Opinión
¿Transición hacia dónde?

Antonio Sánchez Alarcón

Las negociaciones que comenzaron este 1° de agosto entre el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez y la representación de la Asamblea Nacional de 2015, presidida por Dinorah Figuera, han sido recibidas con una mezcla de esperanza y escepticismo. No es extraño. Venezuela ha convertido el diálogo en un género literario: Abundan los capítulos, escasean los desenlaces. El nuevo proceso anuncia una agenda para fortalecer las instituciones, reconstruir garantías políticas y avanzar hacia una transición democrática. Esa es, al menos, la declaración de principios de ambas partes.

Pero antes de hablar de transición, convendría responder una pregunta elemental: ¿Transición hacia dónde?

Porque una transición no es un movimiento en sí mismo. Es un desplazamiento desde un punto de partida hacia un destino previamente definido. Si el horizonte no es compartido, la negociación corre el riesgo de convertirse en un intercambio de palabras donde cada interlocutor utiliza idénticos términos para designar realidades incompatibles.

¿Qué entiende el Gobierno por democracia? ¿Qué entiende la oposición por reinstitucionalización? ¿Qué significa, para ambos, restablecer el Estado de Derecho? Mientras esas nociones permanezcan deliberadamente ambiguas, cualquier acuerdo será apenas un armisticio semántico.

La política no se sostiene sobre buenas intenciones sino sobre correlaciones reales de poder. Ninguna mesa modifica por sí sola la naturaleza del conflicto. Solo registra, con mayor o menor elegancia, el equilibrio existente entre fuerzas que todavía desconfían unas de otras. Por eso resulta ingenuo esperar que un documento firmado produzca automáticamente una nueva realidad institucional.

Tanto el gobierno como la oposición deberían abandonar la costumbre de negociar pensando exclusivamente en conservar parcelas de poder. Un acuerdo serio exige que ambos acepten límites verificables, instituciones capaces de controlar a quienes gobiernan y reglas que sobrevivan incluso a quienes hoy las negocian. Sin ese compromiso, cualquier transición será apenas un cambio de administradores, no de sistema político.

Y los ciudadanos harían bien en desconfiar tanto del triunfalismo oficial como del entusiasmo opositor. La experiencia venezolana aconseja prudencia. No porque el diálogo sea inútil, sino porque ninguna negociación sustituye la construcción paciente de instituciones estables. Las sociedades no cambian por efecto de los comunicados, sino cuando las reglas dejan de depender de la voluntad de quienes ocupan temporalmente el poder.

Quizá el verdadero éxito de estas conversaciones no consista en producir un acuerdo espectacular, sino en responder con honestidad una pregunta que Venezuela lleva demasiados años evitando: Si todos dicen querer una transición, ¿están realmente dispuestos a llegar al mismo destino…?