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25 de abril de 2024
Favio Hernández
Una de las medidas de seguridad y prevención del coronavirus dictadas en el estado por parte de Freddy Bernal, protector del Táchira, fue la restricción de libre tránsito, entre municipios, e internamente dentro de un horario determinado.
Por ende, la organización FundaRedes, en la vocería de su directora, Clara Ramírez, condenó dicha directriz y dijo que la misma va en contra de los derechos humanos, haciendo énfasis también en otras órdenes emanadas por Bernal.
“Desde FundaRedes rechazamos las medidas ilegales y arbitrarias adoptadas por el representante del Ejecutivo nacional en el estado Táchira, que limitan la movilidad de los tachirense entre los diferentes municipios, además de restringir el suministro de combustible, violando derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud y al libre tránsito”.
En ese sentido, indicó la vocera que el principal representante de Gobierno nacional en la entidad trabaja fundamentado en el Decreto 4.160, publicado el 13 de marzo de 2020, el cual declara el estado de alarma en todo el territorio nacional a causa del Covid-19.
“Si bien es cierto que estamos enfrentando una pandemia mundial originada por el coronavirus y el objetivo es evitar la propagación de enfermedad, también lo es que las medidas que asuman los Estados y sus funcionarios no pueden ir en contra de los acuerdos y pactos internacionales, ni tampoco de los derechos constitucionales de los venezolanos”, apuntó.
Por ende, Ramírez acotó que dicho decreto no le confiere competencia o atribución alguna a él, para que limite y restrinja los derechos fundamentales de los tachirenses, por lo que instó a Bernal, y a todos sus “subalternos”, a que reconsideren las medidas implementadas.
“No es posible que bajo la excusa del decreto emitido para evitar la propagación del Covid-19 en el país, se aísle, limité y controle aún más a la ciudadanía, que además ve restringido el acceso a la gasolina y la adquisición de alimentos, aunado a las falta de gas, electricidad, entre otros servicios públicos esenciales”, sentenció.
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