Opinión
Venezolanos bajo terror de cacería

Luis Fernando Ibarra*

Disfrutar una vista aérea de la ciudad de Doral, Florida, resulta un evento espectacular inolvidable.  Las tomas aéreas ofrecen avenidas arboladas con palmeras, campos de golf perfectamente cuidados, piscinas privadas, urbanizaciones de techos rojos, el tráfico ordenado de una ciudad próspera del sur de la Florida. Una urbe amada por miles de orgullosos venezolanos, quienes desde hace años vienen haciendo más próspera a su nueva tierra Doralzuela. Un lugar donde cada emigrante venezolano construía una vida, alejado de las penurias que juraba haber dejado atrás. Pero más allá de cualquier retórica, la realidad les viene asechando con peligrosos lances de traerlos de regreso a la tierra que aman, pero adonde no anhelan regresar. La repatriación obligada es una posibilidad no deseada para miles de familias. Por ello, surge una pregunta inevitable.  ¿En verdad hay una injusticia ocurriendo hoy en Estados Unidos que mantiene a la comunidad venezolana en terror? Luego de revisar la evidencia disponible hasta esta semana de septiembre de 2026, la respuesta es …  sí. Hay un atropello real y documentado, y tal vez no se explica solo con la política migratoria de Washington. También involucra, de forma incómoda, al propio Estado venezolano, debido al fatal desenlace del vuelo 164 del 24 de junio de 2026, cuando sus ocupantes habían sido retenidos en La Guaira y el edificio donde los encerraron colapsó con el sismo. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en su investigación independiente ha sido categórico al señalar que no existe ningún parámetro legal que justifique que personas libres de cualquier proceso penal y recién deportadas, fuesen obligadas a pasar la noche en una sede de inteligencia.  

Muy a pesar de lo ocurrido con las pérdidas del 164, los operativos de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en Doral en 2026 se intensificaron. Para septiembre, medios locales describen la ciudad como un “pueblo fantasma”, con calles vacías, comercios cerrados, y familias que evitan salir de casa. El concejal Rafael Piñeiro, nacido en Caracas y hoy edil de Doral, calificó las detenciones de “inhumanas” e “incorrectas”, y envió un informe formal a los congresistas de la Florida, documentando el impacto económico y escolar de los operativos. Es una crítica que no viene de un opositor al gobierno trumpista, sino de un funcionario electo dentro del propio sistema republicano de Florida.

Según el Instituto de Política Migratoria, en 2023 vivían en Estados Unidos alrededor de 770 mil inmigrantes venezolanos, de los cuales cerca del 49%, unos 377 mil, residían en Florida. Doral, apodada por la comunidad venezolana “Doralzuela”, lideriza esa presencia expresada en comercios, restaurantes, agencias inmobiliarias y oleadas de profesionales con sus firmas, fundadas por venezolanos que transformaron una ciudad que en gran parte hace veinticinco años era terreno agrícola. Una comunidad donde el 48% de los inmigrantes venezolanos mayores de 25 años tiene título universitario, frente al 36% de los estadounidenses. El 75% de los venezolanos en edad de trabajar participa en la fuerza laboral, por encima del 67% de otros inmigrantes y del 63% de los nativos. El ingreso medio de los hogares venezolanos fue de 71 mil novecientos dólares en 2023. Organizaciones como FWD.us calculan que los venezolanos con TPS (un beneficio de inmigración temporal a personas que no pueden regresar a su país por estar sumergido en una crisis que les pone en riesgo) contribuyen con miles de millones de dólares cada año a la economía y comparten hogar con más de 113 mil ciudadanos estadounidenses. Es decir, son padres, cónyuges o abuelos de estadounidenses de nacimiento. Solo con la designación de TPS de 2023 había 242 mil setecientos titulares reconocidos y otros 472 mil venezolanos potencialmente elegibles bajo ese año. La orden de emergencia que la Corte Suprema concedió al gobierno el 3 de octubre de 2025 retiró de un plumazo la protección a más de 300 mil venezolanos, según cifras citadas por Telemundo. En Florida, un estudio de The Conversation estimó en 341 mil el número combinado de inmigrantes venezolanos y haitianos que podían perder su residencia legal y permiso de trabajo solo en ese estado.

Al drama de deportación se agrega la situación de familias que en Venezuela dependen de lo que sus parientes envían desde Florida.  Otras estimaciones calculan que Venezuela recibió alrededor de 4 mil millones de dólares en remesas durante 2024, equivalentes a cerca del 5% del PIB del país (Ecoanalítica). Algunas proyecciones para 2026, en un contexto de flexibilización parcial de sanciones y reactivación de canales bancarios, proyectan remesas de hasta 6 mil millones de dólares anuales. Para familias residentes en Venezuela, las remesas son la diferencia entre comer tres veces al día o no, entre pagar una consulta médica o postergarla, entre mantener a un hijo en la escuela o sacarlo. Cada trabajador venezolano en Doral que pierde su permiso de empleo, cada familia que debe gastar sus ahorros en abogados de inmigración o en una fianza, es una remesa menos que llega a Barquisimeto, Maracaibo o Valencia. El costo de este “desmán”, se mide en Florida como también en la mesa de una familia venezolana que hoy recibe menos dinero que hace un año.

Surge otra interrogante: ¿Es legal lo que está pasando? La respuesta es que hay disputa con una batalla judicial en desarrollo. Mientras las cortes deciden, unas 300 mil personas están sin protección, escondiéndose y viviendo bajo la lotería de la deportación. Organizaciones de derechos civiles y migratorios consideran que los derechos de los venezolanos están siendo vulnerados. Aparte de violaciones al debido proceso, el principio de no devolución prohíbe repatriar a una persona a un país donde enfrenta riesgo de persecución o daño grave. El caso del vuelo 164 es el ejemplo de por qué ese principio exige evaluaciones individuales frente a devoluciones masivas por decreto. Otra violación descarada afecta en más de 113 mil hijos, cónyuges o padres de venezolanos con TPS, quienes, siendo ciudadanos de ese país, tienen su derecho a la integridad familiar en peligro.

