Karim Vera dirigente y coordinadora regional de Primero Justicia en Táchira, calificó de irresponsable el llamado a clases presenciales debido a que los centros educativos no cuentan con las mínimas capacidades estructurales, equipamientos y medidas de bioseguridad óptimas, que brinden estabilidad a los estudiantes y al personal dentro de las instituciones.

“En los últimos días vimos como con algarabía el régimen de Nicolás Maduro y en su propia voz, llamó a toda la familia venezolana para la convocatoria del reinicio a clases presenciales a partir del 25 de octubre, un llamado profundamente irresponsable, primero porque las escuelas no se encuentran aptas, no hay condiciones de bioseguridad mínimas para salvaguardar la vida del personal docente, personal administrativo, obrero y sobre todo el alumnado en general, a tal punto que cada uno debe cubrir lo que implica ya que las instituciones no cuentan con recursos, eso sin entrar en el detalle importante que en Venezuela sólo tenemos un promedio del 11% de vacunados”, aseguró Vera.

En ese sentido precisó que no hay garantía de salud para todo el personal involucrado en el sector educativo, incluyendo los alumnos debido a la profunda crisis que se ha agudizado, “pero como si eso no fuera poco tenemos el tema de infraestructura de las instituciones educativas sobre todo acá en el estado Táchira. Hemos sostenidos reuniones con diferentes sectores gremiales de la educación para evaluar la situación actual y es alarmante, al punto que hace unos días atrás, el techo de una institución en el municipio Seboruco, en las montañas colapsó, a causa del abandono, producto de la desidia, de la falta de inversión en la infraestructura educativa”.

Karim Vera insistió en que la convocatoria es irresponsable, “recordemos que con cuatro dólares mensuales intentan sobrevivir familias en el estado, cómo y pedirles colaboración para intentar mantener de pie las instituciones frente a la indiferencia de las autoridades. Vemos con preocupación el escenario que se nos pueda venir desde el punto de vista de la salud, del punto de vista de la seguridad física y personal de todos los involucrados en el sector educativo ante la falta de atención, de interés, por lograr la vacunación al 100% de la población y aún así exponerlos a las peores condiciones, no solamente de salubridad sino a las de una emergencia humanitaria compleja agravada por el COVID-19”.