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Crisis sanitaria | Intergremial de salud exige salarios acordes al costo de vida y protestaron en San Cristóbal

Una indignada concentración sacudió la mañana de este martes las inmediaciones de la Corporación de Salud del estado Táchira (Corposalud). Portando banderas y pancartas con consignas reivindicativas, la llamada intergremial de la salud — una coalición integrada por el Colegio de profesionales de la Enfermería, el Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos Profesionales y Administrativos del Sector Salud (Sunepsas) y el Sindicato de Obreros—  se trasladó de forma contundente en el marco del denominado “Grito Nacional de la Salud”. La protesta pacífica sumó el respaldo militante de empleados activos, personal incapacitado, jubilados y pensionados, quienes unieron sus voces a las del gremio educativo en un reclamo unánime frente a la asfixia económica que padecen.

La delegación acudió a la sede institucional con el propósito de consignar un documento formal dirigido al ministro de la salud Carlos Alvarado, a través del presidente de la corporación local, el doctor Rafael Medina. Sin embargo, la comitiva se topó con la ausencia de las máximas autoridades en la presidencia de la entidad. Ante este escenario, el documento fue recibido por la secretaría del organismo, bajo la promesa de que será minuciosamente revisado y remitido a las instancias ministeriales correspondientes.

Las demandas fundamentales plasmadas en el texto exigen de manera perentoria el desembolso del bono de responsabilidad para la totalidad de la nómina sanitaria, sin ningún tipo de distinción o discriminación respecto al estatus laboral de los afectados. Asimismo, se solicita con urgencia una revisión exhaustiva de las clases de cargos para proceder a una justa clasificación profesional, un beneficio largamente esperado por el personal,  con especial énfasis  en el gremio de enfermería.

El núcleo de la protesta radica en la insostenible disparidad económica. Voceros de la manifestación denunciaron la irracionalidad de la estructura salarial vigente, donde un obrero percibe 80 bolívares quincenales, mientras que un empleado profesional devenga entre 180 y 500 bolívares por el mismo periodo. Esta realidad choca de forma dramática con el reciente ajuste del transporte público urbano y suburbano, cuyas tarifas oscilan  entre los 300 y 600 bolívares. Los manifestantes catalogaron de “ilógico” que el salario de una jornada no cubra ni siquiera el traslado diario hacia sus puestos de trabajo.

Esta alarmante brecha se contextualiza con los análisis emitidos por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), cuyos indicadores económicos demuestran cómo la inflación y el costo de la vida pulverizan de manera sistemática la capacidad adquisitiva de los asalariados, empujando a los trabajadores de los centros de asistencia pública a condiciones de extrema precariedad.

Coacción y persecución en los pasillos

Más allá de las exigencias estrictamente financieras, la concentración sirvió de tribuna para repudiar las deplorables condiciones de las infraestructuras hospitalarias, la escasez de insumos médicos y, muy especialmente, una ola de persecución institucional en algunos recintos de la entidad. Los asistentes condenaron con vehemencia las retaliaciones y medidas punitivas ejecutadas en el Hospital Central de San Cristóbal en contra del personal que participa activamente en estas convocatorias de calle.

Según denuncias recabadas durante la jornada, los trabajadores que tenían pensado acudir o asistieron a manifestaciones previas fueron objeto de tácticas de amedrentamiento bajo el argumento de que sus reclamos “dañaban la gestión” de dicho nosocomio. Asimismo, los portavoces alertaron sobre amenazas de suspender ciertos planes de contingencia y apoyo social destinados al personal, como una medida de castigo indirecto ante las movilizaciones.

“A nosotros no nos van a callar. La única manera que nos callen es que hagan aumento de salarios dignos, que discutan los contratos colectivos y no queremos más bono de hambre y no más amedrentamiento”, sentenció con firmeza una de las representantes sindicales al medio digital Conexión Táchira

El liderazgo intergremial extendió un enérgico llamado al doctor Rafael Medina para que ordene el cese inmediato del acoso laboral y psicológico que se ejecuta en el Hospital Central. Exigieron que no se retiren los mecanismos de asistencia a los empleados, alegando que estas presiones agravan la ya crítica situación que enfrentan debido al colapso de los salarios y el transporte, ratificando que se mantendrán firmes en las calles hasta obtener respuestas concretas. (Daniel Bueno)