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Atenta contra la población vulnerable Ley tributaria aprobada por el CLET

19 de junio de 2023

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Con esta precariedad social, explica el especialista, ahora deberán soportar su ya pesada carga fiscal de tributos directos e indirectos de un sistema tributario que descarga en el ciudadano más de 40 % de los ingresos públicos, más los tributos fiscales.

Humberto Contreras

La nueva Ley aprobada por el Consejo Legislativo el 22 de mayo del 2023 y publicada en la Gaceta Nº 12.112 además de los vicios de inconstitucionalidad observados por expertos tributarios que existen, según señalan, en muchos de sus artículos, contiene además contradicciones con los principios de Derecho y de Justicia constitucionales que propugnan la defensa de los sectores más vulnerables de la colectividad, la justicia social, democratización, eficiencia, libre competencia, productividad y solidaridad.

Así lo señala el doctor Dilio Hernández, economista tachirense, profesor de Posgrado de la UCV y director del Centro de Investigaciones y Análisis Prospectivo, quien explica que la nueva ley, llamada Ley del Sistema de Tributos del Estado Táchira (LSTET), atenta en primer lugar contra la población más vulnerable del estado, que hoy constituye casi 90 %, viviendo en condiciones de pobreza de ingresos y 75 % en pobreza extrema.

En este país el ingreso promedio, incluidos los salarios y las bonificaciones no supera los 50 dólares. La recaudación fiscal del año 2022 según cifras del Seniat, superó los 4 mil 500 millones de dólares, con lo cual la carga fiscal per cápita, oscila entre 16 y 20 dólares mensuales, de los cuales el IVA, impuesto regresivo que pecha todas compras del venezolano, supera 50 %, equivalente al triple del Impuesto Sobre La Renta, y con mayor impacto en los sectores de más bajos ingresos. Se estima que 80 % de los ingresos ordinarios del Estado provienen de este tipo de impuestos.

Una ley leonina

–De tal manera que agregar nuevos tributos regresivos a más de 24 sectores de la actividad social, económica y cultural de los tachirenses, es leonino y contraproducente al mejoramiento de su calidad de vida- dice Hernández.

Con el agravante, agrega que no existen garantías de que esta nueva carga fiscal se vea reflejada en el mejoramiento de los servicios públicos y en la seguridad social de los ciudadanos por el grave deterioro de los mismos. Lejos de ello, constituye un componente que contribuyen a desmejorar su bienestar y a incrementar la pobreza en la región, por sobre la media nacional.

En segundo lugar, un impacto negativo de la Ley está en el área económica. Las cargas parafiscales excesivas que se le agregan a los agentes económicos en entornos depresivos e inflacionarios, por definición son contraproducentes para lograr la recuperación del aparato productivo y lograr el crecimiento de la economía, contrarios al principio constitucional que propugna el fortalecimiento de la economía, la seguridad jurídica, sustentabilidad, equidad, dinamismo y solidez de este sector.

Comparando con el país vecino

Indica el doctor Hernández que en el país las empresas cancelan más de 33 tipos de impuestos indirectos en las diferentes escalas de la tributación fiscal nacional, regional y municipal, que no son descontados del ISLR y que elevan el déficit fiscal de las empresas en más de 1.000 horas/hombre, en su actividad económica.

–En economías depresivas, inflacionarias e inestables, crear nuevos impuestos parafiscales sin contrapartida en servicios públicos, economías externas y seguridad social de sus trabajadores es contraproducente.

El aparato productivo regional opera con más de 60 % de su capacidad ociosa, con una contracción de la demanda, superior a 40 % y una competencia desigual frente al mercado colombiano que tiene una economía más estable, con una carga fiscal más baja y procesos administrativos públicos más simples y eficaces.

Mientras en Colombia emprender un negocio lleva 9 ó 10 trámites, y el tiempo de ejecución no supera los 15 días, en la región hay que cumplir más de 40 registros y procesos administrativos, con un promedio de ejecución que supera los 230 días. El país ocupa el lugar 186, de 190 países, donde es más difícil hacer un negocio mientras Colombia ocupa el puesto 43. En América Latina ocupamos el lugar 20 en dificultad para emprender negocios, según datos del Banco Mundial.

Agregar más impuestos al aparato productivo regional solo contribuye a complicar más los procesos administrativos estadales y municipales, desestimulando la inversión local y extranjera que es fundamental para lograr el crecimiento económico, contribuyendo a incrementar el cementerio de empresas cerradas que ha dejado el país en los últimos 20 años.

Se estima en más de 500 mil establecimientos comerciales cerrados, pasando de más de 830 mil activos que existían en 2002, a menos de 200 mil en 2022, y un parque industrial que pasó de más de 12 mil empresas activas, a menos de 2 mil en 2022.

Si bien los tributos regionales y municipales son necesarios para recaudar ingresos de los gobiernos locales y contribuir a cubrir los gastos operativos y el mantenimiento de los servicios públicos y los programas sociales, su aplicación debe estar en concordancia con la realidad social y económica nacional y regional.

Afirma el economista que aplicarlos sin un estudio serio de impacto social y económico, solo contribuye a acelerar la crisis y desmejorar la calidad de vida de sus habitantes, lejos de esta receta fiscalista. Se ha demostrado internacionalmente que en situaciones de dificultad económica de un país, la reducción de impuestos regresivos como IVA, IGTF, IDB, Registros y Notarías, etc., han sido determinantes para su recuperación y progreso.

Finalmente

La sociedad tachirense -ciudadanos, empresarios, profesionales, trabajadores- debe solicitar la derogación de este instrumento fiscal, no porque se nieguen a contribuir con el gasto público, sino por su carácter anticonstitucional y contraproducente en un entorno social y económico precario y depresivo.

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