Regional
Comunidades exigen respuestas ante el deterioro de servicios

Sometidos al colapso paulatino de los servicios públicos y al deterioro continuo de sus entornos urbanos, los tachirenses alzan la voz en un reclamo colectivo que combina la indignación con la urgencia. Desde comunidades desabastecidas de agua potable hasta hospitales a oscuras y terrenos al borde del deslave, el clamor popular exige la atención estatal inmediata ante problemáticas que amenazan no solo la económica familiar, sino la integridad física y la dignidad de la población

Servicios en contingencia

En la frontera, los habitantes del sector José Félix Rivas en El Palotal, municipio Bolívar cumplen casi dos semanas sin acceso al agua potable. Esta carencia ha derivado en la proliferación de camiones cisterna privados que exigen montos de hasta 60 mil pesos colombianos por carga, una tarifa desproporcionada para una población con alta presencia de adultos mayores y personas con discapacidad. De manera equivalente, la vulnerabilidad eléctrica impacta la atención médica, ya que en el municipio Junín, el Hospital Padre Justo de Rubio sufrió un apagón total tras una falla en la red de suministro, obligando al personal sanitario a atender las instalaciones empleando únicamente las linternas de sus celulares.

Deterioro de la infraestructura 

La falta de mantenimiento preventivo y los daños geológicos comprometen severamente la seguridad en diversas localidades. En el límite entre Cárdenas y Guásimos, la comunidad Francisco de Miranda enfrenta una contingencia crítica por fisuras en los terrenos, paredes agrietadas, viviendas inclinadas y postes en riesgo de caída, situación que compromete el patrimonio de más de 100 familias. Paralelamente, en la carrera 6 de Patiecitos, los vecinos señalaron la paralización de las obras de asfaltado tras más de diez días de espera por la maquinaria municipal convenida para reparar la vía.

Asimismo, la desatención a las estructuras públicas genera alerta en otros puntos geográficos. En la urbanización Altos de Paramillo en Cárdenas, la reja perimetral de la cancha comunitaria amenaza con desplomarse hacia la arteria principal. Por su parte, cuatro sectores circundantes a la quebrada La Zorquera en San Cristóbal reiteran el llamado para efectuar el dragado y canalización del afluente, recordando que a más de un año de haber introducido una solicitud formal ante la alcaldía capitalina, aún no han obtenido ejecución de obras para prevenir inundaciones.

Irrespeto a las normas de convivencia

A las deficiencias de los servicios públicos se suma el deterioro de la cultura ciudadana. En la avenida principal de Pueblo Nuevo en San Cristóbal, los residentes expresaron su malestar ante el constante bloqueo de las entradas residenciales por parte de conductores que ignoran la señalización de “prohibido estacionar”, transformando la vía pública en un estacionamiento informal que obstaculiza la circulación habitual.

El panorama expuesto por las distintas comunidades del estado Táchira evidencia una brecha persistente entre los requerimientos ciudadanos y la oportunidad de respuesta por parte de las autoridades municipales y regionales. Si bien la disposición de los vecinos a colaborar mediante mano de obra o solicitudes formales refleja un nivel de organización comunitaria destacable, la atención de fallas geológicas, emergencias hospitalarias y servicios básicos requiere inevitablemente de una planificación presupuestaria e intervención técnica oportuna por parte del Estado para evitar que el deterioro acumulado derive en problemáticas mayores. (DB)