El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio prácticamente una estocada mortal a la poca democracia que quedaba en nuestro país al nombrar de manera irrita a los nuevos representantes de ese organismo que debe cumplir una gran responsabilidad en los próximos meses.
Lo señala de esta manera el doctor en Ciencia Jurídicas Luis Antonio Ortíz Hernández máximo dirigente de la organización, Quiero, Puedo y Sé, Movimiento Independiente que se moviliza en el país con miras a participar en el próximo proceso de elecciones.
El tachirense Ortíz Hernández, profesor en la Universidad Santa María agrega que se realizó ese movimiento en contravención a lo establecido en la Constitución Nacional cuando a través de una decisión de la Sala Constitucional establece quienes serán los nuevos rectores del CNE.
Según mi criterio –continua– estamos en una disyuntiva con tres asambleas nacionales situación de la que me pronuncié como es del conocimiento público, notorio y comunicacional, por lo que no sabemos qué es más malo el gobierno o la oposición.
El Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional –prosigue– es la encargada de designar al CNE y la omisión legislativa se declaró luego de una alianza de partidos minoritarios venezolanos que se identifican como opositores, quienes solicitaron a la Sala Constitucional del TSJ se declarara la omisión legislativa y a su vez designará a los nuevos rectores del CNE, quienes dieron un corto tiempo para que enviaran los nombres de los supuestos candidatos al cumplir entre medianoche y gallos como se dice en el argot coloquial designar un CNE prácticamente rojo rojito, pues entre las tres damas figuran dos magistradas del TSJ activas para que en menos de un abrir y cerrar de ojos se convirtieran en rectoras ya establecidas en el organismo.
Ante la situación, nos preguntamos si se podrá tener credibilidad en este nuevo CNE en virtud de que solo la Asamblea Nacional tiene la competencia para encabezar el proceso como institución de vital importancia para un verdadero país democrático.
La Gasolina. En otra parte de sus declaraciones a Diario La Nación, el doctor Luis Antonio Ortíz Hernández se refiere al problema del combustible que agobia a los venezolanos y no se ve una solución ni a mediano o largo plazo, y por el contrario se agrava con el pasar de los días.
Sobre el tema señala: Es difícil entender que no exista ninguna lógica y racionalidad ver que en los últimos años se ha destruido el principal sector económico del país y la industria petrolera y sus filiales que son 44 y que se encuentran parcialmente paralizadas y la baja producción de barriles de petróleo de más de 5 millones que se obtenían anteriormente hemos llegado a tan solo 650 mil barriles.
Todas las refinerías del país se encuentran parcialmente paralizadas y solo se sabe a través de una serie de anuncios que se logró arrancarla refinería pero hasta el día de hoy no conocemos oficialmente si es verdad que se reactivó el complejo de Paraguaná, el llamado CRP, Amuay, Bajo Grande y Cardón, dijo.
Venezuela es el país del mundo con más reservas de crudo pesado pero la mala gestión por parte de su Junta Directiva no puede reformarlo y transformarlo en gasolina porque necesita de aditivos que en el pasado le compraba a compañías de Estados Unidos y otros países.
Para salir del paso, es estado venezolano argumentó que se vio forzado a recurrir a la ayuda internacional, concretamente a Irán de donde llegaron a puerto nacional cinco barcos cargados, Fortune, Forest, Petunia, Faxon y Clavel transportando 1.5 millones de barriles de combustible y con valor estimado en 44.5 millones de dólares.
El Ejecutivo Nacional informó el 27 de mayo que la gasolina se pagó en dólares, 45.5 millones mientras que Estados Unidos afirma que el estado venezolano pagó, según un portavoz del Departamento de Estado Morgan Ortagus en declaraciones a la VOA nueve toneladas de oro a través de varios envíos.
Finalmente, el profesional del derecho Ortíz Hernández considera que la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA debería presentar cuentas al país en la forma de cómo se llevó a cabo esa negociación y explicar los debidos controles que se deben aplicar de acuerdo a nuestra legislación y ejecutar las medidas que son de su competencia. (GC)