Regional
Entre la fe pública, el riesgo y la ley: Abogados y Contadores frente al nuevo mapa de prevención

Ildemaro Pacheco

Esta semana se viralizó en las RRSS la circular 002-2026 emanada de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que regula los requisitos y procedimientos para la inscripción y actualización ante el Registro Unificado de Sujetos Obligados, y antes de hablar de este registro, es importante conocer el informe “Evaluación Sectorial de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, específicamente para los sectores de Abogados, Contadores y Agentes Inmobiliarios. Como veremos en las próximas entregas, el ejercicio profesional en Venezuela ha cambiado de ritmo y de coordenadas. Tradicionalmente, la labor del abogado y del contador público se ha concebido desde el cumplimiento normativo, la defensa técnica, la dictaminación de balances y la asesoría fiscal. Sin embargo, el contexto económico e institucional contemporáneo nos sitúa en una posición inédita: la de ser considerados como “gatekeepers” o guardianes preventivos del sistema socioeconómico. Este informe analiza en detalle el impacto y las vulnerabilidades de tres sectores fundamentales de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD): abogados, contadores públicos y agentes inmobiliarios.

El informe destaca un dato macroeconómico clave: las actividades inmobiliarias y las actividades profesionales representan, en conjunto, el 13,04% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional del año 2025. Esta cifra refleja la enorme responsabilidad y el peso específico que estos sectores sostienen en la dinámica comercial e industrial. Sector Abogados (Calificación de Riesgo: Alta): El estudio identifica que la mayor vulnerabilidad operativa en el libre ejercicio reside en el manejo de elevadas sumas en efectivo sin el debido soporte documental y en la omisión de la Debida Diligencia Reforzada (DDR) en operaciones con Personas Expuestas Políticamente (PEP) o en la estructuración de sociedades opacas. Los riesgos críticos vinculados al uso intensivo de efectivo muestran una baja capacidad de mitigación.

Sector Contadores Públicos (Calificación de Riesgo: Moderada): Aunque los contadores enfrentan una alta exposición inherente en la identificación del Beneficiario Final y en la revisión de estructuras corporativas complejas, el informe reconoce que la profesión cuenta con herramientas internas más estructuradas. Mecanismos institucionales como el Visado de Actuaciones Profesionales, sumados a la aplicación estricta de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y de Información Financiera (NIIF), permiten reducir sensiblemente el riesgo residual a niveles manejables.

Uno de los aspectos más trascendentales subrayados en el informe es la delimitación del marco de actuación del abogado a la luz de la Sentencia N° 0527-2025. El fallo reafirma que los “actos neutros” —es decir, la defensa técnica habitual, el asesoramiento legal ordinario y la redacción de documentos legítimos— no constituyen complicidad ni delito. Sin embargo, este blindaje constitucional a la libre postulación convive con el deber de aplicar el Enfoque Basado en Riesgos (EBR) cuando se actúa en nombre de clientes en transacciones patrimoniales, compraventa de inmuebles o administración de estructuras jurídicas. Para el contador público, el reto es equivalente: proteger el secreto profesional sin descuidar el análisis cualitativo sobre el origen de los fondos en las certificaciones de ingresos y estados financieros. No me crucifiquen por no decir Aseguramientos, el informe tiene esta expresión.

La Evaluación Sectorial marca el inicio de una fase de fiscalización y acompañamiento que se desplegará progresivamente: Supervisión Basada en Riesgo (SBR): Se abandona el control puramente formalista para migrar hacia revisiones enfocadas en áreas críticas. Para los abogados e inmobiliarias, esto se traducirá en monitoreos in situ sobre la calidad de las fichas de Debida Diligencia del Cliente (DDC) y la trazabilidad del dinero. Para los contadores, implicará controles extra situ y auditorías digitales sobre los registros de visado y cumplimiento de reportes; el enfoque regulatorio está orientado a “levantar el velo corporativo”, identificando a la persona natural que posee al menos el 25% del capital o ejerce el control de una entidad; Bancarización y Cultura Preventiva: Se impulsarán protocolos rigurosos para el cobro de honorarios, la verificación del origen de fondos y la bancarización obligatoria en transacciones de alto valor.

El cumplimiento preventivo no es un obstáculo para el ejercicio profesional ni como una carga burocrática paralizante. Por el contrario, en un entorno cada vez más fiscalizado y complejo, la adopción consciente del Enfoque Basado en Riesgos representa el mayor blindaje ético y jurídico para el profesional.