Regional
50 años de promesas y pasos peligrosos en la autopista San Cristóbal – La Fría

A cinco décadas de su inauguración, el principal eje vial del norte del Táchira sobrevive entre baches, maleza, botes de agua y siete pasos ilegales que convierten el trayecto en una guillotina social

Bleima Márquez

El constante flujo de reportes ciudadanos sobre accidentes, arrollamientos y maniobras imprudentes en la autopista San Cristóbal-La Fría, tramo entre San Cristóbal y Caneyes, municipio Guásimos, motivó al equipo de prensa de Diario La Nación a explorar detalladamente esta arteria vial.

El recorrido coincide con un aniversario agridulce, porque es la vía más importante que enlaza al sur del estado con la zona norte, pero tras medio siglo, sigue incompleta, está deteriorada.

Esta obra acaba de cumplir 50 años desde la inauguración de su primer tramo, el 17 de enero de 1976. Y, a la fecha, marzo de 2026, es un proyecto inconcluso. Lo que nació como la gran promesa de conectividad para el Táchira es hoy una estructura que evidencia décadas de retrasos, falta de mantenimiento de fondo y un riesgo latente que se traduce en tragedias viales para los usuarios.

El equipo de prensa de Diario La Nación inició un recorrido en el punto donde nació la esperanza de modernidad para el Táchira: El Puente Libertador, correspondiente al primer tramo de 4.5 kilómetros. Hoy, marzo de 2026, la realidad golpea la vista. Lo que debió ser una vía de alta velocidad es un catálogo de fallas estructurales y anarquía ciudadana.

Al avanzar hacia el segundo tramo, inaugurado en 1981 por el presidente Luis Herrera Campins, el deterioro se acentúa y se hace protagonista. Son 11 kilómetros que conectan a San Cristóbal con los distribuidores de Cordero y Patiecitos. En teoría, una obra de ingeniería de vanguardia; en la práctica, una vía que sufre de deformaciones permanentes como ahuellamiento, hundimientos y grietas que dificultan el tránsito fluido.

Trochas del peligro

El hallazgo más alarmante durante el recorrido, es la existencia de, al menos, siete pasos irregulares. Son cortes improvisados en la isla o separador central. No se sabe quiénes los hicieron, pero son usados por todos los conductores.

Estos pasos, conocidos coloquialmente como “trochas cortas”, son utilizados por motorizados, vehículos particulares, camiones de carga y hasta peatones, para evitar el recorrido hacia los distribuidores, que son las rutas adecuadas, legales y seguras, pero que implican un mayor recorrido, inversión de tiempo y combustible.

El objetivo de los infractores es dar la vuelta en U de forma inmediata o ingresar a sectores como Tucapé, Caneyes y Boca de Caneyes. Mientras el equipo graba, una motocicleta cruza con tres pasajeros, entre ellos un menor de edad. Lo hacen con una normalidad asombrosa, desafiando el flujo vehicular de una autopista nacional, que forma parte de la Troncal 1 y que carece de señalización y demarcación eficiente.

El agua: el enemigo silencioso

El pavimento no solo cede por el peso vehicular, sino por la saturación de humedad en una zona de terrenos arcillosos que agravan cualquier falla estructural. A esto se suman las constantes roturas de tuberías de agua potable y residual, tanto en el separador vial como en los laterales, que han convertido tramos de la autopista en verdaderos pantanos.

El punto más crítico se pudo observar justo frente al Cementerio Metropolitano de Tucapé. Allí, lo que debería ser una cuneta de drenaje se ha transformado en una gran laguna de aguas putrefactas que emana olores fétidos y bordea la arteria vial.

Según los testimonios recabados en el lugar, al parecer, esta acumulación proviene del colapso del sistema de aguas servidas de la parte alta de Caneyes.

“Es una laguna inmensa que causa todo este daño”, relatan los usuarios mientras señalan cómo el agua estancada ha carcomido el asfalto hasta dejarlo reducido a cráteres y lodo. El líquido, de color oscuro y rodeado de vegetación descuidada, no solo debilita la capa asfáltica, sino que representa un riesgo sanitario para quienes viven, transitan o trabajan en las adyacencias del camposanto. Hay mucha preocupación a pesar de que la empresa hidrológica del Estado está presente con su personal y equipos de trabajo.

