La coordinadora política de Primero Justicia, Karim Vera, aseguró que desde agosto del 2015 cuando el Gobierno venezolano tomó la decisión de cerrar la frontera, a su juicio, sin medir las consecuencias económicas y sociales, causó daños incalculables, al punto que, para abril del 2023, según comenta, la actividad industrial se mantiene paralizada en un 80 por ciento, aun cuando ya por acuerdos binacionales están abiertos los pasos regulares.

Vera destacó que, “los tachirenses que hacían vida en la zona se mantienen desamparados, no hay culpables ni investigados, pero si miseria, hambre y desolación en un sector que en el pasado aportó mucho al país que hoy no puede abastecerse con producción nacional”.

La también presidenta de PJ en Táchira lamentó que no se realicen trabajos reales para el restablecimiento de la actividad, “no es mentira ni es secreto que en el estado los ciudadanos para estirar un sueldo hambreador, adquieran productos colombianos ya que son de menor costo ¿cómo se explica que desde los productos básicos de alimentación que se consumen en su mayoría sean de Colombia? Es un simple capricho y campaña de mantener al venezolano arrodillado de manera ruin, sometidos a precarias condiciones de vida”, agregó.

Karim Vera hizo un llamado al Gobierno de Colombia a estar pendiente de los acuerdos con Nicolás Maduro, una vez que hasta el mismo presidente Gustavo Petro, ha declarado públicamente que persisten los negocios irregulares en los corredores fronterizos, “la verdad y está demostrado, es que en Venezuela no existe voluntad política para acabar con mafias, quienes son las que controlan la frontera y el Estado se niega a poner freno”, puntualizó.