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21 de mayo de 2024
Luego de aprobar la solicitud hecha por el diputado Yhon Luna, presidente de la Comisión de Política, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos del Consejo Legislativo del estado Táchira (CLET), el órgano rector regional citará a la gobernadora, Laidy Gómez, con la finalidad de que comparezca y explique la presunta desviación de recursos económicos destinados al suministro y operatividad de la salud en el estado, ejecutados en otras áreas.
La información fue suministrada a través de un boletín de prensa emanado del Parlamento regional, en el cual se indica que para el Legislativo “siempre ha sido prioridad la salud pública y el sistema sanitario de los tachirenses y de los estados vecinos”.
Durante la mañana de ayer, el diputado Luna solicitó a la sala plenaria la interpelación de la gobernadora del estado Táchira, a objeto de que aclare, tanto a los diputados como a la opinión pública, los motivos que le llevaron a tomar tal determinación.
El vocero dijo que no solo los diputados están “consternados” ante “tan desacertada decisión de esta ciudadana, sin la autorización del parlamento regional, tal y como está estipulado en la Carta Magna, en la Constitución del estado Táchira y, en general, en el ordenamiento jurídico que rige a esta nación”.
Primero la salud
Explicó que las políticas públicas en ámbitos como el “urbanismo, transporte, mercado laboral, educación, o bienestar social”, tienen una fuerte influencia en la salud, justificando que los “buenos gobiernos” aplican el principio de salud en todas las políticas.
“Los principales determinantes de la salud son sociales. Los poderes públicos deben reducir las desigualdades sociales en salud y buscar la equidad. Solamente el gobierno de Laidy Gómez no coincide con esta idea y decide hacer distribución de recursos de la forma más totalitaria y equivocada que haya existido”, manifestó.
Asimismo, aclaró que el parlamento, “sin excusa alguna”, tiene el deber de revertir esta situación y reducir esta “desigualdad social”. Anexó que el CLET es garante del respeto a todas las personas, esperando lograr “una mayor cohesión social y solidaridad efectiva”, que contribuya a mejorar más la salud en todas sus dimensiones.
“Respetar el derecho a la salud, sin discriminación, es una prioridad absoluta, pero la gobernadora del Táchira decide de un solo plumazo cortarlo y violar el derecho a la vida, consagrado en las leyes de la República. Sin accesibilidad al sistema sanitario, lo que se está es atentando contra la vida humana. La primera autoridad regional pública del Táchira es la que lleva la responsabilidad sobre ello, pues lejos de proteger la salud en la entidad, la está llevando a un abismo”, sentenció.
Del mismo modo, el oficialista aseveró que el parlamento “revolucionario” desconoce la problemática existente en la vialidad de la región, enfocándose en las principales carreteras del estado, como las troncales 1 y 5, en las cuales -aseguró- también la Gobernación tiene “responsabilidad”, aunque reconoció que es un oficio a llevar en conjunción con el Gobierno nacional.
No obstante, Luna informó que el Protector del Táchira, representado en el ciudadano Freddy Alirio Bernal, así como también los “alcaldes de los municipios bolivarianos”, presentaron un proyecto cuya finalidad no es otra sino la de “avanzar» en el mejoramiento de la vialidad.
Constante vigilia
Omar Hernández, diputado al CLET, agregó que el parlamento regional ha estado pendiente y haciendo el seguimiento debido para acelerar la aprobación de los recursos necesarios, así como “atender y darle respuesta” a esta problemática, pero sin descuidar el tema de la salud, que ha sido vital para el proceso bolivariano.
Anunció que, la próxima semana, Gómez deberá comparecer ante el Legislativo, ente que tiene como función la de velar, fiscalizar y controlar los recursos que destina el Gobierno nacional para la Administración pública del Táchira.
Es por ello que los parlamentarios de la región exigieron a la gobernadora tachirense una minuciosa y detalla explicación de lo que ellos calificaron como “tamaña aberración”, con relación a la desviación de recursos asignados para la partida de salud hacia otros fines, ajenos a lo principal.
“No queremos otro Vivas”
Tanto Luna como Hernández concordaron en que, con este dictamen, el CLET le está “haciendo un gran favor a la gobernadora”, pues consideran que se le está “alertando para que no se repita la amarga experiencia de corrupción que vivió el nefasto gobierno de su copartidario, César Alejandro Pérez Vivas”.
Hay que recordar que la justicia venezolano aprehendió a 23 de los 33 directores del tren gubernamental de Pérez Vivas, por delitos de corrupción, desviación de partidas, nóminas paralelas y asociación para delinquir.
“Ojalá esta gobernadora, ante su ausencia permanente en el Ejecutivo regional, no termine peor que el gobierno más corrupto que ha tenido la historia política del estado Táchira, como fue el del copeyano Pérez Vivas”, espetaron.
Favio Hernández.
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