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Este lunes 7 y martes 8 de junio se celebró en la ciudad de San Cristóbal la audiencia preliminar de los civiles detenidos en el Alto Apure, por presunta traición a la patria, rebelión militar, espionaje y ataque al centinela, a raíz de los enfrentamientos armados registrados en esa zona en el mes de marzo del presente año.
Walter Márquez, como defensor de los derechos humanos, presidente de la Fundación El Amparo y director del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN), junto a un grupo de abogados que asesoran a varios de los detenidos y a sus familiares, se refirió al tema este lunes, en su cuenta de Twitter, indicando:
“1/2 Juez Militar de Guasdualito, Cnel Benigno Medina ordenó en audiencia preliminar pase a juicio de 13 civiles prisioneros de sucesos del Alto Apure, quienes se negaron a aceptar los cargos, producto de un expediente forjado. Salieron en libertad un discapacitado y un anciano”.
“2/2 Otros 3 prisioneros aceptaron cargos bajo presión. Este martes 8 de junio continuará audiencia preliminar para otros 7 civiles recluidos en Procemil. Ante arbitrariedad elevaremos denuncia al relator de detenciones arbitrarias del CDHNU en Ginebra y a CIDH en Washington”.
Posteriormente, este martes, junto a los familiares de algunos de los detenidos que se acercaron a la sede de los tribunales, Walter Márquez indicó que está trabajando junto con los abogados asesores, familiares y los propios detenidos, para definir la estrategia procesal frente al caso, en virtud de que al pasar a juicio se puede asumir la promoción de pruebas, recurrir ante la Corte de Apelaciones en Caracas, o solicitar una revisión constitucional por parte del máximo tribunal de la República (TSJ).
Ratificó Márquez estar en presencia de una grave situación de fabricación de un expediente por parte de instancias militares, “con la intención de justificar el fracaso rotundo de sus operaciones militares en el Alto Apure durante la confrontación entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los grupos irregulares de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP)”.
Igualmente, manifestó que continuará con su labor, “realizando las acciones a que haya lugar, tanto a instancias nacionales como internacionales, para obtener la libertad de los acusados, quienes se han convertido en secuestrados judiciales, nuevas víctimas de la represión judicial por parte del régimen de Nicolás Maduro”.
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