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“La pérdida de más de 71.0000 unidades de medicina por vencimiento de las mismas, por haber expirado su fecha de utilidad, es una gravísima violación de derechos humanos y constituye además un delito de corrupción contra el patrimonio público; es un delito de lesa humanidad y un crimen de exterminio tipificado en el artículo 7, numeral 1 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, lo cual viola el derecho a la vida consagrado en el artículo 43 de la Constitución y el derecho a la salud establecido en el artículo 83 de la Carta Magna, así como en tratados internacionales aprobados y ratificados por la República”, indicó el exparlamentario nacional, defensor de los derechos humanos y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez.
“Actualmente hay un debate sobre si se cumplieron o no los procedimientos para desincorporar una gran cantidad de medicinas que se habían vencido desde el 2008 hasta ahora, cuando el aspecto fundamental no se suscribe únicamente a los procedimientos administrativos y la intervención del Ministerio Público y la Contraloría, sino a la responsabilidad por acción y por omisión de los altos funcionarios del sector salud y los directivos del Hospital Central que permitieron que se vencieran esos medicamentos cuando se está muriendo la gente por falta de alimentos y medicinas, y es una obligación de ellos haber sido diligentes en el cumplimiento de su deber para garantizar el derecho a la salud de todos los tachirenses”.
—No se justifica que en la actual crisis de escasez e hiperinflación, en la que la mayoría de los ciudadanos no tiene acceso a los medicamentos, o bien porque no los consiguen o porque no cuentan con el dinero para adquirirlos, acudan a un centro asistencial como el HC, en el que se les pide todo para ser tratados, alegando que no tiene los medicamentos e insumos, lo que ha generado que muchos pacientes mueran literalmente en la puerta, y luego aparecen las autoridades del Gobierno regional anterior diciendo que una gran cantidad de medicamentos se vencieron, e incluso algunos que no se vencían también fueron incinerados y enterrados en los terrenos del propio hospital, en lugar de haber sido distribuidos equitativamente de acuerdo a las necesidades clínicas de los pacientes— alegó Márquez.
Detalló el parlamentario que esta acción representa además “un delito contra el patrimonio público por ser un hecho de corrupción, ya que ha generado graves pérdidas económicas a una institución del Estado, pero además con un agravante de negligencia inexcusable, porque los medicamentos se desecharon a campo abierto dentro de los propios terrenos del Hospital Central de San Cristóbal, sin importar la contaminación y las consecuencias que esto pueda traer para las personas que a diario transitan por allí”.
En este sentido señaló que además de investigar si se cumplió o no con los procedimientos administrativos para la desincorporación del material médico: “Solicito públicamente que se investigue la responsabilidad civil, penal y administrativa de los funcionarios que dejaron vencer esos medicamentos y las circunstancias en las cuales se desecharon, ya que quieren evadir la responsabilidad alegando que se cumplieron con los procesos administrativos; pero el tema de fondo es por qué dejaron vencer esos medicamentos, cuando estaban obligados a cumplir con el derecho a la salud y a la vida, que es una garantía constitucional y de tratados internacionales”.
Leidy Zafra
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