Regional
Los abogados en el sistema de justicia constitucional

Julio César Hernández

                                                                                    

COMPOSICIÓN

Se ha denominado así, al presente escrito de opinión, para significar con ello que, los profesionales del derecho, en el libre ejercicio de la profesión, se encuentran constitucionalmente incluidos dentro del sistema de justicia venezolano, junto con el Tribunal Supremo de Justicia y otros órganos más, respecto de los cuales, se han anunciado un conjunto de revisiones y cambios, los que también podrían extenderse al gremio de abogados, con el propósito de ofrecerles un servicio público de justicia más moderno y eficaz, con base en la tecnología y un mayor énfasis en la capacitación jurisprudencial especialmente, para que la interacción con los jueces, sea más transparente y confiable.       

OPERADORES

La intención de denominar así este artículo, obedece al interés puntual, de no presentar al abogado, “enfrentado al sistema de justicia, sino inmerso dentro del mismo”. Ello, con la finalidad de que se pueda entender, por los restantes integrantes del sistema y de la misma colectividad ciudadana que, ellos son operadores, que coadyuvan a impulsar la materialización de la justicia, la equidad y la verdad, con sus distintas actuaciones profesionales, por tanto, deben ser vistos y valorados como defensores de los ciudadanos ante los poderes políticos, económicos o la misma injusticia de una sociedad o de cualquiera de sus sectores. 

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IMPLICACIÓN

Ser miembro del sistema de justicia, implicará entonces que, entre todos sus miembros, deberían existir, “relaciones de interdependencia funcional e interactuación leal”, dado que, la actividad  normal y  frecuente, de los jueces es recibir argumentos razonados, que valorara, al igual que las pruebas, que le permitirán deducir, la claridad de las pretensiones de los abogados y, poder aplicar así, la ley, mientras que, del otro lado, los abogados dependerá de la honesta sapiencia, la imparcialidad y la buena decisión del juez, para lograr justicia en favor de sus clientes, mediante decisiones de alta calidad en lo legal, doctrinario y jurisprudencial, que lleve tranquilidad social.

PROPÓSITO

Al incluirse a los abogados en ejercicio, dentro del sistema de justicia, resulta lógico pensar que, al igual que los restantes miembros del mismo, “todos persiguen los mismos objetivos”, aun cuando cada uno de ellos, cumpla un rol diferente, son parte de un mismo engranaje, lo que debería llevar a que, mediante la conjunción de esfuerzos, se lograra preservar la legitimidad del valor de la justicia. De ahí que, “cuando una unidad cualquiera de este sistema, produce acciones que se apartan de la necesaria cohesión, que debe existir entre todos ellos, se sucederán situaciones negativas”, que disminuirán socialmente esa legitimidad, al ser cuestionada igualmente por los abogados en ejercicio y debilitan el Estado de Derecho.    

UN ENGRANAJE

De la misma manera, es menester destacar que, por los esfuerzos de distinta índole que realizan los abogados en Tribunales, son merecedores de sentencias de alta calidad, las que se lograrían, cada vez más, en buena medida, con la activación de la Escuela Nacional de la Magistratura, que, igualmente debería organizar jornadas de capacitación, no sólo para los jueces, que, por concursos públicos de oposición, ingresen a la carrera judicial, sino también para los abogados en ejercicio, especializados en las distintas áreas del Derecho, habida cuenta que forman parte del mismo engranaje institucional, y esa combinación de mejoras en lo intelectual y ético, redundaría en una mayor eficacia, eficiencia y confianza entre estos actores.

DEFENSA DEL EJERCICIO

Son los abogados en ejercicio, los vínculos que unen a los ciudadanos con la justicia y la verdad, son quienes les dan tranquilidad y certeza en sus inquietudes jurídicas, los que defenderán sus derechos e intereses, seguramente, con dedicación y esfuerzo; por ello, el ejercicio profesional, debe contar con una verdadera protección, de otro órgano integrante del sistema de justicia, como lo es, la Inspectoría General de Tribunales, que debería periódicamente reunirse con abogados en ejercicio, para conocer de ellos directamente, las experiencias que cotidianamente viven en los distintos tribunales y no esperar sus denuncias, que probablemente nunca llegarán.

