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Regional
Las Personas con Necesidad de Protección Internacional: una realidad que no debemos olvidar
12 de mayo de 2018
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En los últimos años y, pesar de toda la situación económica, política y social que atraviesa Venezuela, es difícil imaginar que existan personas cuyas condiciones de vida en sus países de origen estén tan comprometidas que prefieran cruzar la frontera, dejar sus posesiones, su vida y todo lo que les es familiar y lidiar con los “problemas venezolanos”, porque regresar, simplemente no es una opción aceptable sobre todo, si conservar la vida depende de ello; pero ese escenario no está muy alejado de la realidad. Está sucediendo. Mientras lees estas líneas.
Las Personas con Necesidad de Protección Internacional o PNPI aún existen, están ahí, cruzando la frontera, necesitando ayuda y con cada día que pasa, escribiendo un capítulo más de la narrativa fronteriza el cual sería inimaginable sin ellos.
Pero, ¿quién es un PNPI? ¿Es un refugiado? ¿Un desplazado?
Un PNPI o Persona con Necesidad de Protección Internacional es un individuo que sale o abandona su país de origen porque existe el temor –infundado o subjetivo- de que su integridad física, su libertad, sus derechos humanos y sobre todo, su vida están en peligro. Ante tal temor, la persona – o grupo de personas- cruza una frontera y busca protección de otro Estado ya que su país no está en la capacidad de garantizar dicha protección.
“El PNPI es un abanico grande (…) En la mayoría de los países el refugiado/PNPI es quien es estrictamente perseguido, de acuerdo a lo establecido en el marco de la Convención de Ginebra de 1951, un refugiado lo es siempre que sea perseguido por raza, nacionalidad, opinión política, por pertenecer a un grupo social, por religión”, expresó Mariela Mora, abogada y consultora en temas de refugiados.
Refugiados, apátridas, migrantes, es muy común emplear estos términos, indiscriminadamente, no obstante son figuras jurídicas distintas. En los últimos años, ya no es raro escuchar que un familiar, amigo o pareja de un conocido, e incluso en nuestros propios hogares, una persona ha tomado la decisión de emigrar. Se han escuchado historias de éxito y experiencias que dejan mucho que desear y cohíben a uno que otro de tomar una decisión igual. Es el día a día de los venezolanos.
Muchos alegan que la razón de su partida es que Venezuela no es capaz de proporcionar el bienestar de sus ciudadanos desde ninguna perspectiva (salud, seguridad, etc.), por ello, se desplazan a otros países con la esperanza de que allí se pueda obtener la calidad de vida que el Estado venezolano no puede garantizar ¿Podrían estas personas alegar que son personas con necesidad de protección internacional? Es una realidad más compleja de lo que parece. Las dinámicas actuales de todos los países del mundo han evolucionado considerablemente para que un refugiado o migrante forzoso sea exclusivamente quien es perseguido por temor a su vida.
“Evidentemente, sigue habiendo personas perseguidas por otras situaciones”, aseguró la abogada. Con el tiempo han surgido nuevas clases de violencia y escenarios de conflictos que han obligado a ampliar la definición sobre quiénes tienen el derecho a ser protegidos por otras naciones cuando el país de origen no puede. Con el paso de los años, el concepto se ha ampliado y ahora contempla otras circunstancias como la violencia generalizada, violación masiva de derechos humanos, agresión extranjera, alteraciones graves del orden público.
Esta última definición es herencia de la Convención Africana de 1969 y la Declaración de Cartagena de 1984 en las cuales el término refugiado es aplicable también a “toda persona que, a causa de una agresión, una ocupación o una dominación extranjera, o acontecimientos que perturben gravemente el orden público en una parte o en la totalidad de su país de origen o del país de su nacionalidad, está obligada a abandonar su residencia habitual para buscar refugio en otro lugar fuera de su país de origen o del país de su nacionalidad.” Por tanto, ¿se puede considerar a algunos venezolanos que migran en la actualidad alegando como PNPI?
