Táchira ganó, pero sigue en la dulce espera…
15 de abril de 2024
“La corrupción existe, y yo soy el primero en ponerme al frente y llamar al país a batallar contra ella en todos los frentes”.
Hugo Rafael Chávez Frías (Aló Presidente N. 248, Miranda 5 de marzo de 2006)
Alguien dijo por ahí que “por la plata baila el perro” y esto pareciera ser el reflejo de lo que está ocurriendo en los últimos años en nuestro país con bienes del Estado venezolano y con bienes privados, como en el caso del Fondo de Pensiones de los Jubilados de la industria petrolera y petroquímica nacional.
El peligro que acecha a los bienes del país ya ha pasado de la amenaza a los hechos y los mecanismos de robo se han institucionalizado, tal como lo vemos en la actuación de venezolanos apátridas, quienes en comparsa con ladrones del Norte han arrebatado CITGO (caso Cristalex) y congelan millones de dólares del país en entidades financieras del mundo (Empresa Monómeros y otros activos).
Ya es un hecho público y notorio lo ocurrido con el Fondo de Pensiones de los Jubilados de Pdvsa, que de manera insistente hemos denunciado ante los organismos del Poder Moral y el Ministerio Público, ante los desmanes cometidos contra los haberes e intereses de ahorros de años de servicio por ladrones vestidos de “rojo-rojito”.
Desde la administración de uno de los hombres, quien bajo la sombra del comandante Chávez alcanzó el mayor poder financiero del país (presidente de Pdvsa, ministro de Energía y Petróleo, vicepresidente de Finanzas, vicepresidente del Psuv y representante en la ONU), se produjo el mayor saqueo al Fondo de Pensiones de los Jubilados de Pdvsa.
A sabiendas de que los dineros depositados en el Fondo de Jubilados eran producto del ahorro de los extrabajadores de la industria, el “Virrey Petrolero” hizo fiesta con tales ahorros y – presuntamente – repartió a diestra y siniestra tales recursos, los cuales se manejan en divisas que están destinadas a garantizar las pensiones y el futuro de los jubilados de la industria petrolera y petroquímica del país.
El arrebato fue realizado con premeditación y alevosía y para cometer tal “asalto”, el también “Virrey de las Finanzas”, asesorado por personajes que todavía hoy permanecen en el Gobierno en dicha cartera, transformaron bajo un “adefesio jurídico” los estatutos del Fondo de Pensiones (art. 33, noviembre de 2014), para manejar a su antojo los ahorros de los jubilados.
La lucha de los 30 mil jubilados de la industria, una gran mayoría agrupados en AJIP, Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera, petroquímica y carbonífera nacional, ha sido constante y sus reclamos están en el conocimiento de instituciones del Poder Moral, como la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República; de quienes, por extraña razón, no hemos recibido respuesta.
No estamos hablando de un caso aislado – como los que se han puesto de moda con Guaidó y sus Rastrojos – ¡No!, nos estamos refiriendo a un caso que ya ha tenido antecedentes, los cuales han trascendido a la opinión pública con intento de fraude de más de 350 millones de dólares en el Caso Illaramendi, que reposa en tribunales de los EE.UU.
El despojo de los haberes e intereses del Fondo de Pensiones de los Jubilados de Pdvsa es un hecho vergonzoso que ha trascendido a la opinión pública. Sus antecedentes, como saqueo de bienes de los trabajadores petroleros (pertenece también a los activos) es un abreboca, en comparación con los delitos cometidos por la oposición apátrida de nuestro país.
Luego de varias denuncias ante el Ministerio Público, los jubilados hemos soportado con paciencia, en estos tiempos de guerra económica, el silencio del Fiscal General de la República y del propio MG, actual presidente de Pdvsa, quien no ha dicho ni pío sobre el caso.
