Política
“A Renzo Prieto no le permiten comunicarse con la familia”

A pocos días de cumplirse tres meses de la detención del diputado a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Renzo Prieto, los familiares de nuevo alzan la voz y piden justicia, ante lo que consideran una encarcelación “arbitraria y violatoria de los derechos humanos”

Rosalinda Hernández C.

Carolina Prieto, hermana del dirigente opositor, recordó que desde el pasado 10 marzo que una comisión integrada por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, interceptaron a Renzo en la urbanización El Rosal, en Caracas, no se ha establecido ningún contacto con el parlamentario.

“Lo mantienen tras las rejas, negándole la posibilidad y el derecho de hacer una llamada telefónica a la familia”. Renzo “no es un delincuente, él pertenece a un hogar tachirense ejemplar. Familia de educadores, formadores de jóvenes, deportistas y trabajadores sociales que siempre andan en busca de hacer el bien a los demás”, dijo.

“Solicitamos una vez más al régimen, que permitan a Renzo Prieto, comunicarse con la familia. Queremos saber cómo se encuentra, cuál es su estado de salud. Le han negado el derecho a comunicarse con la familia”, denunció Carolina Prieto, hermana del diputado.

Es un derecho que le negaron desde el primer momento de la detención y se lo continúan violando porque lo mantienen incomunicado. Por la emergencia de salud que atraviesa el país en medio del covid-19, los familiares no pueden trasladarse desde el Táchira hasta Caracas a conocer el estado de salud de Prieto, situación que les preocupa considerablemente.

La hermana de Renzo Prieto solicitó de manera contundente que se “respeten los derechos” al dirigente político y exigió no solo una evidencia de su estado de salud, sino que le otorguen la inmediata libertad, pidió la excarcelación porque “Renzo es inocente, lo detienen injustamente y eso es violatorio de los derechos humanos”.

Es la segunda vez que el parlamentario tachirense es detenido, la primera vez sucedió durante las protestas en contra del gobierno en el año 2014, fue liberado en el 2018, en medio del pacto de reconciliación nacional propuesto por Nicolás Maduro.