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Las decisiones de la Unión Europea sobre Venezuela contrastan con lo que fue, por lo general, el comportamiento de los países que la integran en relación a Latinoamérica. Podría decirse que Europa, de forma global, siempre tuvo un ángulo distinto al de los sectores radicales muy influyentes en Washington para abordar los procesos políticos de la región, aun cuando en su mayoría eran parte de Occidente en el enfrentamiento con el bloque soviético. Pero el mundo ha cambiado y la fusión de ideas e intereses es hoy mayor que antes.
Este nuevo alineamiento ideológico y económico, más estrecho que ayer, pudiera explicar la actual intervención en los asuntos internos de un país suramericano dirigida a provocar una modificación de las políticas de ese país y un cambio de gobierno. Una actuación que se adelanta aun a sabiendas de que se realiza al margen de las cláusulas y el articulado de la legislación internacional vigente, y sin la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Aunque algunos gobiernos de la Unión Europea anuncian la posibilidad de otras sanciones, por el momento han sido aprobadas aquellas relativas a la dotación de las fuerzas armadas y a telecomunicaciones. En principio, pudiera pensarse que estas decisiones no tendrían mayor impacto y que no están dirigidas a la población.
Sin embargo, el resultado es que se apunta a debilitar la capacidad de defensa del país en relación a los países vecinos con los que tiene problemas fronterizos. Ese es el único efecto concreto de la medida. Y al debilitarse un país, su ciudadanía es objetivamente afectada, no solo su Gobierno. En materia del diferendo entre Venezuela y Colombia, no hay explicación responsable para que la Unión Europea haya tomado partido a favor de Colombia, ya que más bien le correspondería el rol de quien procura acuerdos.
Las sanciones adicionales que algunos países miembros de la UE proponen tomar estarían dirigidas a afectar las condiciones de vida de la población. Ya se habla de aprobar un bloqueo de las transacciones financieras de Venezuela, lo que limitaría o impediría la compra y venta de mercancías. Se añadiría un peso más a las dificultades económicas por las que atraviesa el país, que tienen su base en una tradicional economía rentista y en errores de las políticas macroeconómicas del Gobierno.
Con un bloqueo financiero, y de hecho comercial, se incrementarían las carencias de la población. Eso se sabe y se está consciente de ello en Bruselas. Pero una ecuación insólita parece justificarla: al acrecentarse las privaciones de la población por efecto de las sanciones, se espera que se produzca una implosión social que presione hacia un golpe militar que conduzca a un cambio de gobierno.
De adoptar esas sanciones, la UE se habría trazado un objetivo político en el que poco importaría afectar la vida de la población para alcanzar el fin. Obviamente un giro gigante en relación a la conducta o la imagen que transmitía Europa hace pocos años.
Leopoldo Puchi
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