Organizaciones de personas con discapacidad pidieron al Fiscal General del Estado, Euclides Quevedo Abril, un recurso de apoyo por el aumento del pasaje, la discriminación y maltrato que aseguran están sufriendo por parte del transporte público urbano y suburbano de los diferentes municipios del estado Táchira.

Así lo dijo en su lengua de señas, traducida por Carla Núñez, Franklin Vivas, acompañado de Emanuel Vallenilla, coordinador de Conapdis (Consejo Nacional para las personas con discapacidad), antes de entrar a la sede del Ministerio Público: “Hoy exigimos respeto y hacer cumplir las leyes, que los transportistas estén conscientes y se genere respeto a lo que indica la ley, que se cumpla la ley”.

—Queremos el apoyo del Ministerio para todas las personas con discapacidad, que entiendan que necesitamos se hagan cumplir las leyes en los diferentes municipios y aquí mismo en San Cristóbal, porque para las personas que trabajan ha sido muy difícil, todos los días tienen que usar transporte y algunos no tienen buenos recursos económicos, la situación está difícil también para nosotros.

Señaló que exigen, pero como sector que apoya la paz, entre otras propuestas, capacitación para los conductores, pues no quieren protestas “ni interrumpir el trabajo de nadie, solo queremos apoyo y lo estamos haciendo legalmente. La Ley hay que respetarla, la revolución nos ha apoyado y ha exigido transformación en las leyes, y tenemos que hacerles caso a esas leyes que han sido transformadas”.

Vallenilla por su parte dijo que la solicitud de amparo a la Fiscalía la entregaron personas con discapacidad visual, auditiva, motora e intelectual, “que denuncian al sector transporte del estado por los altos niveles de discriminación, maltrato, elementos peyorativos hacia las personas con discapacidad, referente al elevado costo del pasaje, no les están respetando el carnet de discapacidad”.

Recordó que el artículo 39 de la Ley para personas con discapacidad establece que el transporte público urbano debe exonerar el pasaje cuando la persona muestre el carnet con su discapacidad; y para el cincuenta por ciento en rutas aéreas, marítimas, ferroviarias y extra urbanas: “Los niveles de discriminación son grandes, los están bajando de las unidades, no les están aceptando el carnet de discapacidad, les quieren cobrar el pasaje completo, les dicen groserías, los humillan; así tratan también a las mujeres embarazadas y a los adultos mayores, les limitan a las personas el acceso a los centros de salud, como sucede en El Hiranzo, donde la línea Torbes no atiende”.

De allí que entre varios casos que manifestaron, proponen que el Ministerio Público cree una comisión que audite la Proveeduría de aceite, cauchos y repuestos para que brinden servicio al transporte; que vuelvan a colocar los carteles obligatorios en las unidades que indiquen los asientos preferenciales; y la creación de una escuela para los transportistas, “que hagan un curso de humanización a los usuarios”.

Marina Sandoval Villamizar