La negociación entre el oficialismo y la oposición en México se retomará entre el 24 y 27 de septiembre, para discutir sobre el sistema de justicia venezolano, levantamiento de sanciones y uso de activos para atención social de la población

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El 6 de septiembre, las delegaciones del oficialismo y la oposición en México firmaron dos acuerdos parciales referentes a la defensa del Esequibo y mecanismos para protección social del pueblo venezolano.

Estos acuerdos son producto de tres días de conversaciones, bajo la mediación de Noruega, donde ambos actores dejaron claro que querían obtener resultados parciales en temas que consideran fundamentales. Desde el oficialismo se fue con la esperanza de plantear el levantamiento de sanciones, mientras que la delegación opositora señaló que el tema humanitario y electoral eran sus prioridades en estos encuentros.

Joint statement by the parties of the #Venezuela dialogue and negotiation process in Mexico.https://t.co/BFJYo86awO pic.twitter.com/VVIPtzFkvw

— Norway MFA (@NorwayMFA) September 7, 2021

El primer punto de discusión de la próxima ronda, que se realizará entre el 24 y 27 de septiembre en México, estará referido al «Respeto del Estado Constitucional de Derecho». En particular, las delegaciones discutirán sobre el sistema de justicia y el respeto a la institucionalidad establecida en la Constitución.

«Recuperar el Poder Judicial venezolano con jueces y fiscales que garanticen el debido proceso, es un paso indispensable para transitar el camino de reinstitucionalización del país y recuperar derechos políticos y civiles», dijo el jefe de la delegación opositora, Gerardo Blyde.

Además, en esas reuniones se continuará la discusión referida a protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano, incluyendo derechos especiales de giro, dispuestos para tal fin por el Fondo Monetario Internacional.

¿Pero qué plantean los acuerdos firmados el 6 de septiembre?

– El «acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano« establece seis puntos, donde se dejó por sentado la necesidad de lograr acuerdos parciales durante todo el proceso de negociación que permitan la atención de los ciudadanos en riesgo «entendiendo los efectos que el sobrecumplimiento de las sanciones» producen al país y la emergencia humanitaria compleja, agravada por la pandemia de covid-19.

– Este acuerdo da prioridad a la atención en alimentación y salud, especialmente a las áreas que requieren acciones de prevención o atención inmediata por la situación de covid-19. La oposición explicó que se trata de conseguir la mayor cantidad de recursos para compra de vacunas, apoyo al Fondo Rotatorio para el Acceso a las Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el acceso a programas de seguridad alimentaria de la ONU, como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que ya inició su trabajo en el país.

– También se establece la creación de una «mesa nacional de atención social», compuesta por seis integrantes (tres de oficialismo y tres de oposición), para abordar el tema de salud y alimentación. Se pide que las deliberaciones y medidas de implementación se hagan «en tiempos muy breves», y pueden contar con la ayuda de equipos técnicos y especialistas nacionales e internacionales.

– Esta «mesa nacional de atención social» es una réplica de la «mesa técnica nacional de vacunación», instalada entre la administración de Nicolás Maduro y el gobierno interino para atender la pandemia de covid-19 y el proceso de vacunación. Esta instancia logró concretar algunos aspectos como el acceso al mecanismo Covax y la compra de pruebas de antígeno para detectar este tipo de coronavirus, pero se paralizó por motivos políticos y la falta de cumplimiento por parte del Ministerio de Salud, como denunciaron el médico infectólogo Julio Castro y el dirigente Miguel Pizarro.

Desde el inicio de la pandemia hemos recalcado que la vacunación en Venezuela requiere de voluntad política y que la salud de los venezolanos debe estar por encima de cualquier cálculo. Es importante y urgente en nuestro país que la población acceda a la vacuna. https://t.co/QRBhtGplWd

— Miguel Pizarro (@Miguel_Pizarro) April 10, 2021

– El «acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano» también establece designar a cuatro personas (dos de oficialismo y dos de oposición) para revisar los efectos del sobrecumplimiento de las sanciones en el país, con el objetivo de garantizar recursos para atención social.

– El trabajo de este grupo puede estar basado en el informe de la relatora especial de Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Douhan, quien visitó el país en febrero de 2021. La funcionaria aseguró que las sanciones han exacerbado las situaciones económicas preexistentes y han afectado «dramáticamente» a la población venezolana.

– Estas dos instancias del acuerdo de protección social tendrán mecanismos de verificación y seguimiento, tal como lo establece el memorando de entendimiento firmado entre ambas partes el pasado 13 de agosto.

– Las delegaciones también aprobaron el «acuerdo para la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba» con cuatro puntos donde se ratifican los «derechos históricos e inalienables» del país sobre ese territorio en disputa, su desacuerdo con la decisión de la Corte Internacional de Justicia para resolver este laudo arbitral; y un llamado a las autoridades de Guyana para retomar las negociaciones directas con el Estado venezolano en base al Acuerdo de Ginebra de 1966.

– También se acordó avanzar en mecanismos de consulta con actores políticos y sociales «que sean lo más incluyentes posible».

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