Política
“Cuando el hambre se convirtió en negocio”

Molina advierte que el entramado de corrupción en los CLAP expone cómo la necesidad fue utilizada para el lucro ilícito

“La crisis venezolana no deja de sorprender a propios y extraños. Pero hay momentos en los que la indignación deja de ser suficiente y comienza a imponerse una pregunta que no podemos evadir: ¿Qué ocurrió con un país en el que la necesidad de millones de personas terminó convertida en una forma de dependencia política y, según investigaciones judiciales, también en una oportunidad para el enriquecimiento ilícito de unos pocos?”, se plantea de este modo el dirigente político Arturo Molina al iniciar su análisis sobre la realidad nacional.

La coyuntura política y social de Venezuela continúa generando debates en torno al manejo de los recursos públicos y los programas de asistencia social.

En este contexto, el artículo de opinión por el dirigente político Arturo Molina pone sobre la mesa una serie de cuestionamientos acerca de las consecuencias humanas y estructurales que ha dejado la emergencia compleja en el país, centrando su atención en el impacto del programa de alimentación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

De acuerdo con el análisis expuesto por Molina, “lo ocurrido con el programa de alimentos CLAP obliga a mirar de frente una historia que durante años estuvo ante nuestros ojos en las calles, en las colas y en la desesperación diaria de los hogares”.

El dirigente señala que esta narrativa adquiere una dimensión completamente distinta tras los acontecimientos judiciales internacionales vinculados a figuras clave de la administración de dichos contratos.

Específicamente, el texto subraya cómo este escenario toma matices determinantes “después de que Alex Saab se declarara culpable en Estados Unidos de conspiración para lavar dinero relacionado con un esquema de sobornos y fraude en contratos públicos de alimentos y medicinas destinados a Venezuela”. Asimismo, se destaca que, como parte del acuerdo judicial, el implicado “aceptó el decomiso de 195 millones de dólares a favor de las autoridades estadounidenses y acordó cooperar con las investigaciones”.

Para el autor, estos reveladores acontecimientos no deben ser motivo de celebración superficial para ningún sector de la sociedad. Al respecto, enfatiza que “cuando se habla de cientos de millones de dólares vinculados a programas destinados a atender a personas golpeadas por la pobreza y la escasez, lo que debería aparecer es preocupación, vergüenza y reflexión”.

Desde la perspectiva de su vivencia cotidiana, Molina profundiza en el impacto humano sufrido por los ciudadanos: “Desde nuestra realidad cotidiana en la frontera, vimos de cerca cómo familias enteras tuvieron que hacer sacrificios extremos para conseguir que comer, trabajadores cuyos ingresos se esfumaron y ciudadanos que aprendieron a sobrevivir con lo indispensable”.

El dirigente político concluye advirtiendo sobre la gravedad de que las ayudas sociales se desvirtuasen: “Por eso resulta tan doloroso pensar que aquello que para muchos representaba un alivio para subsistir pudiera convertirse, según lo admitido ante la justicia estadounidense, en parte de un entramado para obtener beneficios ilícitos. Más grave aún sería que la necesidad terminara transformándose en una relación de dependencia utilizada para condicionar la conciencia de los ciudadanos”. // Maryory Bustamante