Opinión
Universidades sin votos

Luis E. Ibarra

Un decano electo para cuatro años que lleva dieciséis en el cargo evidencia una conducta anómala y antiacadémica. La  universidad más autónoma del país, UCV, durante años fue frenada de renovar autoridades hasta mayo de 2023, luego de quince años de espera. Las universidades autónomas no han podido elegir a sus autoridades desde 2008. Aunque el relato solo presenta como exclusivo villano al gobierno, muchos directivos de universidades disfrutan la comodidad de presentarse como víctimas no responsables de la no realización de elecciones. Sin embargo, un mínimo de observación expone dos responsables, y con certeza el segundo despacha desde los rectorados, vicerrectorados, decanatos y consejos universitarios. Es innegable que el gobierno bloqueó las elecciones. Pero, fueron las autoridades universitarias quienes convirtieron ese obstáculo en una forma de vida y cara de “Yo no fui”.

El gobierno conoce que el espíritu universitario es rebelde; además los académicos siempre han demostrado un rechazo tradicional hacia los hilos del poder omnipotente. Puesto que en los campus más del 85 % de los votantes rechaza sus candidatos, militantes o aliados, se sabe que los vinculados al oficialismo están impedidos de  ganar cualquier votación universitaria libre. De ahí surge su resistencia a permitir elecciones, además de inventar mecanismos que dificulten su realización. Con ese objetivo, el instrumento quirúrgico ideado por el oficialismo  fue una tutela del Estado sobre los comicios universitarios. La Ley Orgánica de Educación de 2009 impuso un voto paritario de cinco sectores: profesores, estudiantes, egresados, personal administrativo y obrero. Solo les faltó incluir proveedores y padres y representantes. Un exabrupto irracional con intención maquiavélica, calculada para diluir la esencia del voto académico, porque conceptualmente la universidad es un ente académico, no una empresa. Su propósito es la producción de conocimiento, docencia e investigación. Por lo tanto, quienes deben definir el rumbo científico de la universidad son aquellos involucrados en el hecho académico: profesores y estudiantes. Un rector, vicerrector o decano tiene que mostrar ser un líder científico además de gerente de la academia. Por donde se quiera mirar, el personal obrero, por la naturaleza de sus funciones, no posee los elementos de juicio necesarios para evaluar las credenciales académicas, planes de investigación o proyectos curriculares de los candidatos. Tampoco los alumnos sin suficiente avance en sus carreras, ni los administrativos no profesionales. Se requiere portar cierta formación estudiosa para ejercitar a cabalidad la función de elector universitario. Obviamente, esa regla anti universitaria atrajo el respaldo vehemente de gremialistas obreros y administrativos quienes vieron una oportunidad para acceder a más poder de negociados dentro de las instituciones. Y al liderazgo estudiantil agradó esa cuenta de igualar un voto profesoral por uno de estudiantes, alguien les susurró que ahora los grandes electores serían ellos, asegurando a políticos estudiantiles que desde el aula ya podrían negociar su acostumbrada eterna  permanencia en la universidad. Al incluir al resto de sectores del personal con el mismo peso electoral se desnaturalizó el concepto de “comunidad académica” dispuesto en la Ley de Universidades. Debido a esa desgraciada manipulación política, el sector lógicamente más importante de la universidad, su personal académico, quedó relegado y  arrinconado por el poder electoral de esos grupos internos, que ahora fijan condiciones y doblegan al docente aspirante a un cargo jerárquico universitario, además de exigirle compromisos que generalmente golpean la institución.

Desde esa infausta manipulación castrista, cada intento de elección tropieza con el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional de Universidades o la exigencia de someter el proceso a órganos electorales del Estado. Los ejemplos han sido frecuentes. En agosto de 2019 la Sala Constitucional, con la sentencia 324, obligó a las universidades a elegir bajo sus reglas. En noviembre de 2023 se suspendieron las elecciones de la Universidad de Carabobo. En marzo de 2024 la Sala Electoral suspendió las de la Universidad de Los Andes, previstas para el 30 de abril, hoy próximas a realizarse durante este noviembre. Aunque durante años el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el gobierno exigían la paridad absoluta de un elector un voto, hoy para permitir votaciones, entró en vigor un Reglamento Transitorio que estipula la proporción porcentual para cada uno de los cinco grupos de votantes durante la elección de autoridades.

No obstante, la intención gubernamental a largo alcance fue inducir  implosiones amparadas en ese corrillo propagandístico de crear igualdad absoluta. Sin renovación, sin presupuesto y con un profesor titular a dedicación exclusiva cobrando un par de dólares mensuales, las instituciones se han vaciado solas. Al agresor le bastó con esperar.

Salvo los tiranos, casi nadie llega a un cargo pensando quedarse dieciséis años. Pero el ámbito universitario no es inmune a la metamorfosis del interino. El primer año de prórroga se vive como un sacrificio necesario. Vía al quinto, quizás se siente como un deber. Hacia el décimo año, el sacrificio se transforma en identidad, porque en su psiquis el rector, vicerrector o decano ya no ocupa el cargo, … es el cargo!! ¿O se cree?

