Política
Piden libertad de presos políticos rubienses

Betancourt señaló que el Estado incumple la ley al no notificar formalmente las detenciones a las familias

“A todos ellos, los presos políticos, se les ha violentado el debido proceso”, denunció María Betancourt este 1° de mayo en San Cristóbal.

La activista, actuando en representación de una fundación dedicada a la defensa de la libertad y la democracia en el país, aprovechó el marco de la marcha del Día del Trabajador para visibilizar la crítica situación de los presos políticos originarios de Rubio, municipio Junín del estado Táchira.

Durante su pronunciamiento, Betancourt detalló que actualmente existen ocho ciudadanos rubienses bajo privación de libertad por motivos políticos. Entre los casos mencionados destaca el del capitán Anthony Peña, quien recientemente recibió una boleta de libertad, pero fue dado de baja de las fuerzas militares.

No obstante, la activista enfatizó que la mayoría de los detenidos enfrentan procesos judiciales viciados o situaciones de opacidad informativa por parte de los entes del Estado.

Uno de los puntos más alarmantes de la declaración fue la denuncia de una “desaparición forzada” que data del 2 de agosto de 2024, tras el proceso electoral. Se trata de Jorgen Yoneyker Guanares Delgado, quien, según Betancourt, fue interceptado simplemente por haber prestado apoyo en los centros de votación el 28 de julio.

“Ahí tenemos a su mamita, una persona, es su único hijo, donde no se le ha informado la fe de vida de él”, lamentó la representante, señalando el dolor de las familias que no tienen certeza sobre el paradero de sus seres queridos.

La vocera también listó otros casos emblemáticos de la región, incluyendo al teniente coronel Edgar José Valdez Ramírez, involucrado en procesos militares, y al sargento mayor José Antonio Moreno, quien cumple una severa condena de 30 años y 8 meses.

Asimismo, se refirió al caso de Junior Alexander Ochoa Contreras, estudiante de la Guardia Nacional, cuyos familiares no fueron notificados oficialmente de su detención. Según explicó Betancourt “todos estos casos se enteraron los familiares fue por alguien que les avisó, pero nunca porque el Estado, como lo contempla la ley, tiene que ser informado a través de una llamada”.

Finalmente, destaca la situación de los primos Carlos y Wender Lizarazo, detenidos durante la denominada “Operación Tun Tun” tras ser señalados por fotografías en sus dispositivos móviles relacionadas con manifestaciones opositoras.

Betancourt concluyó su intervención exigiendo que se respete el derecho a la defensa y que los detenidos sean procesados en el estado donde presuntamente se cometieron los delitos, denunciando que estas irregularidades constituyen una violación sistemática a los derechos humanos de los ciudadanos del Táchira. // Maryory Bustamante