Negociación simétrica desde la perspectiva Mariana
28 de abril de 2024
En 1999, Venezuela era uno de los países eléctricamente más desarrollados de Latinoamérica, y uno de los más urbanizados de la región. Contaba con una industria eléctrica en la cual participaban el Estado y el sector privado nacional; un moderno parque de generación hidroeléctrica y térmica, una red de transmisión de alta tecnología y otra de distribución, que abarcaba 96 % de la población, con 94 % del territorio nacional electrificado.
Esta realidad permitió que, el 22 de septiembre de 2006, durante el acto de colocación de la piedra fundacional del Complejo Industrial Gran Mariscal Ayacucho (Cigma), el expresidente Hugo Chávez asegurara que Venezuela sería “muy pronto una potencia energética mundial”.
Sin embargo, veinte años después de la realidad eléctrica que recibió, las centrales existentes operan a duras penas. El superapagón de marzo 2019 se encargó de mostrar la triste situación en que, camino a la supuesta “potencia energética”, el otrora flamante sistema eléctrico fue postrado.
El Sistema Eléctrico Nacional, SEN, ahora está colapsado y, según opiniones calificadas, la solución no está a la vuelta de la esquina. Instituciones y expertos en la materia no cesan de explicar las causas que motivaron la abrupta decadencia, que llevó en veinte años, a mostrar un deterioro extremo. Para 2019 se producía apenas 8 mil de los 18 mil megavatios que se consumía diez años antes.
Son varias las instituciones y muchos los expertos que han registrado a través de los medios las posibles causas que explican lo ocurrido. En este trabajo pretendemos resumir, sin juicios, algunas razones dadas al respecto, aunque, en síntesis, las causas fundamentales son: corrupción, falta de mantenimiento, desinversión y malas políticas aplicadas.
Mala gestión, desfalco y desinversión
Un estudio elaborado por expertos de Transparencia Venezuela señala que el colapso es el resultado de una combinación de falta de mantenimiento, mala gestión, desfalco y desinversión en el sistema eléctrico.
El estudio especifica que la verdadera causa obedece a la “falta de mantenimiento de los equipamientos de generación y transmisión, y de no haber acometido las inversiones requeridas para la expansión del sistema eléctrico nacional. Y otra razón, importante, es que “no se avanzó con el Plan de Expansión de Generación y Transmisión del Comité de Planificación del Contrato de Interconexión, previsto para los siguientes 10 años, a partir de 1999.
Esto, dice, condujo a un “déficit de generación para satisfacer la demanda eléctrica nacional, dado que, al no efectuar esas inversiones, el uso del embalse de Guri se hizo tan intensivo, que amenazó su operatividad, cuando empezaron a producirse interrupciones del servicio que afectaban varios estados del país.
Agrega otra razón: Se dilapidaron los recursos asignados para el sistema. El documento señala que “los resultados de la estatización total del sector eléctrico emprendida a partir de 2007, se hicieron evidentes con la crisis del sistema eléctrico en 2016, luego de que entre 2010 y 2015, se realizaran inversiones de más de 40 mil millones de dólares en equipamiento de generación y transmisión”
El texto resume: mala planificación; toma de decisiones sin conocimiento técnico adecuado; nombramiento de personas poco idóneas en cargos importantes; aplazamiento de gasto e inversión en el mantenimiento del sistema, e incluso, desviación de estos recursos.
Se olvidó el parque térmico
En abril de 2016, el presidente de la Comisión Eléctrica del Colegio de Ingenieros, Wiston Cabas, expuso que “el principal problema del Sistema Eléctrico Nacional es la alta indisponibilidad del parque térmico instalado”.
Cabas esbozó las razones de la crisis, en el orden siguiente: Predominio de lo político sobre lo técnico y lo económico, lo cual implicó que la toma de decisiones se guíe por criterios políticos, y como consecuencia se produjo la desprofesionalización de la industria.
El desprecio de criterios técnicos, rutinas, procedimientos, planes, protocolos técnicos y económicos de la empresa operadora; contratación de personal gerencial, profesional y técnico en función de su lealtad política y no por su formación y experiencia.
Menciona también el despido, jubilación anticipada o marginamiento de personal con formación y experiencia. Despilfarro de recursos en el exterior en función de intereses geopolíticos: regalos, inversiones, compra de equipos y materiales. Contratación de empresas foráneas de ingeniería y construcción, por intereses geopolíticos, en detrimento de la ingeniería y la industria nacional, y favorecimiento de la corrupción y las malas prácticas en la empresa.
En segundo lugar, la centralización de la industria eléctrica. Al crear Corpoelec, esta empresa estatal monopoliza el servicio, pues sustituye las 14 empresas, estatales, mixtas y privadas, que existían. La toma de decisiones se concentra en Caracas, para todos los procesos productivos y administrativos, incluso compras, pagos, viáticos, etc., lo que retarda las tareas operativas y de mantenimiento, y afectó a los trabajadores.
Una tercera causa es la insuficiencia de ingresos, que hace inviable la prestación del servicio, dado que el ingreso por tarifas no cubre la nómina y genera graves problemas de liquidez, los cuales impactan tanto el clima laboral como la operación de la empresa.
La industria eléctrica pasa a depender totalmente, para todas sus operaciones, del gobierno central. El congelamiento de las tarifas desde 2003, el abandono de la cobranza y, en general, de la comercialización, redujo los ingresos reales de Corpoelec.
En cuarto lugar, el abandono de planes de mediano y largo plazo que se venían diseñando y ejecutando, produjo el desfase entre demanda-oferta en generación, transmisión y distribución, y el deterioro del sistema eléctrico. La postergación y/o paralización de proyectos térmicos, hidroeléctricos, transmisión, control, durante varios años, afectó el sistema.