Según opinan los infociudadanos, esta saturación hídrica es la que provoca que los trabajos de bacheo sean inútiles. Al no haber un sistema de drenaje funcional y permitirse la existencia de estas lagunas de desechos, cualquier capa de asfalto nuevo es levantada por la presión del agua en cuestión de semanas.

En el sector El Diamante, la historia se repite: Una tubería rota desde hace nueve años no solo interrumpió la isla central, sino que fue la causa directa de un accidente fatal en el pasado, justo para ese momento. De acuerdo con los lugareños, el daño fue reparado, pero dejaron inclusa la obra, es decir, el separador de la isla, y ahora forma parte de los pasos riesgosos e ilegales de uso cotidiano.

Derecho a la vía

El derecho de vía es, en la práctica, letra muerta. Según el Artículo 151 de la Ley de Transporte Terrestre, este se define como la franja de terreno destinada a la construcción, conservación, seguridad e inspección de la vía, así como para la instalación de servicios públicos y rampas de emergencia. La ley es taxativa: Ese espacio no es para el libre aprovechamiento privado.

Sin embargo, a lo largo del tramo, comercios de todo tipo se instalan en las franjas laterales sin respetar los retiros legales. Estos establecimientos utilizan el hombrillo y el separador vial como zona de carga, descarga y estacionamiento permanente, lo que obliga a los conductores a efectuar maniobras bruscas para esquivar obstáculos en una vía de alta velocidad. Esta ocupación indebida no solo restringe la capacidad de maniobra ante una falla mecánica, sino que convierte la autopista en una calle comercial sin fiscalización ni control.

Necesidad de políticas públicas viales

Para comprender por qué una autopista nacional termina convertida en una red de trochas o pasos peligros, es necesario analizar la raíz del problema, por tal motivo, el equipo de prensa de Diario La Nación consultó a un experto en gestión pública.

El abogado Mauricio Pernía Reyes, especialista en Derecho Administrativo y en políticas públicas, calificó la situación actual no solo como un deterioro físico, sino como un estado anárquico.

Según el catedrático de la Universidad Católica del Táchira, la desatención permanente por parte de los órganos competentes ha generado un ciclo vicioso: “Los esporádicos trabajos de bacheo o desmalezamiento son insuficientes y siempre están por detrás de la magnitud real del problema”.

Para el experto, el hecho de que las reparaciones se limiten a asfalto frío o caliente antes de eventos puntuales, demuestra una carencia de políticas sostenibles que garanticen la vida útil de la vía.

Un territorio sin control

Pernía subraya que la autopista ha perdido su esencia de vía de alta velocidad para transformarse en un espacio de riesgo cotidiano. La falta de fiscalización ha permitido que la isla central sea perforada por maniobras prohibidas, ignorando lo establecido en el artículo 169, numeral 10, de la Ley de Transporte Terrestre.

“Si para entrar a mi casa o mi población debo realizar maniobras peligrosas e ilegales, entonces no tengo un lugar digno de vida; mi lugar no existe porque entro a través de continuas trochas”, reflexiona el especialista jurídico sobre el impacto social en los habitantes de sectores como Tucapé y Boca de Caneyes.

Al preguntarle sobre la violación al derecho a la vía, contemplado en el artículo 151 de la ley vigente, el catedrático dijo que se trata de una franja de terreno, destinada a la seguridad y mantenimiento, que al ser ocupada desordenadamente y no guardar el retiro correspondiente, convierte el canal del hombrillo en una zona de riesgo, obligando al conductor que circula legalmente a frenar bruscamente, aumentando las probabilidades de colisiones o arrollamientos.

La sostenibilidad como única salida

La solución, según el profesor universitario, requiere estudios socio-culturales y una educación vial agresiva: “La legislación promueve la participación ciudadana. La comunidad debe exigir que se reparen las vías de acceso legales, como los túneles y distribuidores, en lugar de adaptarse a actuar con maniobras peligrosas”.

Para Pernía, el desarrollo del Táchira depende de una infraestructura óptima. No se puede permitir que una vía nacional, que conecta con aeropuertos y estados vecinos, sea una bomba de tiempo por la falta de iluminación, el colapso de drenajes y la ausencia de autoridad, tal y como lo reportan los usuarios y vecinos de la zona.