Los abusos masivos tienen memoria electoral, y esta historia ya aparece en encuestas que muestran como en marzo de 2026 el 66% de los hispanos desaprobaban la gestión de Trump, y entre los electores hispanos, los demócratas aventajaban a los republicanos por casi 30 puntos en la intención de voto para el Congreso.

Resulta necesario aclarar que el 53 % de los votantes cubanoamericanos de Florida mantienen su respaldo a Trump. El desgaste parece concentrarse entre venezolanos, colombianos y otras comunidades directamente golpeadas por el fin del TPS y del parole humanitario CHNV, un programa para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Hoy ese beneficio temporal, para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos por un periodo de hasta dos años, con requisito de un patrocinador financiero y cero antecedentes, está suspendido. Esa comunidad venezolana celebró en enero la captura de Maduro, viendo en Trump a un aliado frente al chavismo. Ocho meses después, esos votantes podrían castigar en las urnas a los republicanos, por una política de deportaciones que no distingue entre quien huyó de persecuciones y quien hoy trabaja y paga impuestos en Doral, portando papeles en regla que Washington decidió desconocerles. Algo que recuerda la tragedia ocurrida hace años (2015) a aquellas familias colombianas ceduladas electoralmente, que la televisión mostró cargando en sus espaldas camas, televisores, neveras y otros pesados enseres, mientras con lágrimas oían maquinaria pesada derrumbar sus humildes viviendas, previamente marcadas por militares con la letra “D”, botados cual parias cruzando a pie las aguas del río Táchira.

¿Es posible para los venezolanos demandar al gobierno estadounidense por esos desafueros? Si. Cualquier familia afectada puede consultar a un abogado y accionar según las leyes. Aunque mejor que una demanda individual pudiera plantear un litigio colectivo. Para cambiar la política trumpista de deportar venezolanos sin respetar su condición, a la mayoría de los afectados les conviene sumarse a organizaciones que respalden litigios contra el accionar del gobierno.  Aunque algo restringida, otra opción es la Ley Federal de Reclamos por Agravios, que permite demandar al gobierno de Estados Unidos por daños causados por la negligencia o el mal accionar de un agente federal. También se puede recurrir vía el hábeas corpus. Sirve para que una persona detenida impugne la legalidad de su detención ante un juez. Ya ha sido usada con éxito en casos puntuales de deportaciones aceleradas. Sin embargo, con una Corte Suprema de mayoría conservadora, 6 a 3, la vía judicial federal es muy difícil para la defensa del TPS. Las únicas formas de protección pudieran surgir de legislación que pueda aprobar el Congreso o que los afectados antes de las fechas límite cambien su estatus mediante peticiones familiares o de asilo. ¿Y el caso del vuelo 164? Si la decisión de deportar fue legal, nada que litigar en USA.  La vía de rendición de cuentas por esas muertes pasa por los tribunales de Caracas contra funcionarios venezolanos.

En resumen, en este drama nada es reducible a cifras económicas o argumentos legales, porque el costo más alto de esta injusticia es humano e intangible. Profesionales de salud mental que trabajan con comunidades migrantes en Estados Unidos han documentado niños con ansiedad elevada, hipervigilancia, trastornos de sueño y alimentación, evasión escolar y bajo rendimiento académico, todo asociado al miedo de que un padre o una madre no esté en casa cuando regresen de la escuela. También adolescentes que reportan síntomas de estrés traumático crónico. Adultos mayores, muchos de los cuales ya cargaban con el trauma de haber huido de la represión política en Venezuela, describen ataques de pánico renovados, sustracción de citas médicas y de espacios públicos, y la sensación, como lo resumió una vecina de Doral, de “haber sobrevivido a una persecución solo para temer otra”.

Hoy la Doralzuela muestra calles vacías por un toque de queda autoimpuesto desde el miedo. Mientras, los funcionarios de inmigración ICE declaran que los operativos priorizan a personas con órdenes de deportación firmes o con antecedentes penales descalificantes que incluyen vínculos con el Tren de Aragua; además, los agentes se defienden argumentando que la presencia de ICE en zonas de alta concentración migrante como Doral, refleja una política nacional que no es una campaña dirigida contra los venezolanos.

Es legítimo debatir sobre si el fin del TPS es jurídicamente correcto. Sin embargo, la Corte Suprema todavía no lo ha resuelto. Lo que no admite discusión es que, para los casi 377 mil venezolanos que viven en Florida, este percance no es una  abstracción. Se expresa en pupitres vacíos, en negocios de arepas con las persianas caídas, en remesas que este mes no llegan a Maracaibo, y en familias del vuelo 164 que, dos meses después de una tragedia fatal, siguen esperando que algún gobierno  les explique ¿por qué?

Referencias:

• Telemundo — “La Corte Suprema permite al Gobierno de Trump eliminar la protección contra la deportación para 300,000 venezolanos”

• The Conversation — “Florida is home to about 341,000 immigrants from Venezuela and Haiti who may soon lose residency, work permits”

• Ecoanalítica (Asdrúbal Oliveros) — estimaciones de remesas a Venezuela, vía Al navío / Banca y Negocios (2024-2026)

*Ingeniero de Sistemas. Profesor emérito de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Master of Science in Industrial Engineering. Doctor of Management in Organizational Leadership.