Más explicaciones
Otros expertos han opinado sobre las causas de la crisis eléctrica. Haciendo una síntesis de varias exposiciones, se mencionan varias causas, que reiteran los mismos defectos: La primera, el cambio de modelo de organización de las diferentes empresas eléctricas para 2007 en un aparato centralista y la reforma de la primera Ley Eléctrica en 2004.
La segunda, la falta de seguimiento a los proyectos de ampliación y potenciación de las plantas termoeléctricas existentes. En tercer lugar, la falta de mantenimiento de las turbinas del Guri, y cuarta, la escasa presencia de profesionales y personal calificado que fueron, sea por discriminación política, por persecución, o por falta de incentivos en la remuneración, o por traslado a otras empresas.
Una quinta causa esbozada, es las fallas en la planificación, mantenimiento e inversión y formación de personal calificado para actuar en el área eléctrica, y en sexto orden, no se contó con la oferta energética de las plantas termoeléctricas, que no fueron concluidas cuando estaba planificado.
Venezuela tenía para finales de 2009 una capacidad instalada de generación eléctrica de aproximadamente 23 mil 670 MW, de los cuales 62% (14.630 MW) correspondían a las represas hidroeléctricas y 38% (9 mil 40 MW) al parque termoeléctrico. Al cierre de ese año, el consumo de energía era de 123 mil GW/hora, (Gigavatios/hora) con una demanda máxima histórica de 17 mil 300 MW.
La demanda de energía es cada vez mayor. Por ejemplo, de 1998 a 2009 aumentó cerca de 60%, lo cual representa unos 6 mil 500 MW adicionales, aunque solo se pusieron en servicio 4 mil MW que no estaban operativos en su totalidad.
Centralización en vez de apertura
En 1999, con el propósito de desarrollar un plan de fortalecimiento del sistema eléctrico en el país, se propuso ante el Congreso Nacional la Ley del Servicio Eléctrico, cuya finalidad era la liberación del sector en materia de inversiones.
La justificación, previsiva entonces, venía del hecho de que el país padecía una baja importante en la inversión pública y de no permitirse o facilitarse una mayor participación de los capitales privados en el área eléctrica, se vislumbraba que el sector entraría en un proceso de deterioro.
La ley mencionada se refería a aspectos como el “valor agua y despacho económico, formación de precios de la electricidad en nodos de intercambio de la Red Troncal, competencia en generación, sinergias entre capitales público y privado, y entre la industria petrolera y el sector eléctrico, criticidad en la producción de combustibles termoeléctricos”, entre otros elementos que satisfacían las necesidades del sector. Pero el oficialismo nunca la aprobó. Así lo dice el ex viceministro de Energía Eléctrica en el gobierno de Chávez, Víctor Poleo.
En 2001, dice el ingeniero Miguel Lara, exdirector de la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados, su despacho, que estaba encargado de dirigir y coordinar la operación del Sistema Eléctrico, advirtió al Ejecutivo sobre el riesgo de una situación de déficit del suministro eléctrico, debido a decisiones erradas tomadas por el gabinete.
Sin embargo, aunque las advertencias se dieron a tiempo, e incluso se nombró una comisión encargada de “planificar estrategias para combatir la emergencia”, nunca hubo acción. Por el contrario, detalla el exfuncionario, el Gobierno decidió suspender “la política de mantenimiento metódico de las centrales, comenzaron a quitar gente de los cargos y a poner gente que no era apta; abultaron la nómina con ingresos de familiares o políticos que no estaban capacitados para trabajar en el área y congelaron la tarifa eléctrica.
Cuarentena y consumo
La demanda máxima de electricidad actual en Venezuela se sitúa cerca de 14.000 MW, nivel muy por debajo a todas las estimaciones de demanda que se formulaban hace unos cinco años, cuando los escenarios más conservadores la estimaban superior a 18 mil MW para 2017.
Actualmente lo que alimenta la generación hidroeléctrica es casi 80 % de la necesidad -cuando antes era 60 %-, porque el parque termoeléctrico no está completamente operativo. La crisis de energía se ve potenciada durante los períodos de sequía cuando disminuye el nivel de las represas y cuando bajo esas circunstancias las plantas son adicionalmente puestas a trabajar sobre su capacidad.
Desde 2013, la demanda eléctrica nacional se ha reducido en casi 9 mil megavatios, una caída de 41.44 % en menos de 7 años. Se explica por el cierre de muchos establecimientos comerciales, la reducción de la población en unos cinco millones de personas que se han marchado al exterior, y por supuesto, ya no influyen en la demanda de servicio, la disminución en la producción de la industria petrolera y por la paralización de las empresas básicas en Guayana.
Pero también, con la caída del consumo, también ha bajado la capacidad de producción de las centrales eléctricas en el país.
Los especialistas coinciden en que el consumo eléctrico no tendrá mayores problemas de los que tiene ahora, por el aumento en la demanda doméstica desde la cuarentena. Explican que la falla del servicio en algunas regiones ocurre, en mayor proporción, por la paralización de las termoeléctricas y la saturación en las líneas de transmisión desde el bajo Caroní, las cuales llevan la energía a más de 80% del territorio nacional.
Se puede decir que más bien la cuarentena favorece a que haya disponibilidad de electricidad”, señaló Nelson Hernández, ingeniero energista. Indicó que el uso doméstico de la electricidad no es mayor al de la paralización de los comercios y algunas industrias, por lo que habría un estado de mejora en la distribución.
Humberto Contreras
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