Y es que el abogado en ejercicio, también está llamado a participar activamente en la reconstrucción de la Democracia y dentro de ella, la justicia, mediante un ejercicio independiente y sin cortapisas de la profesión, que debe ser considerada a todas luces, como una función constitucional que, de ser impedida, generaría sanciones civiles y penales, para los responsables de esas obstrucciones, habida cuenta de estar en juego, derechos humanos, cuya legalidad y protección, solo pueden ser reclamadas y exigidas por los abogados, que necesitan el reconocimiento estatal, porque obran también en defensa de la Democracia constitucional.              

GARANTÍA DE CONFIDENCIALIDAD

Otra manera de proteger el ejercicio profesional del derecho, es garantizar al abogado, la “confidencialidad” al denunciar irregularidades o intimidaciones, como se hace en otros países, con el fin de evitarle el dilema, de tener que decidir entre denunciar irregularidades o exponerse a discriminaciones, como ocurrió recientemente en el estado Carabobo, en donde una abogada litigante, denunció a un órgano del sistema de justicia, y la denuncia, la repartieron entre distintas dependencias de la misma institución, con el propósito de desatender, otras actuaciones que esa abogada, tramita en esas dependencias de la misma Institución.

REPRESALIAS

Intentar represalias contra un abogado, por denunciar hechos o actos irregulares en la administración de justicia, además de atentarse contra la funcionalidad de la misma, también se atenta contra la Sociedad en general, que aspira y espera que la justicia funcione encausada, bajo principios de honestidad, independencia, legalidad, transparencia y autonomía entre otros, pues esa es la manera de hacer efectiva la seguridad jurídica, que debería ser una sensación difusa positiva, que fortalecería el derecho a la tutela judicial efectiva, traducido en la confianza ciudadana, de acudir a los Tribunales, sin mayores preocupaciones, salvo las propias del juicio.    

MODERNIZAR EL EJERCICIO

Ante el anuncio de revisión del TSJ y en general de todo el sistema de justicia, resultaría muy pertinente que los Colegios de Abogados o las Asociaciones de Abogados litigantes, mostraran interés, en proponer una reforma a la vetusta Ley de Abogados (1967) que, únicamente dispuso como sus derechos, el poder anunciarse para el ejercicio de la profesión y el cobrar honorarios, sin que se haya producido después en el tiempo, una modernización en la organización judicial, que evitara la aglomeración en los Tribunales y facilitara del mismo modo, que a los abogados en ejercicio, se les pueda ofrecer on line, distintos servicios de índole procesal, por ejemplo.     

ABOGADO DE CONFIANZA

En otro orden de ideas, pero relacionado con el título de este escrito, es oportuno exigirle al órgano legislativo nacional, una normativa punitiva clara y protectora, respecto de la garantía ciudadana de orden constitucional, de poder escoger “abogado de confianza”, en el proceso penal, en virtud de que, en los últimos años, esta garantía, ha sido desconocida, en detrimento del libre ejercicio de la profesión, de quienes, desde el área penal, sienten como son obstruidos de manera injusta en los procesos, dado que, se les excluye indebidamente, aunque los privados de libertad, reclamen sus asistencias o representaciones, por la confianza y tranquilidad que ello les produce.

ACCESO A LA FUNCIÓN JUDICIAL

En ese orden de ideas, ha perjudicado el buen desempeño de la Administración de Justicia, la “marginación de la institución de la carrera judicial”, como método de ingreso al Poder Judicial, tal despropósito ha significado que no se haya provisto al Poder Judicial de los mejores abogados posibles, ocasionándose con ello, la presencia permanente de jueces provisionales, sin profesionalización, así como la sujeción de la justicia a otros poderes, al punto que, se ha visto por las redes sociales, como el Presidente de una Corte Judicial, le decía a los jueces de instancia que sentenciaran, “sin consultar, con los de arriba, cómo hacerlo”, todo lo cual mostró, falta de independencia y poco respeto por los abogados que actúan en esos casos.    

BUSCAR JUSTICIA

Por último, como la “Constitución y las Leyes, definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público”, sería positivo que, en el nuevo diseño institucional del sistema de justicia, los abogados en ejercicio, por ser los que suman y recogen conocimientos y experiencias cotidianas, dieran sus opiniones o recomendaciones, respecto, de las actuaciones de los tribunales de instancia, si actuaron conforme al mencionado postulado constitucional e igualmente hagan saber, de los casos mal decididos, si se usó el derecho en contra de los ciudadanos, si se les lesionaron derechos adquiridos, por temor o subordinación de jueces a los de arriba, en fin, que, jueguen su papel de orfebres de la justicia, ante tanta injusticia decidida en años pasados.