Política
Impulsan desde Táchira propuesta para renovación del Tribunal Supremo
miércoles 14 octubre, 2026
POC presentó en San Cristóbal propuestas
En el marco del ciclo de foros “Gobierno Judicial para la Nueva Venezuela”, que se realizó en San Cristóbal el pasado sábado, representantes de los sectores jurídico, académico, sindical, social, político y de derechos humanos se congregaron en las instalaciones del Colegio de Abogados del estado Táchira para debatir y plantear soluciones ante la crisis institucional que atraviesa el país.
Durante la actividad, organizada por el Programa de Organización Ciudadana (POC), los participantes coincidieron de manera unánime en que la refundación e independencia del Poder Judicial constituye un requisito indispensable para la restitución del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela.
“Fue un espacio para el diagnóstico y articulación de propuestas concretas, enfocado en la necesidad de abordar reformas profundas al sistema de justicia, la renovación del Tribunal Supremo de Justicia, la lucha contra la impunidad y la garantía de seguridad jurídica”.
De acuerdo con la información difundida por el POC, uno de los ejes centrales del encuentro fue la reestructuración formal del máximo tribunal del país y la creación de mecanismos transparentes para la selección de sus integrantes.
En su intervención, Rafael Veloz, abogado y exdiputado de la Asamblea Nacional, sostuvo que “la reconstrucción nacional requiere avanzar de forma simultánea en la recuperación de las instituciones y en la atención a las exigencias prioritarias de la ciudadanía”.
Asimismo, anunció que se adelantan esfuerzos dirigidos a la articulación de un nuevo sistema de justicia fundamentado en la designación de magistrados que cuenten con independencia, solvencia moral y legitimidad democrática.
Por su parte, la exdiputada Dinorah Figuera, en intervención virtual, señaló que “este proceso representa una hoja de ruta estructural para devolverle al país instituciones operativas y autónomas”. Figuera enfatizó la urgencia de concretar una reforma integral a la Ley del TSJ y a la estructura judicial en su conjunto, e informó sobre la propuesta de conformar un consejo independiente encargado de evaluar las credenciales de los aspirantes a magistrados, reiterando que la limpieza y autonomía del Tribunal Supremo son condiciones esenciales para el restablecimiento democrático.
En esa misma línea, el magistrado Ángel Zerpa Aponte aportó un análisis de contexto histórico, recordando que “los grandes procesos de transformación republicana en el país han estado vinculados históricamente a reformas profundas en el sistema de administración de justicia”.
El debate también abordó la relación entre el funcionamiento del Poder Judicial y el desarrollo económico y social. Según reseña el Programa de Organización Ciudadana, el analista político Jesús Israel Fernández Granados vinculó directamente la futura estabilización y recuperación económica de Venezuela con la consolidación de un Poder Judicial confiable que garantice gobernabilidad y seguridad jurídica a los actores económicos y a la sociedad en general.
En materia de garantías fundamentales, el abogado José Guerrero denunció “la persistencia de detenciones arbitrarias, el uso abusivo de la prisión preventiva y la criminalización de la disidencia política”.
Guerrero subrayó que cualquier proceso de selección para la renovación del TSJ debe regirse estrictamente por criterios de mérito profesional y no por afiliaciones o lealtades partidistas.
Desde la perspectiva del sector laboral, el sindicalista Carlos Ovalles expuso que “durante años diversas decisiones emanadas del sistema judicial han vulnerado los derechos laborales de los trabajadores venezolanos, argumentando la necesidad de contar con tribunales imparciales que velen por el cumplimiento de la norma legal en las relaciones de trabajo”.
A su vez, Roberto Duque relacionó el estado del sistema sanitario con la efectividad de la justicia, manifestando que sin tribunales independientes resulta inviable garantizar el derecho efectivo a la salud.
La dimensión social del foro incluyó intervenciones enfocadas en la participación ciudadana y el rol de las regiones. La abogada Natacha Duque sostuvo que “los procesos de reconstrucción institucional requieren la inclusión activa de las organizaciones de la sociedad civil”, haciendo especial énfasis en las comunidades de los territorios fronterizos, así como en las poblaciones de migrantes, retornados y sectores históricamente excluidos.
En el ámbito formativo, Carlos Cardozo expuso que “la sostenibilidad de cualquier reforma al sistema de justicia pasa obligatoriamente por la transformación del sistema educativo y la enseñanza de valores de ciudadanía democrática en las aulas de clase”.
Por otro lado, según el reporte del POC, representantes del Frente Amplio Profesional Internacional hicieron un llamado formal para que se garantice la participación de la diáspora venezolana en los procesos de postulación de magistrados, sugiriendo la implementación de mecanismos digitales transparentes basados en la meritocracia.
La diputada Karim Vera resaltó el papel protagónico del estado Táchira en la formulación de alternativas institucionales, destacando que desde la entidad se han sistematizado diagnósticos y propuestas técnicas dirigidas a la reforma judicial y al fortalecimiento democrático.
Según concluye el Programa de Organización Ciudadana, las intervenciones del foro coincidieron en que “la justicia debe situarse como el eje estructurante de la reconstrucción de Venezuela, respaldada por pilares como la transparencia en la designación de autoridades, la participación ciudadana, el respeto irrestricto a los derechos humanos y el restablecimiento de la confianza pública en las instituciones”. // Maryory Bustamante
