San Antonio.- Ante la situación legal en la cual se encuentran amas de casa, trabajadores, comerciantes, industriales y empresarios, por tener la cédula objetada, el expresidente de la Cámara de Comercio de San Antonio, José Rozo, pidió a la Defensoría del Pueblo que intervenga para encaminar el procedimiento que permita resarcir los derechos que les están siendo vulnerados a personas extranjeras que obtuvieron la ciudadanía venezolana por naturalización.
Consideró que estas personas han caído en una especie de limbo jurídico y corren el riesgo de que les sea anulado su documento de identidad, lo cual afectará su libre desplazamiento y desenvolvimiento en el país. Aquellos que tienen negocios, comercios e industrias, se ven perjudicados para continuar desarrollando su actividad de manera normal como empresarios.
De acuerdo con la Constitución, añadió, la asistencia de las personas que se encuentran en esta situación debe llenarla la Defensoría del Pueblo, porque dentro de sus funciones está la de canalizar a la brevedad, a través de las defensorías delegadas en cada estado. Deben realizar el censo de las personas que estén en esta situación. También se debe haber la estadística de quienes pudiesen estar en peligro de perder la cédula.
Criticó que la objeción de la cédula se haya hecho de manera abrupta, sin abrir un proceso administrativo, como lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo; sin haber publicado ninguna circular, sin ningún decreto en Gaceta Oficial. Eso crea inseguridad.
—La idea es que no se convierta esto en un elemento más de desequilibrio e inseguridad jurídica en la zona de frontera. Estamos de acuerdo en que deben revisar aquellos procedimientos y el Estado tiene esa función, pero no debería hacerse de manera generalizada porque crea zozobra. Estas personas son privadas de derechos fundamentales, como poder votar. Al no poder votar se pierde ciudadanía, entonces se convierte en una especie de paria y no creemos que esa sea la intención del Estado como tal.
José Gregorio Hernández