Favio Hernández
Diez empresas dedicadas a la distribución de alimentos han sido sancionadas hasta la fecha, así lo informó el protector político del estado Táchira, Freddy Bernal, quien agregó que emprenderá un operativo de fiscalización y control de precios justos en todo el estado Táchira.
En el marco de la ocupación temporal de algunas empresas productoras y distribuidoras de alimentos, el representante del Gobierno Nacional en la entidad especificó que los 10 comercios sancionados seis se ubican en las inmediaciones del Terminal de Pasajeros de San Cristóbal, dos en la parte alta de la ciudad, y los otros dos en el municipio Cárdenas.
Por tal motivo, anunció la creación de una Comisión de Seguridad, la cual estará conformada por efectivos del Sundee, Sunagro, entre otras, así como también la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con la finalidad de poner en marcha dicho operativo que pretender salvaguardar la soberanía económica y alimenticia de la población venezolana en medio de esta pandemia del coronavirus.
Apuntó que en primera instancia trabajarán en los municipios San Cristóbal, Junín, Cárdenas, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Andrés Bello, pues son sectores en los que han recibido mayor cantidad de denuncias.
Indicó que lamenta la “ola criminal” especulativa que se desató en los últimos días en tiempos de pandemia, y llamó “criminales” a los vendedores de alimentos; pequeños, medianos y grandes, que adoptaron acciones de acaparamiento, especulación y reventa de productos.
Alegó que dicha comisión está integrada por “casi 600 hombres” que serán “muy severos en el ejercicio de la Ley”, valiéndose en la ejecución de operativos permanentes “durante todos los días”.
Asimismo, el dirigente político advirtió que si los propietarios de comercios inciden en otros delitos contra la “soberanía alimenticia”, serán puestos a órdenes del Ministerio Público.
Ocupación temporal
Desde la sede de la empresa R.M. Quesos, el enlace gubernamental aclaró que estas acciones obedecen a ocupaciones temporales y no son expropiaciones, teniendo como fin velar por el cumplimiento de la distribución de los alimentos a un precio justo.
En el caso de R.M. Quesos, un total de cinco toneladas de alimentos fueron incautadas, y posteriormente serán vendidos a la colectividad, a precio justo. Rubros como queso, huevos, pasta y leche estaban facturados para obtener un margen de ganancia al 300%.
“No vamos a estar cerrando los negocios, pero sí vamos a establecer sanciones y vender a precios justos”, declaró, al mismo tiempo en que aseguró que instituciones como Fedecámaras y Asogata han manifestado su apoyo a estas medidas de “protección al pueblo”.
«Hay casi 200 presos por gasolina”
Ante la reciente oleada de denuncias formuladas por diferentes sectores políticos y civiles de la sociedad tachirense sobre la presunta reventa de combustible en diferentes estaciones de servicio de la entidad, el principal enlace del Gobierno Nacional en el estado, Freddy Bernal, manifestó que por este delito van “casi 200 presos”.
Recordó que desde hace tiempo ha venido entablando una “guerra contra las mafias del combustible”, e indicó que estas “mutan” y buscan, constantemente, la manera de evadir los cercos para continuar ejerciendo esta ilícita actividad.
Dijo que “personalmente” supervisa la gestión del Gabinete de Combustible, del cual aseguró estar en correcto funcionamiento, sin embargo, lamentó que no exista una estación de servicio exclusiva para el “ejército de batas blancas”.
No obstante, aseguró que hay “suficiente gasolina” para abastecer al personal que integra los diferentes sectores priorizados por el decreto de cuarentena social, e indicó que cada elemento tiene una bomba asignada para surtir de combustible sus vehículos.
Ahora son 5 días de aislamiento
En otro orden de ideas, Bernal manifestó que ahora los connacionales que arriban al territorio venezolano cumplen un período de cinco días de aislamiento preventivo en el estado Táchira, y no más de 15, como se destinó en un principio.
Dicha medida tiene la misión de “desahogar” a la entidad y darle mayor salida de personas, para así poder recibir a las más de 500 que diariamente están entrando al país, a través de la frontera colombo-venezolana.
Cabe destacar que el vocero explicó que apenas llegan los ciudadanos se les somete a una prueba rápida de despistaje para el COVID-19, y a los cinco días se le vuelve a someter a otra, en caso de salir negativos son trasladados hacia sus estados de origen en donde cumplirán el resto de la cuarentena.
Si salen positivo para coronavirus los connacionales serán aislados en un centro asistencial autorizado para albergar pacientes con esta patología, para ser allí debidamente tratados.
Asimismo, el representante del Gobierno Nacional en el Táchira calificó como “todo un éxito” el manejo que han tenido con respecto a la llegada de miles de venezolanos, por lo que felicitó a todas las personas que se encuentran trabajando en este plan.
Informó que hasta el momento a la nación han llegado 12.300 individuos y que actualmente existen 2.300 en el Táchira, alojados en PASI (Puntos de Atención Social e Integral).
Igualmente, lamentó que existan personas que ingresen por pasos ilegales y evadan los cercos de control epidemiológicos, internándose en la sociedad y colocándola en riesgo, por ende, hizo un llamado a la colectividad en general para que denuncie cualquier caso de personas que hayan llegado a sus comunidades y no hayan cumplido los controles epidemiológicos.
Preparados para el 11 de mayo
Bernal dijo estar “preocupado” porque el 11 de mayo, “de manera irresponsable”, el gobierno colombiano levantará el decreto de cuarentena en ese país, agregando que esto va a ocasionar un mayor flujo de personas que querrán entrar a Venezuela.
Sin embargo, aseguró que están preparados para esta situación y que intensificarán el plan de seguridad y prevención contra el coronavirus.
Finalmente, con relación a la queja pública de la gobernadora del estado, Laidy Gómez, sobre la falta de comunicación en materia de cifras de casos sospechosos para COVID-19, desde el 13 de abril, el protector del Táchira espetó que “ella puede decir lo que quiera, pero que las cifras oficiales las da el gobierno venezolano”.