Opinión
Unas propuestas sobre la Ley de Partidos Políticos a Reformar

Julio César Hernández

            DECISIÓN

Ha concluido el breve ciclo, tercer encuentro, entre la Asamblea Nacional 2015, con la comisión designada por el Presidente de la AN-2026, con la decisión de reformar un conjunto de leyes, entre ellas, la de partidos políticos. La importancia y pertinencia de dicha reforma, se entiende porque en la actualidad, el espectro de las “asociaciones partidistas”, se encuentra al igual que otras instituciones, bastante deteriorado, lo que ha impedido un ejercicio pleno, seguro y confiable a las mismas, pues, por las múltiples argucias del autoritarismo imperante, las convirtieron en facciones contrarias, aunque se calificaban de democráticas, lo que hizo imposible una articulación efectiva para enfrentarlo, de manera cohesionada y coordinada.  

   DOLOSAS OMISIONES

A lo anterior, se suma el articulado de la vigente Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, como así se le conoce legalmente, cuyo artículo 1°, los reconoció como “asociaciones permanentes”, para participar por medios lícitos en la vida política del país, sin que les reconociera que la finalidad de sus existencias, era alcanzar el poder, solo participar, tal vez por eso, nunca permitieron que fuerzas democráticas adversarias, pudieran acceder al Gobierno y la Administración del Poder Ejecutivo nacional y, a lo largo de todos estos años, se privilegiara al PSUV, relegándose o inhabilitándose a los demás. 

En razón, de las anteriores circunstancias, en la ley de partidos políticos a reformarse, debería incluirse que, la finalidad de los partidos políticos es alcanzar el poder, por medios lícitos, pero, además, agregar también, que los partidos, son columnas de la Democracia, pues en la ley vigente, la alusión a este sistema político, es nula. Y es que, en la reforma legal prevista, la acción de los partidos políticos, debe dirigirse al mantenimiento y protección de este sistema libertades, por encima de la lógica partidista, lo que por supuesto, deberá ser regido y supervisado, por la autoridad competente, o ser denunciado por otros partidos, en caso de incumplimiento.

 PRINCIPIOS A AGREGAR

Como fundamento ideológico de sus actividades, la ley, advierte que las mismas se deben apoyar en programas y estatutos, libremente acordados por ellos. En relación al diseño de los Estatutos, la ley a reformarse, podría establecer un proceso de formación normativa, por el órgano correspondiente, sometido a la deliberación y aprobación de una determinada mayoría, que, además, contemplen de manera insalvable, la inclusión de los principios democraticos constitucionales, que deben preceder a todos los gobiernos que conforman el Estado federal-descentralizado venezolano, pues los mismos, no pueden apartarse de la Constitución, ya que también, deben someterse al actual Estado de Derecho.

                                                                            ¿QUÉ PROTEGER?

Ahondar legislativamente en la organización y funcionamiento de los partidos políticos y, por ende, de la Democracia, implicará que se pueda declarar como “bien jurídico protegido”, la representación o intermediación que se les asigna ante la Sociedad, lo que haría que el Estado a través de la autoridad competente, pueda ordenar correcciones o mejoras en sus distintas prácticas, pues en tal sentido, no pueden seguir coloquialmente actuando, como hijos sin padre o madre; sus directivos en todos los niveles político-territoriales, deberán internalizar que, a esa sociedad, le interesa que funcionen con métodos democráticos, transparentes y responsables.

    ESTADO-SOCIEDAD

Con base en las anteriores razones, se propone que los partidos políticos, sean declarados personas jurídicas de interés público, dado que, sus funciones se dirigirán a la protección de la Democracia, ergo, el Estado y la Sociedad, deben ser llamados a combinarse para tutelar su democracia interna y, demás actuaciones o decisiones, como expresión e imagen parcial de la soberanía popular y partidista que en ellas se contienen; la nueva legislación debería crear, mecanismos de rendición periódica de cuentas a sus élites, pues, sobre esas gestiones, la militancia de estas organizaciones, podrá opinar, sobre la calidad y eficiencia de las mismas.

