Política
Denuncian graves violaciones de DDHH contra tachirenses detenidos en El Salvador

Se reunieron con la Cruz Roja Internacional de manera reservada para pedir la intervención de ellos, conocer el estado de salud y las condiciones carcelarias de los detenidos

La Fundación El Amparo Internacional, en conjunto con el Comité de Defensa de los Tachirenses Inmigrantes, ha alzado su voz para denunciar una serie de “graves violaciones a los derechos humanos” que están sufriendo migrantes venezolanos, especialmente tachirenses, deportados a El Salvador.

Luego de una reciente visita al país centroamericano, Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo, ofreció un balance de la situación, calificándola como un “limbo jurídico” y un “crimen de lesa humanidad”.

Márquez, quien estuvo en El Salvador junto con algunos familiares de los detenidos, informó sobre las gestiones realizadas ante diversas instancias salvadoreñas, incluyendo la Dirección General de Peticiones y la Procuraduría de Derechos Humanos, donde se solicitó garantizar el derecho a la visita familiar, informar sobre el estado de salud y la situación legal de los detenidos, y su inmediata liberación por la ausencia de pruebas o expedientes en su contra.

“Pudimos comprobar que están incomunicados, que no hay debido proceso, que algunos de ellos han sido torturados y golpeados”, afirmó Márquez, quien también señaló la arbitrariedad de las detenciones. Según el presidente de la fundación, muchos de los migrantes fueron deportados a El Salvador, a pesar de que órdenes judiciales en Estados Unidos indicaban su envío a Venezuela.

Acuerdos secretos y vulneración constitucional

Márquez hizo hincapié en la opacidad del acuerdo entre el gobierno de Donald Trump y el actual presidente salvadoreño, Nayib Bukele, por el cual, según sus declaraciones, Estados Unidos paga una suma de dinero por cada detenido.

“El acuerdo del gobierno de Trump con Bukele es un acuerdo mercantil, comercial, de que los Estados Unidos le pagan una cantidad de dinero por cada preso. El contenido del acuerdo no se conoce, es secreto, es reservado”, denunció Márquez, recalcando que esta situación vulnera la garantía constitucional de que los acuerdos penitenciarios entre países deben ser ratificados por la Asamblea Nacional de El Salvador, lo cual no ocurrió en este caso.

Llamado a la intervención internacional

“Hemos decidido pedirle a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, la Consejería de Hacienda de Washington, que abra una investigación sobre este caso y que también acuerde medidas cautelares, medidas de protección, medidas de urgencia para que sean puestos en libertad estos migrantes tachirenses que están encarcelados de manera grave en El Salvador”, enfatizó Márquez.

Asimismo, se ha evaluado la comisión de crímenes de lesa humanidad, violatorios del Estatuto de Roma. Aunque Estados Unidos no es miembro de la Corte Penal Internacional (CPI), El Salvador sí lo es, habiendo ratificado el estatuto en 2015.

La fundación ha interpuesto recursos individualizados ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, sin obtener respuesta, lo que sugiere una ausencia de separación de poderes en el país centroamericano, según Márquez.

Acciones futuras y responsabilidad de la cadena de mando

Ante la falta de respuesta a nivel nacional, la Fundación El Amparo recurrirá a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y a la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas.

“Está muy claro que Nayib Bukele y las cadenas de mando son responsables del crimen de encarcelación grave, el crimen de persecución por razones nacionales, el crimen de tratos inhumanos, el crimen de tortura, el crimen de exterminio por las condiciones a las cuales están sometidos”, sentenció Márquez.

En los próximos días, la fundación anunciará los nombres de los miembros de la cadena de mando del gobierno de El Salvador que serán incluidos en esta demanda. Además, se emprenderán acciones diplomáticas ante el Vaticano, solicitando la intervención del papa León XIV, en base a la doctrina social de la iglesia, para la liberación de los venezolanos y tachirenses detenidos. // Maryory Bustamante