red Iberoamericana de Derecho Minero

Vicepresidente para Venezuela de la Alianza Minera de América Latina (ALMA)