Si bien, es necesario tomar en cuenta la particularidad de cada caso, la abogada advierte que la mayoría de los actuales migrantes venezolanos encajan más dentro del concepto de migrante económico, ya que son individuos que suelen buscar mejorar sus condiciones de vida en otro país. Asimismo, Estefanía Chacón, psicólogo clínico y especialista en el abordaje social de la víctima, explica que este tipo de migrante suele tener cierto grado de preparación previa antes de la migración, es decir, apostillan documentos, reúnen dinero, consultan sus posibilidades en otros países, etc., acciones que no corresponden a la definición de migración forzada que es inherente al refugiado o al PNPI, en la cual los afectados pueden dejar su país sin documentos ni mayores posesiones.
La migración forzosa es totalmente distinta a la migración económica sobre el impacto y los efectos a nivel psicológico que pueden tener sobre el individuo. En situaciones normales, cuando una persona decide migrar, este proceso en sí conlleva una etapa de luto o duelo por renunciar a algo que solía ser familiar o conocido. Los PNPI son “personas que han pasado por un impacto muy fuerte, pero que no les da chance de sufrir. Ellos suelen reprimir el duelo”, afirmó la psicóloga, lo que dependiendo de la persona puede manifestarse en estrés postraumático, fobias y miedos sustentados. “De los elementos traumáticos devienen casos de depresión, baja autoestima, pero todo depende del individuo. Cada caso es único”.
De acuerdo con ACNUR, hasta marzo del presente año, Venezuela alberga 7 861 refugiados reconocidos. Estimaciones de este mismo ente calculan que hay en torno 164 000 personas necesitadas de protección internacional pero no han solicitado el derecho a asilo en nuestro país. Estas son cifras aproximadas, no obstante, el órgano competente el cual es la Comisión Nacional para Refugiados (CONARE) es el organismo que debe manejar cantidades más próximas a la realidad sobre los refugiados en el país.
Contar la frontera UCAT-OSET-LACSO
En un esfuerzo por sensibilizar sobre una de las situaciones sociales más importantes en los estados y zonas fronterizas tales como Táchira, Mérida, Zulia y Apure, la Universidad Católica del Táchira (UCAT) en conjunto con el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) y el Observatorio Social del Táchira (OSET), realizaron un ciclo de talleres dirigido a periodistas, comunicadores sociales y comunitarios sobre el abordaje y la cobertura en los casos de Personas con Necesidad de Protección Internacional o PNPI.
El proyecto “Contar la Frontera: El periodismo como herramienta de sensibilización para los PNPI”, es una iniciativa que nació con dos objetivos: concientizar y colocar en el debate público una problemática que fue y continúa siendo parte del día a día de las comunidades fronterizas; y, formar a comunicadores sociales, periodistas, comunicadores comunitarios y líderes de opinión sobre los derechos, mecanismos de protección y soluciones duraderas para las personas con necesidad de protección internacional y manejar de manera responsable y certera la información con el propósito no solo de educar a los públicos, sino también guiar y ayudar a las personas que pueden estar en una situación similar, empero no conocen los mecanismos para recibir dicha atención.
“Los refugiados seguirán aumentando”
Al preguntar sobre si es posible que, en algún momento la humanidad pueda decir que ha mejorado o ha solucionado el problema de los refugiados y desplazados en el mundo, la abogada Mariela Mora no se muestra escéptica pero afirma que “los refugiados seguirán aumentando”, y las causas de esto, continúa la abogada, es “por causa del mismo sistema económico que impera a nivel global y que tiende a multiplicar la desigualdad y termina originando unas brechas muy grandes: el pobre siempre buscará el centro donde pueda encontrar lo que en la periferia, no puede”.
Y entre los retos más acuciantes menciona la falta de institucionalidad ya que “no existe” un órgano real que esté totalmente capacitado para dar respuesta a los PNPI. La Comisión Nacional para los Refugiados, indica la abogada se limita a tomar la decisión sobre quién recibe el status de refugiado y quien no, más no hay una responsabilidad más allá de otorgar la nacionalidad. “No hay una atención integral para esa persona (…) el Estado tiene que garantizar y propiciar mecanismos para que la gente acceda a sus derechos y aquí no se hizo eso.”
Como país, “hemos sido muy abiertos, no se le ha dicho ‘no entre’ a una persona pero, no se le ha facilitado todo lo que el Estado debería darle. No ha dado todas las garantías”, concluye la abogada.
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