En el marco del debate en la Asamblea Nacional venezolana sobre la Ley de Extinción de Dominio donde se plantean “los mecanismos para identificar, localizar y recuperar los bienes derivados de actividades ilícitas”, el director del Centro de Estudios de Frontera e Integración (CEFI), Carlos Casanova, señaló que llevará una propuesta para que también sean sancionados los colaboradores que en las distintas instancias, sean registros, alcaldías y otras dependencias, se hayan prestado para que este delito se haya configurado en contra de los ciudadanos.

“Solicitaremos a las instancias nacionales se haga una investigación de los casos de estafa inmobiliaria presentes en San Cristóbal. El Ministerio Público, luego de imputar formalmente por estafa a un ciudadano, al enviar el caso al tribunal le cambió la calificación del delito por sobreseimiento, lo que a todas luces resulta una conducta inapropiada, por lo que en este caso y en otros se hace necesario una intervención nacional”, explicó Casanova.

Reiteró que lo importante es investigar cualquier caso de presunta corrupción y que sea desde instancias superiores.

“Ya tenemos varios casos en carpeta para presentarlos paralelamente en varias instancias toda vez que el Derecho es prueba y los casos que llevaremos están probados. Si existen colegas con casos pendientes de estafas que no hayan tenido curso, estén paralizadas, en congelamiento, deben ponerse en contacto para evaluar si se incorporan estos a los expedientes que se llevarán a esas instancias nacionales”, manifestó Casanova.

Puntualizó que la lucha contra la corrupción es de todos, y que la denuncia es un derecho y se tiene que asumir: “Se debe determinar si los retardos están vinculados a estos hechos, por estas razones de que el estafador se siente protegido, es por lo que es necesario visibilizar el problema para que se haga justicia”. (Maryory Bustamante)