       POR RESOLVER

Uno de los dilemas a resolver, por la reforma a realizarse, será si se continua o no, obteniendo a través de sentencias, supuestas soluciones a la legitimidad de directivas partidistas, que como se ha visto en la actualidad, no han dilucidado absolutamente nada, todo lo contrario, han agravado los fraccionamientos, por ello, debería privilegiarse en la reforma legislativa, como remedio a los impases sin acuerdos, acudir a métodos democráticos electorales transparentes y confiables de carácter constitucional, sin los cuales, no podría recurrirse a las instancias administrativas o judiciales. En tal sentido, la representación legal de los partidos políticos, la ejercerán quienes hayan sido electos de manera legítima por la base de militantes. 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Consecuencia de lo anterior, que se puntualice que, los partidos políticos, tendrán una única y, exclusiva dirección y representación, en los distintos niveles político-territoriales del país. En tal sentido, deberá prohibirse e impedirse la existencia fáctica de otra asociación o comunidad partidista, con el mismo nombre del partido político que detenta los atributos legales mencionados, porque en la actualidad, la ley de partidos, no contempló mecanismos efectivos y coercitivos, para dilucidar conflictos internos referidos a la conducción partidista, por lo que se deberían contemplar intervenciones o sanciones administrativas, para evitarlos o impedirlos.  

POSICIONES PÚBLICAS

En la última década, observamos cómo, algunas tendencias de partidos políticos, cooptados por el régimen dominante, se decían de oposición, pero en la práctica, votaron en la Asamblea Nacional, todas las proposiciones que planteaba el grupo parlamentario del PSUV, lo que los hacía adherentes al mismo, incluso su retórica era similar al partido oficialista, por lo que, se hace indispensable que, se redacte una norma que, los haga fijar posición pública, respecto del rol         a cumplir durante los períodos gubernamentales: progobierno, independientes u oposición, con sanciones administrativas y electorales, en caso de contrariar esa declaración. 

INVIOLABILIDAD DE SUS SEDES

Ojalá en esta nueva legislación, el Estado venezolano, garantice la inviolabilidad de las sedes partidistas. En tal sentido, debería comprometerse a respetar y permitir el ejercicio de los derechos civiles y políticos, dentro de sus instalaciones, así como respetar y proteger de ser necesario, sus archivos, equipos y, demás documentos de su propiedad o de la militancia. Igualmente, brindárseles seguridad en el desempeño de la actividad política, cuando las circunstancias así lo requieran. La mencionada inviolabilidad de sede partidista, quedaría liberada cuando exista una decisión judicial escrita y motivada que, autorice un allanamiento.

              PROHIBIR

Prever la prohibición a la doble militancia, podría ser otro supuesto de hecho a incluir en la reforma a realizarse, pues esta forma de erosionar la democracia y en especial el oficio político, sigue realizándose, sin que, en el país, la normativa vigente, lo detenga, lo que permite que los llamados tránsfugas, apenas salgan de un partido y se quiten su franela en minutos se coloquen otras, sin que se regule esta clase de procedimientos, que debería ser guiado por la autoridad competente, la que en todo caso, sería la competente para autorizar, la nueva incorporación, luego de excluirlo de la nómina partidista a la que pertenecía.

     REQUISITO VITAL

Ya para finalizar, se recuerda lo oportuno que sería incluir en la nueva legislación, la obligatoriedad en la formación política y de Estado, de los dirigentes que hacen vida partidista, como una manera de combatir el empirismo político, de evitar la improvisación, para ir excluyendo del oficio a dirigentes y partidos incapaces de tener visiones claras y “factibles” de sus planes y proyectos, y para eso la nueva legislación, debería exigir también a los candidatos que aspiren dirigir partidos y niveles de gobierno, presentar a sus electores, su hoja de vida, con la trayectoria y capacitación para funciones de Estado; esa sería la mejor propaganda para todos ellos.