Regional

Fallas en los servicios públicos cambiaron la cotidianidad de los venezolanos

23 de abril de 2020

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San Cristóbal entre las ciudades más afectadas por falta de gas, electricidad y agua potable

Laura Sobral

Las constantes fallas en la prestación de los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable y gas doméstico han derivado en una variación de la cotidianidad de los ciudadanos. La gente ha tenido que alterar sus rutinas laborales y hogareñas para sobrellevar la baja calidad de vida en Venezuela, siendo los habitantes de San Cristóbal los que revelaron mayores deficiencias en los servicios en casi todos los rangos analizados.

Así lo dieron a conocer los ponentes del foro virtual “Situación de los servicios públicos en Venezuela, capítulo San Cristóbal”, desarrollado este jueves 23 de abril con la participación de Julio Cubas, del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP); Mauricio Pernía-Reyes, de Transparencia Venezuela capítulo Táchira; Javier Tarazona, de FundaRedes, y Nelly Pulido, de La Gente Propone.

Julio Cubas expuso la investigación que han desarrollado en 27 municipios del territorio nacional, distribuidos en principales ciudades como San Cristóbal, Barquisimeto, Barinas, Barcelona, Caracas, Valencia, Ciudad Bolívar, Porlamar, Maracaibo y Punto Fijo. El objetivo ha sido conocer directamente de los ciudadanos cuál es su percepción y situación real frente a la prestación de los servicios.

En el caso del gas doméstico revelaron que 90 % de las personas depende de este combustible para preparar sus alimentos y, de esa cantidad, más de 70 % está a expensas de la recarga de cilindros. San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Maracaibo son las ciudades más afectadas por la distribución de las bombonas que no llega de manera oportuna.

“San Cristóbal es la ciudad donde se paga más caro por el gas, ya que se observa la mayor cantidad de usuarios cancelando la recarga del gas doméstico en moneda extranjera, bien sea pesos colombianos o dólares, ante la ineficiencia en el servicio”, dijo Cubas.

Resaltan en el ámbito nacional las dificultades de acceso al gas doméstico que se han vuelto persistentes en el Táchira | Foto Archivo Tulia Buriticá

El vocero del OVSP indicó que esta escasez de gas doméstico incide directamente en la calidad de la alimentación, la salud física y emocional de las personas. Las constantes fallas de energía eléctrica reportadas en estas mismas tres ciudades impiden la preparación de los alimentos, al no disponer de gas, pero tampoco de luz, que es la alternativa para el uso de las cocinas.

Con respecto a la energía eléctrica San Cristóbal, Maracaibo y Barquisimeto son las ciudades más afectadas por los apagones, situación que causa daños en la condición emocional de los ciudadanos, y que incide directamente en la prestación del resto de los servicios. “Cuando se va la luz falla también la telefonía, el internet, y se paralizan muchas actividades laborales”.

Hiperlegislación y deficiencias derivan en corrupción

En su intervención, Mauricio Pernía-Reyes, representante del capítulo Táchira de Transparencia Venezuela, aseguró que en el momento en que el Estado empieza a intervenir directamente en una actividad hay mayor riesgo de corrupción, no solo por parte de quienes la controlan, sino también de quienes deben recibir el servicio.

“Tenemos una marcada inflación legislativa, con numerosas leyes que regulan un solo servicio, pero si además deja de ofrecerse bajo los parámetros normales y de calidad, los usuarios comienzan a ver mejor saltarse esas leyes para poder disfrutar del servicio. Allí inicia esa espiral de corrupción”, advirtió Pernía. Como el caso de la gasolina, hay una tendencia de incorporar los combustibles como servicios y la situación actual de Venezuela, en este tema, es “sumamente grave”.

El abogado y profesor universitario comentó durante el espacio de disertación digital que un cambio en el país pasa por llegar a tener un régimen competitivo de prestación de servicios. Un escenario en el cual el Estado deje de ser proveedor y pase a ser un garantizador de la asistencia correcta, en el cual diversas empresas presten el servicio y, tanto el Estado como los usuarios, paguen según la calidad del mismo.

Javier Tarazona, director de la ONG FundaRedes, coincidió en el foro virtual afirmando que en Venezuela hay una “hiperlegislación” en materia de servicios públicos, que en lugar de llevar al cumplimiento de las normas deriva en la arbitrariedad y el caos, con unos servicios absolutamente deficientes que constituyen violaciones a los derechos humanos.

Antes de la cuarentena, las colas por gasolina seguían siendo parte del paisaje urbano | Foto Archivo Tulia Buriticá

“Los ciudadanos nos entrampamos en la obediencia, por necesidad caímos en la domesticación de hacer colas, incluirnos en listas, dormir en largas filas, y todo cuando sea necesario para obtener un poco del servicio que requerimos”, describió el también docente.

“Tenemos el miedo consolidado como política, por ello los activistas proponemos hacer una gran red que nos permita monitorear e incidir sobre la situación de los servicios públicos en Venezuela, denunciando la emergencia humanitaria compleja que sufre el país”, prosiguió Tarazona.

Los ponentes en este foro virtual detallaron que, en el diagnóstico hecho por las organizaciones que representan sobre la percepción ciudadana frente a los servicios públicos, está fragmentada la opinión: hay ciudades donde no padecen fallas, pero en otras es severa la crisis, de tal manera que es difícil lograr una cohesión nacional para ejercer presión sobre las autoridades.

Por ello, una vez más señalaron la importancia de la labor de documentar todas estas fallas, y de que los ciudadanos se mantengan activos y organizados para denunciar. Pero, sobre todo, coincidieron en la idea de no acostumbrarse ni normalizar la vida en condiciones precarias, sino seguir convencidos de que los venezolanos merecen servicios dignos y en pleno funcionamiento.