Política
“En riesgo fideicomiso millonario de parlamentarios venezolanos”
miércoles 14 enero, 2026
Walter Márquez, diputado jubilado de la Asamblea
Nacional de Venezuela y presidente de la fundación de derechos humanos El
Amparo Internacional, denunció este martes un grave riesgo financiero que pone en peligro un fideicomiso de 39 millones de dólares perteneciente a parlamentarios activos y jubilados del país.
En un comunicado emitido desde San Cristóbal, Márquez alertó que estos fondos,
compuestos mayoritariamente por bonos de la República y de PDVSA, podrían
perderse debido a la quiebra de la entidad financiera en Zurich, Suiza, que los
custodiaba.
Según Márquez, el problema se origina en el año 2019, cuando el fideicomiso fue
entregado como garantía a la empresa Bancasa AG, con sede en Zúrich, Suiza,
propiedad del luso-venezolano David Pita. El objetivo de esta operación era
respaldar un préstamo de 3.6 millones de dólares destinado a cubrir un seguro de
salud para los legisladores.
Sin embargo, investigaciones recientes confirman que Bancasa AG ha sido
declarada en estado de quiebra y liquidación por el Tribunal del Cantón de Zúrich,
quien determinó la insolvencia y la detección de operaciones irregulares por parte
de esa firma.
“Esta situación afecta directamente el patrimonio de los parlamentarios,
ya que el préstamo vence el próximo mes de febrero de 2026 y los
activos que lo garantizan están en manos de una empresa insolvente”,
advirtió Márquez.
Vínculos con la Trama de Oro del caso Koldo en España
Walter Márquez también vinculó
este caso con una red trasnacional de presunta corrupción. Señaló que la empresa
homónima en Venezuela, Bancasa SA, propiedad también de David Pita, aparece
relacionada en operaciones de venta de oro que involucran a Víctor Aldama, un
ciudadano español vinculado a investigaciones en el gobierno de Pedro Sánchez y
encarcelado por fraude con la venta de mascarillas en España durante la pandemia
del Covid-19.
Márquez detalló que estas operaciones irregulares de venta de oro, investigadas por
la Guardia Civil española, implican el manejo de 104 lingotes de oro valorados en
68 millones de dólares a través del Fondo Nacional de Desarrollo (Fonden).
Más allá de la pérdida financiera, el diputado jubilado calificó la situación como una
violación sistemática de los derechos humanos de los parlamentarios. Márquez
denunció que desde el año pasado se les adeuda el “Bono Patria” y no se han
cancelado los aguinaldos correspondientes a los parlamentarios jubilados, lo cual
tiene un impacto social por la falta de estos pagos que afecta el acceso a alimentos
y medicinas. Márquez afirmó que estos hechos podrían configurar los crímenes de
persecución y exterminio, de acuerdo con los estándares internacionales de
derechos humanos del Estatuto de Roma, debido a la privación deliberada de
condiciones de vida de los legisladores jubilados.
Márquez hizo un llamado urgente a las autoridades de la Asamblea Nacional y al
Instituto de Previsión Social del Parlamentario (IPSP) para que inicien una
investigación exhaustiva sobre las operaciones de Bancasa AG y Bancasa SA, con
el fin de salvaguardar el patrimonio que afecta el bienestar social de cientos de
legisladores venezolanos.
