Cuando las palabras seducen y estremecen
7 de mayo de 2024
Ana Karina Ramírez Guerrero, una de las dueñas del fundo La Carbonera, denunció que cuatro vecinos, respaldados por una carta del consejo comunal, invadieron ilegalmente la propiedad
Daniela González
Ana Karina Ramírez Guerrero, hija del propietario del fundo La Carbonera, ubicado entre los municipios Michelena y Ayacucho en la zona norte del estado Táchira, denunció a través de Diario La Nación que presuntamente cuatro vecinos la invadieron y ahora no pueden ingresar a su propiedad.
Según relató a través de vídeo y audio, la finca forma parte de una herencia que sus padres al morir les dejaron a ella y a sus hermanos, por lo que rechaza que cuatro hombres desde hace aproximadamente tres meses hayan tomado el lugar con el aval del consejo comunal de la zona.
La afectada indicó que la carta entregada por el Consejo Comunal presuntamente tiene varias irregularidades, entre ellas que al momento de emitirla, se estaban haciendo cambios de los miembros de la junta directiva.
A su vez denunció que las personas que se encuentran dentro de su propiedad, aseguraron que la finca estaba en estado de abandono, y por tal situación, decidieron tomarla.
«Estas personas alegan que ellos están invadiendo porque la finca está montada. Quiero hacer aquí un alto muy importante, y es que desde siempre el propietario de esa finca ha sido Enrique Ramírez Rosales, y a pesar de que él ya es fallecido junto con mi madre, todos los que vivieron por ahí saben que eso ha venido de generación en generación, que ha sido una finca familiar», expresó Ana Ramírez.
La supuesta propietaria también resaltó que la finca es de carácter cafetero y está rodeada de árboles, como cedros, bardillos y caña brava, mencionando la importancia de la presencia de fluviales de agua en la zona, que benefician a la comunidad local.
Por otro lado, Ramírez denunció que los invasores han talado la caña brava y han realizado siembras y arados ilegales en las tierras.
«Me acerqué para solicitarles que finalizaran su cosecha y se retiraran; sin embargo, argumentaron tener una carta aval de ocupación por parte de la junta comunal y haberse dirigido al Instituto Nacional de Tierras para respaldar su ocupación».
Ante esta situación Ramírez consultó con diferentes entes políticos del Gobierno y aseguró que existen incongruencias: «Una carta de este nivel debería contar con las firmas de los 40 miembros de la junta comunal en ese momento, pero solo tiene tres firmas, la carta no tiene el sello de la alcaldía y no se realizó una asamblea comunitaria para consultar a la comunidad sobre el tema».
Contó que los presuntos invasores alegan que ella y sus hermanos no acudían a la finca desde que fallecieron sus padres.
«Ellos alegan que nosotros nunca hemos ido para allá, después que fallecieron mis padres, porque ellos nunca nos han visto, yo he ido muchísimas veces después que mi papá murió, porque siempre hemos ido así (…) Nosotros estamos radicados aquí (Zulia) pero siempre estamos yendo y viniendo, además allá hay un capataz, pero ese capataz lo tienen amedrentado, lo han amenazado, le han salido con machete, le han dicho que le van a llamar la policía y la Guardia Nacional, no lo dejan limpiar, no lo dejan sembrar, no lo dejan meter animales, y por supuesto él tiene miedo, él teme por su vida», culminó Ramírez, pidiendo al Poder Judicial apoyo para solventar la situación que atraviesan ella y sus hermanos. (Daniela González)
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