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Inicio/Opinión/Retención ilegal de vehículos en San Cristóbal

Opinión
Retención ilegal de vehículos en San Cristóbal

domingo 22 noviembre, 2026

Retención ilegal de vehículos en San Cristóbal

Luis Ibarra *

Recaudar tributos y poner orden en el tránsito de San Cristóbal son objetivos necesarios que cualquier ciudadano sensato respalda. Sin embargo, cuando una norma municipal traspasa los límites de la ley nacional y la proporcionalidad, deja de ser un instrumento de convivencia ciudadana para convertirse en un exabrupto jurídico impulsor de alcabalas para la extorsión.

Eso es lo que ocurre con el artículo 105 de la Reforma Parcial de la Ordenanza sobre el Servicio de Transporte de Personas, Carga y Vialidad, publicado en Gaceta Municipal Extraordinaria N° 199, del 8 de octubre de 2024. Dicha disposición establece que, si un conductor comete una infracción y tiene una multa anterior pendiente de pago, no solo se le impondrá una nueva sanción por el doble del monto, sino que además se faculta al funcionario para retenerle el vehículo.  En los pasillos de la administración municipal justifican este exabrupto asegurando que es el método óptimo para que los infractores paguen rápido. Pero en el ejercicio del poder público, el fin jamás puede justificar medios ilegales.

Para comprobar la ilegalidad de esta medida, basta revisar la Ley de Transporte Terrestre. Esta Ley tiene jerarquía superior a cualquier ordenanza municipal. Su artículo 181 establece de forma taxativa las únicas cinco causas por las cuales una autoridad puede retener un vehículo. Estas son: fallas mecánicas graves que comprometan la seguridad, falta de documentos de propiedad, ausencia de placas, accidentes con lesionados o fallecidos, y falsedad en los seriales. Tener una multa pendiente de pago no es, ni puede ser, causal para privar a un ciudadano de su vehículo. Insistir en aplicar una Ordenanza con vicio de nulidad resulta una arbitrariedad antisocial.

Utilizar la retención de un automóvil como un “embargo de hecho” o medida de coacción para cobrar una deuda administrativa viola el derecho constitucional a la propiedad, establecido en   el artículo 115 de la Constitución, y el principio de proporcionalidad. Pero lo más grave no es solo el vicio jurídico, sino el efecto perverso que puede generar en la calle. Cuando un ciudadano trabajador es exigido a detenerse por una falta menor y se enfrenta a la amenaza real de quedarse sin su vehículo, además de pagar el doble de una multa indexada, el pánico lo debilita y lo pone a merced del funcionario. Mucho más si es su herramienta de trabajo para el sustento familiar. Se estaría aplicando ilegalmente una doble sanción derivada de una simple infracción.  Este diseño normativo desproporcionado coloca al conductor en total indefensión y crea el caldo de cultivo ideal para el “arreglo” en la esquina, el pago informal y la corrupción policial que tanto daño hace a la institución y al propio fisco municipal. Si la Alcaldía busca eficiencia en la recaudación sin atropellar la ley, existen mecanismos administrativos perfectamente legales y probados. Por ejemplo, establecer un sistema de pronto pago con descuentos significativos durante los primeros diez días hábiles, aplicar intereses moratorios razonables tras el vencimiento del lapso, lo cual, junto a vincular la solvencia de multas como requisito para realizar trámites administrativos municipales, tales como solvencias de vehículos, patentes o gestiones ante el SUMAT. Cualquiera de estas vías garantiza que el municipio cobre lo justo, sin convertir cada esquina en una potencial alcabala de terror.

Los concejales de San Cristóbal tienen el deber de legislar para proteger al ciudadano, no para dejarlo a merced de sanciones confiscatorias. Una ordenanza municipal no puede crear nuevas causales de restricción al derecho de propiedad que no estén previstas en la Ley Nacional. Es urgente que el Concejo Municipal revise y derogue esa facultad de retención contenida en el artículo 105 de la Gaceta 199. Ordenar la ciudad sí, pero siempre dentro de la ley y sin fabricar normas que pudieran estimular el abuso en las calles de San Cristóbal. El artículo 105 es ilegal e inconstitucional.

*Ingeniero de Sistemas. Profesor jubilado de la UNET. Master of Science in Industrial Engineering. Doctor of Management in Organizational Leadership.

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