Política
Exigen atención y revisión urgente al caso del exalcalde venezolano

A seis meses de reclusión en Ohio: Solicitan revisión migratoria para el exalcalde merideño

Organizaciones y defensores de derechos humanos han puesto el foco en la situación legal del exalcalde venezolano Carlos García, quien cumple actualmente seis meses de reclusión bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Ohio, a pesar de haber ingresado al país norteamericano bajo los canales regulares de solicitud de asilo político. 

El caso, documentado en informes sobre la dinámica migratoria de los ciudadanos venezolanos en el exterior, resalta las complicaciones procesales e institucionales que enfrentan figuras perseguidas políticamente tras buscar refugio en territorio estadounidense.

García, exalcalde del municipio Libertador del estado Mérida, fue arrestado por las autoridades migratorias el pasado 23 de enero en el estado de Ohio. Al momento de la detención, el exmandatario local contaba con su documentación de solicitud de asilo en regla. 

Su petición de protección internacional se fundamenta en los antecedentes de persecución política sufridos en Venezuela, donde el Tribunal Supremo de Justicia emitió en su contra una sentencia de 15 meses de prisión e inhabilitación política, tras ser responsabilizado por abanderar protestas de resistencia civil y pacífica contra el Gobierno venezolano. 

A pesar de este historial que motivó su salida del país, la prolongación de su encarcelamiento migratorio —que ya alcanza el medio año sin una justificación legal clara ni precedentes aplicables— ha generado profundas alarmas sobre el debido proceso. 

“El encierro prolongado del exalcalde no solo afecta su estatus legal, sino que ha sumido a su núcleo familiar en una situación de indefensión absoluta”, indica un boletín informativo que llegó al equipo reporteril de Diario La Nación.

“Su esposa y sus hijos menores de edad enfrentan un desgaste emocional constante, caracterizado por la incertidumbre y la desesperación ante la falta de una resolución expedita de su expediente migratorio”.

 Ante este panorama, diversos sectores han reiterado la exigencia de que las autoridades migratorias de Estados Unidos revisen con celeridad este y otros casos pendientes de solicitantes de asilo, garantizando que prevalezcan la sensatez, el respeto a los convenios internacionales sobre derechos humanos y la dignidad de las personas por encima de trabas burocráticas o medidas desproporcionadas. 

“Asimismo, se hace un llamado extensivo a la clase política y a los actores con responsabilidades institucionales en el proceso venezolano para que asuman el deber moral y ético de exigir y abogar por la liberación y protección de sus ciudadanos perseguidos o detenidos injustamente fuera de las fronteras nacionales”, finaliza el escrito. // Maryory Bustamante