El – presunto – delito del Virrey petrolero “rojo-rojito”, a quien recientemente el presidente Nicolás Maduro, en una entrevista para el canal RT (Rusia Today), con el expresidente Rafael Correa, definió (con pena ajena) con pelos y señales: “Rafael Ramírez Carreño es el ‘capo mayor’ de la industria petrolera, a la cual dejó en la bancarrota, al no hacer inversiones en el mantenimiento y en la actualización tecnológica de su infraestructura de producción”.
En los últimos meses se ha continuado con los reclamos a Pdvsa de los pagos de los intereses y haberes de los jubilados, que superan aproximadamente unos 7 mil millones de dólares, según cifras manejadas por la Junta Administradora del Fondo (APJ-PDV) y por la empresa Auditoria KPMG, en los años 2014-2015-2016-2017 y 2018.
Los últimos pagos han estado centrados en bonos correspondientes a pagarés, por el orden de más de 3 mil 775 (MM$) millones de dólares, y fueron expuestos en carta pública al presidente Nicolás Maduro por los directivos de AJIP.
En la carta dirigida al Primer Mandatario Nacional y firmada por los directivos de AJIP: Héctor Villalobos, presidente; Olivo Sánchez, primer vicepresidente; Adolfo Rivas, director de Secretaría; Omar Antúnez, director corporativo; Antonio Corredor, consultor jurídico; José Castillo, gerente seccional Morón; Helena Pino Blanca, asesora y Tomás Moreno, asesor, se exponen los motivos del justo reclamo al presidente Nicolás Maduro.
La misiva sostiene, entre otros aspectos, que: “Como es de su conocimiento, los Jubilados y Sobrevivientes de PDVSA, Filiales y Pequiven (30.999), son los beneficiarios del mencionado Fondo de Pensiones, el cual ha sido utilizado en el tiempo por PDVSA para otros fines, distintos al objeto de su creación en el año 1993, creando una situación de pobreza creciente inducida a todos los jubilados y sobrevivientes a nivel nacional”.
Así mismo, la carta pública al presidente Nicolás Maduro hace énfasis en que “se procura recibir respuesta rápida y efectiva al Pago de intereses sobre la Deuda parcial que tiene PDVSA con APJ-PDV, de 3.775 MM$, al 9.5 % anual, con el Fondo de Pensiones, y se apruebe y firme un cronograma de pago mensual a favor de los 30.999 jubilados PDVSA, Filiales y Pequiven, a nivel nacional”.
Hasta la fecha, los reclamos no han encontrado respuesta de las más altas instancias del Estado. En los núcleos de jubilados en todo el país, especialmente en el estado Zulia y en los estados orientales; Anzoátegui, Sucre y Monagas, se han recogido firmas para impulsar los reclamos al Fiscal General de la República, Tarek Williams Saab.
Los pagos para los jubilados, en los últimos meses, han venido a cuentagotas y con malabarismos financieros desde el propio Ministerio de Finanzas, donde quedan rémoras de la mano peluda de Rafael Ramírez Carreño (el del Palacete en Italia) y ahora son quienes frenan cualquier reembolso o pago para los 30 mil jubilados de Pdvsa.
La preocupación en tiempos de crisis por parte de los jubilados de la industria petrolera, petroquímica y carbonífera nacional, ha ido en ascenso y para ello se anuncia una importante reunión de la directiva Ajip–Caracas, este 8 de octubre de los corrientes.
Los grupos de jubilados – en tiempos de diálogo – hemos comprendido que para nuestros reclamos debemos estar unidos y enfocar nuestras propuestas por encima de cualquier parcialidad política o grupo, ya que los intereses son superiores.
Mientras el tiempo pasa, por los alrededores de La Campiña se pasean y revolotean zamuros financieros, quienes andan como “caimán en boca de caño”, en busca de una tajada de las divisas del Fondo de Pensiones de los Jubilados de Pdvsa… ¡Justicia ya!
¡Amanecerá y veremos!
Marco Tulio Arellano
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