Por Omaira Labrador

—El certificado médico, por favor—  pidió el agente policial a un conductor de nombre Juan y apellido Bimba. Conducía por La Concordia, San Cristóbal.

—Ciudadano, esto está vencido — dijo con el papel en la mano y con el tono que caracteriza a los agentes  policiales —. Juan Bimba lo miró con cara de susto.

—Pero aquí lo estamos sacando, por solo 20 mil pesitos —.  Respondió el agente y señaló para un local. 

Juan Bimba se bajó del vehículo. Pagó 20 mil pesos. Le hicieron  unas preguntas de rigor y salió con el certificado. Agradeció, además del café que le dieron, que el proceso haya sido rápido. Solo tuvo que mandar a laminarlo. Tenía número, sello y nombre de médico, como legalmente debe ser.

La alegría de Juan Bimba terminó la semana pasada. Cuando leyó y escuchó por medios de comunicación que todos esos certificados eran falsos y hasta preso pudiera ir.

El señor Bimba sabe que cometió un error al obtener el certificado médico para conducir de esa forma, pero pensó era un operativo de los tantos que hacen ahora. Además se lo ofreció un funcionario: la ley.

— ¿Por qué no ponen presos a quienes lo expendían a plena luz del día. No era un proceso escondido? —piensa ahora Juan Bimba.

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