Una humareda que afecta a cientos de familias en Ureña
27 de noviembre de 2024
Francisco Javier Sánchez C.
En 2016, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejército del Pueblo (FARC-EP), firman el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (Acuerdo de Paz), que terminó con los enfrentamientos armados entre ambas partes y sentó las bases para la reinserción de los combatientes, la reparación de las víctimas y la justicia, a través de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El proceso para alcanzar ese acuerdo, el documento mismo y su implementación, que actualmente se adelanta, han sido respaldados por la mayoría de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional, esta última con distintos grados de compromiso. Por intereses diversos, Venezuela apoyó ese proceso y su resultado, en esto incluso coincidieron las distanciadísimas posturas del chavismo-madurismo en el poder y la oposición democrática; en cuanto a la implementación, las cosas apuntan en otra dirección. El Acuerdo ha sido respetado por el 90 % de los exguerrilleros, según el Gobiermo colombiano y las onegés que le hacen seguimiento.
Tres años después, a finales de agosto de 2019, una facción de la otrora fuerza insurgente avisa que vuelve a las armas, como supuesto instrumento de cambio social, por lo demás moral y legalmente inválido, y arrogándose una imposible, por falsa, representación del pueblo colombiano, apropiándose también de las siglas, por cuanto del Acuerdo surgió un partido político FARC – Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que tiene representación en el Congreso. La facción disidente, encabezada por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich y Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa, se traiciona a sí misma, a la sociedad colombiana que abrumadoramente le apuesta a la paz, y a la comunidad internacional. Además, busca aliarce con otra fuerza subversiva, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con la que antagonizaron en la lucha por el control territorial y negocios ilícitos, pero con la que planean estrategias conjuntas contra la democracia y la sociedad. Para los que ahora vuelven a la insurreción armada, el ordenamiento jurídico colombiano e internacional tiene distintos instrumentos para combatirlos porque se violan, entre otros, el Acuerdo, cuyos principios están en la Constitución, y la Resolución Nº 1.373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El presidente de Colombia, Iván Duque, los ha señalado como banda de narcoterroristas.
El Acuerdo de Paz ha sido respetado y sirve de amparo legal a miles de excombatientes que deben ser respetados y protegidos por el Estado y la sociedad colombiana. Hay ejemplos de la voluntad de estas personas por reinsertarse en la sociedad, por reconocer sus culpas y delitos, de solicitud pública y privada de perdón a las víctimas para quienes ha habido avances en su reparación, hay constancia de proyectos que con recursos económicos y asesoría del Gobierno de Colombia y de otros países, de agencias internacionales y también con fondos particulares de los propios colombianos, contribuyen decididamente en la implementación del Acuerdo. Aun cuando falta mucho por hacer, los avances son innegables y la sociedad los avala porque se beneficia de ellos.
El proceso de negociación y la firma del Acuerdo gozaron del apoyo formal de Venezuela, el país fungió de acompañante en aquella etapa. Sin embargo, los Gobiernos venezolanos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han jugado sibilinamente a dos bandas: más hacia el reconocimiento y apoyo a la insurgencia colombiana, y menos hacia la verdadera salida pacífica del conflicto. El primero pidió en su momento el reconocimiento de la beligerancia internacional de las FARC y el ELN, luego fue mediador entre estas y el Gobierno colombiano, hasta que el presidente Uribe lo cesó en sus funciones por tratos directos con militares colombianos de alto rango. Maduro ha dicho que en el país son bienvenidos los jefes guerrilleros, Márquez y Santrich; el apoyo al proceso de paz se diluye si se da cobijo a quienes lo han saboteado y ahora lo rompen.
De otra parte, dentro del surrealismo político al que se asiste en Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional y encargado del Gobierno, Juan Guaidó, ha señalado su rechazo a la facción violenta que reasume las armas en Colombia, apoya la institucionalidad y a la sociedad colombiana, mantiene comunicación con el presidente Iván Duque y ha ofrecido las capacidades que tiene: personal de inteligencia que suministra información y permitir el uso de tecnología satelital para identificar la presencia en territorio venezolano de campamentos de insurgentes colombianos, pertenecientes a cualquier organización. La Asamblea aprobó un acuerdo por el que se señala a los disidentes de las FARC y al ELN como grupos terroristas.
En una vuelta de tuerca, Maduro señaló a Duque de intentar una escalada violenta contra Venezuela, al culparle este último de dar cobijo a miembros de grupos insurgentes colombianos, por lo que ordenó ejercicios militares en la frontera con Colombia y activó una alerta naranja, que nadie sabe a ciencia cierta en qué consiste. Este tipo de retórica, que sucede cuando las relaciones entre ambos están totalmente rotas, y la movilización de componentes militares a zonas de frontera donde hacen vida bandas criminales que manejan redes de contrabando, narcotráfico, trata de personas, entre otras, no debe tomarse banalmente. El escenario es más que tenso, volátil, y cualquier actuación, incluso involuntaria, puede ser la chispa que provoque un enfrentamiento en el terreno entre Colombia y Venezuela; es necesario alertarlo.
Venezuela debe rechazar a cualquier grupo insurgente y delincuencial y ayudar al Gobierno colombiano en la implementación del Acuerdo de Paz, ninguno puede tener presencia en territorio venezolano, y si la tuvieren, como diversas fuentes señalan, deben ser expulsados, haciendo entrega de los criminales a las autoridades de Colombia, que han emitido órdenes de captura internacional.
La superación de la crisis humanitaria compleja y el cese de la usurpación del poder en Venezuela por una vía negociada, pacífica y democrática, es la mejor ayuda que puede darse a la hermana Colombia, con incidencia regional; nuestra paz es su paz, también a la inversa.
*Abogado.
Experto en Derecho internacional, relaciones internacionales y estudios políticos.
Profesor universitario.
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