La literatura sobre delirios de poder puso nombre a estos desvaríos. El médico británico David Owen lo llamó «síndrome de hubris». Una alteración psicológica que se desarrolla en personas tras ejercer el poder, el éxito o la autoridad durante un tiempo prolongado. El desvariado directivo asume  la convicción creciente de ser imprescindible, además de propender al desprecio por la crítica y una extraña  confusión de roles intercambiables entre su permanencia y el bien de la institución. No se puede atribuir al desorientado ejecutivo universitario intención de maldad. Para ponerse en modo “aquí el Estado soy Yo”, basta con acumulación de tiempo y ausencia de rendición de cuentas. Así nace el relato del gestor heroico. “Gracias a mí la universidad sigue abierta”. Ese cómodo relato omite lo esencial: la fuga de profesores, los laboratorios desmantelados, la matrícula en caída, los edificios sin mantenimiento, y la consecuencia obligada que se evidencia en el derrumbe estrepitoso de la intangible calidad del egresado. Él y nadie debería olvidar que todo eso ocurrió bajo su firma y gestión de silencio sepulcral. Porque quien se atribuye la supervivencia también debe responder por el evidente deterioro institucional.

Nadie debería negar que el silencio también es una firma. El discurso de “No podemos hacer elecciones porque el gobierno no nos deja” resulta acomodaticio y conveniente. Una frase como esa es cierta, y por eso funciona tan bien como coartada creíble porque convierte la permanencia indefinida en una obligación patriótica, y a quien la cuestione se asoma como un destructor nada amigable. Pero había alternativas como convocar elecciones, intentarlas para obligar al Estado a arbitrariamente suspenderlas a la vista de todos. También poner los cargos a la orden y renunciar en bloque como gesto universitario de dignidad personal y sobre todo institucional. Aunque retardada e inexcusable en su condición de referente nacional, la UCV demostró en 2023 que, con presión de su comunidad, era posible votar con apoyo técnico propio y sin el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué eso fue la excepción? Si, pero no por imposible, sino porque en otras casas pocos tuvieron interés en intentarlo. Y es que, después de la UCV, 2024 debió haber sido el año electoral anti paridad universitaria. Sin embargo, los atrincherados en la estructura de poder académico no mostraron ningún interés creíble de dejar sus blindadas posiciones.

En ocasiones, lo grave es lo que se hace en silencio. Profesores que preguntan por la fecha de las elecciones son puestos “entre ojos” y hasta reciben advertencias. Gremios críticos son tratados como enemigos internos. Autoridades sin mandato vigente terminan ejerciendo sobre su propia comunidad la misma intolerancia que pudieran alegar padecer del gobierno. Quien reprime la crítica dentro del campus le hace el trabajo al autoritarismo que, además, tampoco el gozón burocrático se atreve a denunciar afuera.

Pero algunos pudieran inferir una pregunta incómoda: ¿vale hacer elecciones con este electorado y condiciones? Bueno, tal vez pocos lo quieran oír y menos decir. Obviamente, décadas de poder sin renovación no solo pudieran corromper a los usufructuarios. También pueden haber enseñado a negociar a parte de la comunidad. Hay doctores que ofrecen su voto a cambio del ingreso de un familiar en la nómina, de una comisión de servicio sin dejar la universidad o de un favor interno. Aunque en pequeña escala, la universidad que se presenta como reserva moral del país, parece reproducir la misma compraventa electoral que se critica afuera. Y sus electores cometen una falta más grave que la del ciudadano que entrega su apoyo por una bolsa CLAP o una lámina de zinc. Aquel enrojecido actúa desde la imperiosa necesidad; el profesor con postgrado desde la vergonzosa conveniencia. A mayor formación y privilegio, asignamos mayor responsabilidad. Sin duda que el hambre atenúa y el título agrava. El lío es que quienes duran tanto tiempo en los cargos universitarios han tenido el triple del tiempo haciendo favores interesados en cautivar votos a futuro. Resulta quijotesco pretender ganar una elección interna a quien recibe tiempo extra para construir una intrincada estructura de favores personales.  De ahí nace la tentación de pensar que, con este electorado y sus reglas CNE, es mejor no votar. Puede ser un error, porque una comunidad se cura exponiéndola y jamás suspendiéndola. Las elecciones son también el único momento en que el clientelismo deja huella y, al menos para dejar constancia, puede ser denunciado. Esas condiciones de paridad de voto siempre deben ser rechazadas. No por exclusión sino por lógica racional. Los verdaderos universitarios tienen el deber de resistir ese esquema electoral que diluye el mérito por equiparar el voto profesoral con el de otros sectores. Ese desequilibrio desvirtúa la esencia de la educación superior, y reclama normativas internas que protejan la excelencia académica, garanticen la transparencia en el uso de los recursos y aseguren que el destino de la casa de estudios sea regido por el conocimiento y la meritocracia.

Cuando las autoridades universitarias extienden sus mandatos por periodos adicionales debido a la imposición de condiciones que vulneran la autonomía, el tiempo extra en funciones debería transformarse en resistencia activa dentro de la institucionalidad. Aprovechar esta permanencia para blindar la academia mediante la creación de reglamentos internos es un deber prioritario. Esta labor legislativa  no exige presupuestos, y permite levantar barreras jurídicas contra las corruptelas administrativas que desde adentro debilitan a la institución. Si quienes dirigen la universidad no están dispuestos a asumir esta responsabilidad de ordenamiento ético, la renuncia es el único camino digno, pues la pomposa inacción solo auspicia la decadencia. La defensa de la autonomía universitaria no puede seguir siendo la salvaguardia de quienes ocupan cargos. Son dos cosas distintas y no deben ser confundidas. A las autoridades con mandato vencido no se les pide heroísmo. Se les pide una fecha de elecciones, convocada y defendida en público. Si los votos son académicos mejor. Se les pide poner sus cargos a la orden. Y se les pide no tratar como enemigos a quienes hacen la pregunta que ellos debieron vociferar hace años. ¿Por qué un gobierno adora una universidad sin votos? Lo triste es que, en demasiadas instancias universitarias, el oficialismo encontró quien se las administre y le complazca a su antojo.