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Política
“Denunciados funcionarios de la Alcaldía ante la CPI y Comisionado para DDHH”
5 de junio de 2023
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“Crimen de persecución tipificado en el Estatuto de Roma, cometen los altos funcionarios de la Alcaldía del municipio San Cristóbal en contra de comerciantes legales e ilegales de la capital tachirense, por lo que la Fundación El Amparo junto a los abogados defensores de los propietarios de los dos restaurantes que fueron demolidos en el Hospital Central de San Cristóbal y un restaurante en el Terminal de Pasajeros, introdujeron una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) y ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Caracas, en contra de los jerarcas del gobierno”.
El presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, acompañado del abogado Omar Sayago y de los comerciantes afectados: Andrea Ramírez, Oscar Escalante y Pablo Novoa, denunció que los atropellos en contra de los comerciantes se extendieron hasta los vendedores de repuestos y licoreros, así como contra los trabajadores del comercio informal, y que además han presionado internamente para frenar la investigación.
“Internamente ha habido muchas presiones, especialmente en la Fiscalía, para que ese caso no siga adelante. Yo quiero decirle al señor alcalde que él está basando su poder en que está pintando y arreglando, cuando nadie ha hecho más obras en Venezuela que las que hizo Pérez Jiménez, y Pérez Jiménez terminó siendo juzgado por crímenes que cometió. A los funcionarios públicos se les reconoce buena obra siempre y cuando no cometan atropellos, como lo que está cometiendo la Alcaldía de San Cristóbal en la persona de Silfredo Zambrano y Juan Rodolfo Martínez, además de otros funcionarios de alto rango”, expresó.
Márquez exhortó al gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal para que gire instrucciones a la Corporación de Salud -Corposalud- de que se haga parte en este proceso, porque los terrenos son jurisdicción y posesión el Hospital Central, por lo que la directiva del centro de salud tiene que opinar sobre los atropellos cometidos.
Insistió en que en este caso hay un hecho de corrupción por parte del director General de la Alcaldía, Juan Rodolfo Martínez, quien habría pretendido chantajear a los dueños de los restaurantes para que se asociaran.
“Ellos se negaron y les abrieron dos expedientes administrativos. Juan Rodolfo Martínez, como abogado, está representando a la Alcaldía y él está detrás de una nueva construcción que se está haciendo en el lugar donde destruyeron o derribaron estos locales comerciales. Lo están haciendo a través de personas interpuestas. Señor Alcalde, señor Gobernador, si ustedes están comprometidos con la lucha contra la corrupción, empiecen por investigar a Juan Rodolfo Martínez o sino que la Policía Nacional contra la Corrupción lo haga de oficio y demuestre que la lucha contra la corrupción no es una farsa sino una realidad”, expresó Márquez, mediante boletín de prensa.
“Sin trabajo”
Omar Sayago, abogado de las víctimas, destacó que hace ocho meses los dueños y trabajadores de dichos locales comerciales quedaron sin trabajo, un aproximado de 20 familias que quedaron sin sustento diario, lo que viola no sólo el derecho al trabajo, sino también a la alimentación y a la educación.
“No solamente es derribar un local comercial, no es solamente tumbar una estructura, es violentar un derecho humano que es el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, el derecho escolar inclusive, porque muchas de esas familias que trabajaban allí, los mesoneros, las señoras de la cocina, los empleados en sí, quedaron sin trabajo. Todo por la irresponsabilidad de un alcalde que llegó con propósitos de violentar toda la normativa tanto legal como laboral de esta familia”, expresó.
Recordó que en la Fiscalía General del estado Táchira, cursa una acusación penal en contra del Alcalde de San Cristóbal, del Director General y el anterior Síndico Procurador, así como otros funcionarios actuantes.
“La Fiscalía se atrevió a dictar un sobreseimiento y un desistimiento en estas causas, las cuales fueron revisadas por un juez de control, honesto y sincero que inmediatamente las dirigió nuevamente a la Fiscalía para que se siguiera con la investigación. Investigación que cursa en la Fiscalía y que nosotros los abogados estamos pendientes. Por eso hacemos un llamado para que el pueblo de San Cristóbal también esté pendiente, porque no solamente es un problema de estos propietarios, es un problema de la colectividad, porque vemos el día a día de cómo se abusa, de cómo se violentan también las ordenanzas municipales en impuestos a comerciantes, a vendedores”.
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